Por Paola Salgado Piedrahíta* @PaolaSalgadoP / Foto por Guillermo D´Ambrosio
La lucha de las mujeres, de las feministas, por la despenalización y legalización del derecho al aborto es histórica. Venimos durante años insistiendo de manera terca y decidida que queremos recuperar el control sobre nuestros cuerpos y de manera particular sobre el ejercicio de la reproducción.
Parir o no parir, ejercer la maternidad, este es un asunto que por décadas ha sido parte del debate público y de toda la sociedad, al margen de ser un asunto que por excelencia compete a quienes tenemos la facultad biológica de embarazarnos. “Las mujeres parimos, las mujeres decidimos”, reza la consigna; pero pareciese que nuestros vientres han seguido siendo propiedad de las iglesias, de los Estados, de los maridos, de una sociedad que no tolera la trasgresión sobre el rol tradicional de la reproducción, que llevamos a cabo las mujeres que abortamos y que pedimos para todas el aborto libre.
Desde 1990, el 28 de septiembre se ha convertido en una fecha para visibilizar esta bandera. Fue justo en ese año, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se declaró esta fecha y se creó la campaña latinoamericana. Para el año 2009, la campaña empezó a expandirse a Europa; un año más tarde esta ya contaba con la participación de organizaciones de mujeres de diecinueve países y cinco redes regionales. Después, con la incorporación de la campaña en importantes redes a nivel mundial, el 28 de septiembre se conmemora como un evento global.
Un día de acción, todos los días de lucha…
El aborto, como un asunto tan cotidiano en la vida de las mujeres es al mismo tiempo un tema tabú. “Muchas abortan, pero todas callamos”; y defender la lucha por el aborto no solo es un asunto estigmatizado sino doloroso en muchas ocasiones.
Nos vemos abocadas de manera constante a construir argumentos sólidos y ciertos para explicar porqué la vida de las mujeres vale lo suficiente como para darle un lugar de privilegio en la balanza; tenemos que contar las muertas por abortos inseguros para exigir que cumplan con el deber de atención oportuna, legal, segura y gratuita en los servicios de salud; y las que más mueren o padecen secuelas en sus cuerpos resultan ser las más pobres, racializadas y jóvenes; y hoy, vamos por todo el continente intentando rescatar de las prisiones a quienes por mera sospecha son criminalizadas al requerir atención obstétrica de emergencia.
Penalizar y criminalizar el aborto es una grave violación a los Derechos Humanos y en particular a los derechos sexuales y reproductivos. Despojar a las mujeres del derecho a decidir sobre si continuar o no un embarazo, nos convierte en un simple instrumento de la procreación, y esto significa un despojo de la dignidad humana, la pérdida de la autonomía reproductiva.
Prohibir y restringir el acceso al aborto tiene un impacto en la salud pública. Son miles las mujeres que en el mundo mueren por prácticas inseguras y las que sufren complicaciones que requieren atención médica, impactando en los costos de los servicios de salud y poniendo en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres.
Son las mujeres en mayor condición de vulnerabilidad, las que sufren en mayor medida el impacto del aborto inseguro; acceder a servicios privados, seguros y de calidad implica contar con recursos económicos y mayor información, condiciones que no se dan entre las más jóvenes, las negras, indígenas, campesinas, las pobres. En nuestros países “las ricas abortan, las pobres mueren”.
En países donde el aborto es legal, las tasas de embarazos interrumpidos no han aumentado de manera considerable, por el contrario estos disminuyen, así como disminuyen las atenciones por complicaciones obstétricas. “Despenalizar el aborto no salva fetos, pero si salva la vida y resguarda la salud de las mujeres”.
El aborto lleva consigo un estigma. Su práctica genera la trasgresión de las expectativas sociales hegemónicas sobre el ideal del ser mujer; la sexualidad femenina con el fin de la reproducción; la maternidad como parte de la naturaleza y rol principal femenino; y la idea esencialista de lo femenino ligado al cuidado.
Esto, en contextos de restricciones legales, conlleva a la criminalización de las mujeres tanto en los servicios de salud como en el sistema de justicia: mujeres que sufren las fallas de los sistemas de salud, por ejemplo en el cuidado prenatal, que son violentadas por los proveedores de atención médica siendo víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso la tortura, que son denunciadas ante la justicia y que terminan enjuiciadas y condenadas de manera desproporcional inclusive por delitos como homicidio haciendo aún más grave su situación jurídica.
Penalizar y criminalizar el acceso a un derecho que solo las mujeres requieren hacer efectivo, devela la gran injusticia y discriminación a la que continuamos siendo sometidas hoy en día; esto redunda en la situación de marginación e inequidad que vivimos las mujeres, afectando la capacidad de decidir, negando un ejercicio pleno de ciudadanía, y sobre todo violentando los Derechos Humanos, en especial los reproductivos.
Reclamar el aborto libre, “exigiendo que los Estados garanticen, que la sociedad respete y que las iglesias no intervengan” es una apuesta fundamental, sobre un asunto esencial: la posibilidad de decidir de manera autónoma y sin riesgos el proyecto de vida que todas soñamos.
*Feminista y abogada
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