Por Guido Turdera. En esta entrevista para Marcha María del Carmen Verdú, fundadora de CORREPI y abogada querellante en el juicio de Mariano Ferreyra habla de la división de la causa por la fiscalía, el plan criminal común, quiénes faltan en el baquillo, la relación con la masacre de Once y la tercerización de la represión en el kirchnerismo.
-Con respecto al caso de Mariano Ferreyra, vos representas en la querella a Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez, heridos en aquel ataque del 20 de octubre de 2010.
-Claro, CORREPI junto con APEL. En realidad somos un solo equipo responsable de la causa. Lo que hay es un acuerdo entre el PO (porque APEL es parte del PO) y CORREPI para llevar adelante, en unidad de acción, la querella representando a los heridos.
-El 1ero de marzo la fiscalía pidió la condena perpetua a Pedraza. Si bien fue un gran avance, hay una cuestión grave detrás: la fiscal dividió la causa en una “causa civil” y en otra “causa policial”. ¿Qué efectos legales puede acarrear semejante distinción?
-Bueno, es fundamental. Así como le pidió perpetua a Pedraza y a 5 ferroviarios más, las penas para los policías no suben de 10 años y en un caso pidió la absolución. Lo que plantea la fiscalía es que ellos no fueron parte del plan común. El tema con la fiscalía es que la Policía cometió otro delito concomitante o paralelo que por casualidad ocurrió en el mismo tiempo que el ataque de la patota, pero que no fue parte de un acuerdo previo entre ambos. Eso lo que hace es desrresponsabilizar al Gobierno del asesinato. Además la fiscalía acusa a los policías por abandono de persona seguido de muerte y no por el homicidio calificado.
-¿Y respecto del planteo del plan criminal común?
-No lo hace, lo que fiscalía dice es: “Hubo un plan de los ferroviarios” y no un plan, como decimos nosotros, de la triple alianza anti obrera.
-¿Cómo explicarías ese plan?
-Es claro: los empresarios, los burócratas sindicales y los funcionarios comparten un mismo negocio. De la misma manera que comparten la ganancia de ese negocio es que actuaron en común para garantizar su continuidad, a partir de aleccionar a esos trabajadores díscolos que se organizaban de forma independiente. Nosotros lo que decimos es que acá hay 3 patas: la burocracia sindical, el aparato estatal y la empresa. A la empresa nadie la molestó, a lo sumo declararon algunos como testigos. De la pata estatal solamente tenemos 7 policías. Faltan todos los funcionarios: de la Secretaría de Transporte, de la Subsecretaria de Transporte ferroviario, Schiavi, Luna, De Vido, Tomada, Rial, Aníbal Fernández. En la pata de la burocracia sindical también faltan: hay tipos de la patota que están identificados, que declararon como testigos. Nosotros imputamos a todos estos funcionarios que te estoy mencionando en el primer escrito que presentamos, a la semana de la muerte de Mariano.
-En la audiencia del 22 de febrero sostuviste: “hay grupos de choque paraestatales sin riesgos de manchar a las fuerzas de seguridad estatales y eso es muy útil para el Gobierno que pretende aparecer como progresista”. ¿Esto se encuentra relacionado con la ‘tercerización de la represión’?
-Esa expresión la acuñamos para referirnos a este uso que no es novedoso de las patotas (porque grupos de choques, como dijimos en el alegato, podes rastrear hasta 1919) pero sí respecto de la característica que tienen las patotas en la era K. Refiere a la utilización no sólo como ayudante del aparato represivo oficial sino prácticamente en su reemplazo. De esa manera si la cosa trasciende o sale mal como en el caso de Ferreyra, se pueden rápidamente lavar las manos: “Qué animales, cómo va a haber un loco que lleva un arma de su casa”, tal como dijo Aníbal Fernández. Además, hasta se pueden dar el lujo de sacarse la foto con la mamá de Mariano reclamando juicio y castigo. Es impecable.
-¿Entonces se podría afirmar que la represión cobró una nueva forma?
-Es una herramienta más. ¿Quiénes reprimieron a los asambleístas en Gualeguaychú? Una patota de Camioneros, no fue la Gendarmería.
-Claro, o el caso de la UOCRA con la megaminería.
-Exacto. O con los docentes. Hay mil ejemplos.
-Las etapas del juicio de Mariano Ferreyra estuvieron muy acompañadas por la movilización popular en los Tribunales. ¿Qué papel le adjudicás a esta movilización en el juicio?
-Es central. Sin eso no estaríamos en el juicio. No hubiéramos llegado ni al procesamiento. Y esto vale para todas las causas, pero en ésta tuvo una trascendencia mayor.
-¿Cómo esperas que se desarrolle el juicio?
-Ahora faltan los alegatos, las réplicas y las últimas palabras de los imputados. Quizás para mediados de abril estemos con la sentencia.
-El 22 de febrero fue el turno de sus alegatos. También se cumplió un año de la masacre de Once, causa en la cual también actuás como abogada querellante. ¿Se puede establecer una relación entre la causa de Mariano y la de Once?
-Son los mismos protagonistas. En definitiva, en un caso se organizan desde el Estado, la empresa y la burocracia para aleccionar a los trabajadores. En el otro, está claro que no se juntaron para decir “matemos 52 tipos” pero si tuviéramos que definir técnicamente la masacre de Once, es un crimen del capital. Sigue la lógica de la ganancia, lo mismo que en Cromagnon. Pero no es una causa que podamos intervenir desde CORREPI.
-Hay un enunciado que desde CORREPI sostienen: “la bala que mató a Mariano Ferreyra salió del corazón del Estado”. ¿Qué lectura realizan desde el caso de Ferreyra en cuanto al discurso de no represión del Gobierno y de la resignificación de los derechos humanos?
-En el alegato nosotros decíamos que la tercerización de la represión es una herramienta muy útil para gobiernos de corte progresista que se ven en una encerrona: tienen que compatibilizar el discurso propagandístico de no reprimir la protesta social con la urgente necesidad de reprimirla para poder garantizar sus ganancias, sus vínculos con los empresarios y la subsistencia del sistema de explotación que representan. Por eso, cuando Cristina Fernández dijo aquello de que la bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor, nosotros contestamos: “No, señora presidente, la bala salió del corazón mismo del Estado”. Y con esa consigna fuimos el día que se iniciaba el juicio.