Por Francisco Cantamutto. Los cambios sobre los que operó Martínez de Hoz y la última Dictadura en el ámbito económico y productivo dan sentido a políticas públicas recientes. La clave dependentista y la posibilidad de pensar otras lecturas.
El anterior análisis refería a elementos generales de la regulación económica, materia de aplicación de las reformas iniciadas con Martínez de Hoz.
Aunque ya sabemos que es falso suponer que toda la dinámica social y política se explique por fundamentos económicos, estos elementos forman las premisas básicas respecto de la reproducción material de la vida, y como tales, imponen condiciones sobre la práctica política. En última instancia, todo depende de la lectura que sobre las propias condiciones de vida hagan los actores.
Privatizaciones
Tras las ventas periféricas de la dictadura y los escasos avances de Alfonsín, Menem inició un masivo y veloz programa de privatizaciones, completando casi todas las ventas para 1993. Con el kirchnerismo, algunas de éstas volvieron total o parcialmente al Estado: entre las más sonadas, Aguas Argentinas, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, las AFJP, y la simbólicamente más impactante, YPF. El gobierno aprovechó estos eventos para recuperar un discurso nacionalista, donde el Estado recobra su rol como productor.
Sin embargo, se pueden establecer dos escenarios diferentes en este respecto. El primero de ellos es la salida de inversores sin reemplazantes a la mano: en general, empresas extranjeras que se retiran y la falta de contrapartes locales en condiciones de hacerse cargo del negocio; pero también puede darse el caso entre actores domésticos (Correo).
La salida suele provenir del cambio en la estrategia de negocios del inversor saliente, que abandona la empresa en un manto de deudas, en especial con el Estado. Ante la falta de un operador en condiciones de tomar la empresa y con interés en hacerlo, el Estado se ha hecho cargo de la misma. De esta manera, deja sin cobro las acreencias en su favor, en algunos casos pagando incluso al inversor en fuga o recibiendo demandas en tribunales internacionales. Lo que ocurre es que se ve forzado a actuar ante la falta de un agente en condiciones de tomar la posta: la vieja enseñanza del enfoque dependentista acerca de la ausencia de una burguesía con ideología nacional con capacidad competitiva frente al capital extranjero. Es decir, el Estado está dando cuenta de la condición dependiente.
El segundo escenario, en que se inscriben las operaciones de las AFJP e YPF, es el de necesidades irresueltas del capital doméstico y del propio Estado. Las dificultades para obtener recursos financieros en el exterior -debido a la no resolución del problema de la deuda y el default- forzaron a estatizar la fuente de recursos previsionales. No huelga señalar que la mayor parte de las AFJP estaban atestadas de bonos del Estado: ya estaban siendo utilizadas con tal fin. De allí salieron fondos no sólo para la política social, sino para otorgar distintos tipos de subsidios a las empresas -especialmente cuando estalló la crisis en 2008-.
El caso de YPF no es tan distinto: tras años de falta de política energética, la compra de participación intentaba darle salida al déficit en esta área. Claro que la YPF en que se compra participación -no se estatizó- no es la que se había vendido antes: ya no se trataba de la gran empresa que controlaba la mayor parte de los recursos hidrocarburíferos del país, sino una empresa más entre muchas. Recomponer la participación de YPF en el control de los recursos implicará una inversión cuantiosa del Estado, para lo cual se ha estado intentando reunir fondos. Son pocos los industriales locales que podrían pagar la energía al precio necesario para que las empresas productoras obtengan ganancias e inviertan. El Estado interviene, de nuevo, ante una incapacidad competitiva del capital local y para resolver los efectos de una mala política previa.
Política social
El otro cambio relevante en los últimos años ha sido la masificación de la política social. No debe confundirse con una política universal: ni siquiera la Asignación Universal por Hijo es efectivamente de corte universal, al distinguir según condición de ocupación. La focalización continúa siendo la regla, lo que se ve en las diferenciaciones internas que la política hace al distinguir según condiciones de empleabilidad. Por otra parte, la insuficiencia de los recursos destinados ha operado como una forma deliberada de dividir a las organizaciones populares no alineadas con el gobierno.
Aunque los recursos destinados a la política social son mayores que en cualquier momento previo desde la dictadura para acá, su masificación muestra dos fases: la primera es en 2002 con Duhalde, buscando contener las organizaciones de desocupados, y la segunda es a partir de 2009, cuando el mercado de empleo ya mostraba su incapacidad de seguir absorbiendo trabajadores, así como de dar mejoras salariales reales. Es decir, en ambas ocasiones la ampliación responde a la incapacidad de satisfacer por vías estructurales las necesidades de la población trabajadora: aún cuando sea una buena noticia la ampliación de la política social, no deja de ser una declaración de límites.
Tanto la vuelta atrás de algunas privatizaciones como la ampliación de la política social parecen responder a la necesidad de mantener los parámetros de la acumulación capitalista dependiente. Hay que apuntar que la vuelta a la esfera estatal, al igual que la ampliación de la política social, no dejan de ser auspiciosa. Pero no parece correcto pensarlas como políticas deliberadas de intervención del Estado a favor de los trabajadores. Más bien, aunque se distingue de la forma en que el Estado procesaba las necesidades sociales hasta hace poco, no deja de ser resultado de un apremio: no es dávida estatal, es presión popular.