Un grupo de 84 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fue formalmente acusado por la Fiscalía de Ecuador de participar en el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa en septiembre de 2010 que dejó 8 muertos y 274 heridos.
La Fiscalía procesó a los uniformados por atentar en contra de la seguridad nacional durante el sublevación policial de 2010. En sus acusaciones, el fiscal Iván Ron afirmó que los militares ocuparon las pistas del aeropuerto de Quito, lo que interrumpió el tráfico aéreo de la capital ecuatoriana por varias horas y generó “alarma colectiva”.
Las acusaciones fueron presentadas al juez David Jacho, quien no acogió el pedido del fiscal de declarar la prisión preventiva de los 84 acusados. En su lugar prohibió a los militares involucrados salir del país. El reemplazo fue, según el juez, debido a que los oficiales “garantizan su arraigo laboral y familiar al integrar la Fuerza Pública”.
Según la Fiscalía en los próximos 90 días se “recopilarán elementos de convicción que sustentarían una posible imputación”.
Por el mismo hecho sucedido en 2010 ya se han abierto varios procesos contra policías, a los que ahora se suma el actual juicio de los integrantes de la Fuerza Aérea. En septiembre del año pasado, en el segundo aniversario del intento de golpe, Correa afirmó que hay en Ecuador 20 procesos penales en curso contra policías involucrados en los hechos.
Historia
La sublevación de elementos de la tropa de la Policía Nacional del Ecuador ocurrió en la mañana de 30 de septiembre de 2010 en protesta a la Ley de Servicio Público aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 11 de agosto de aquél año. Los policías afirmaban que la nueva ley les sacaría una serie de derechos laborales.
Además del cierre del aeropuerto por la FAE, la protesta constó de la suspensión de sus jornadas laborales, cortes de rutas y además impidieron el ingreso al Parlamento en Quito.
Rafael Correa acudió al regimiento de policía y dio un discurso en el cual reafirmó el cumplimiento de la nueva ley. Una granada de gas lacrimógeno fue lanzada en dirección al presidente que tuvo que usar una máscara para intentar salir del local. En el trayecto se lastimó una rodilla recién operada y fue entonces llevado al hospital policial ubicado al lado del regimiento.
El edificio fue rodeado por policías. Correa alegó que estaba secuestrado, declaró el estado de excepción en el país y denunció un intento de golpe de Estado. Convocados por representantes del gobierno, simpatizantes de Correa salieron a las calles. Muchos se concentraron alrededor del hospital donde estaba retenido el presidente. Un adolescente fue muerto por la represión policial.
A la noche, el gobierno, con la ayuda del Ejército, ingresó por la fuerza al hospital. Correa fue finalmente rescatado tras 20 minutos de tiroteos entre el Ejército y la Policía. El saldo de la jornada fueron 8 muertos y 274 heridos.
La sublevación fue ampliamente criticada por la comunidad. La Unión de Naciones del Sur (Unasur) rechazó el intento de golpe y manifestó su apoyo a Correa en la misma noche de los hechos. La Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas también manifestaron su apoyo al presidente ecuatoriano constitucionalmente electo.