Por Vivian Palmbaum @vivi_pal
El asesinato del policía Lucas Muñoz, un nuevo hecho que conmueve a Río Negro y que devela complicidades policiales, judiciales y políticas que salpican hasta al Gobernador. Frente a la falta de justicia, también hubo marchas y escrache.
Un nuevo hecho pone en primera plana una vez más el accionar de la Policía de la provincia de Río Negro. Esta vez la tragedia recayó sobre un efectivo de la propia fuerza policial, lo que parece mostrar que hay una compleja trama que no solo castiga a los sectores más pobres, tal como venimos contando, sino que recae sobre las propias internas.
El sábado pasado se realizó una nueva marcha en Bariloche en demanda de justicia por el crimen del oficial de policía Lucas Muñoz, y por los femicidios de Micaela Bravo y Natalia Báez, que conmocionaron la ciudad en los últimos meses. Participaron familiares, amigos, amigas y vecinos de las víctimas, en la convocatoria que partió desde la Escuela de Arte La Llave y se dirigió por Onelli, Moreno y Mitre hasta llegar al Centro Cívico. A la movilización se sumó un escrache a los polícias implicados en el caso Muñoz, con carteles que aparecieron pegados en las calles céntricas de Bariloche.
Desaparición y asesinato del policía Lucas Muñoz
El viernes 12 de agosto despidieron los restos del oficial de policía Lucas Muñoz en la ciudad de Bariloche, desde donde partió hacia Ramos Mexia, su lugar natal, una localidad de 1000 habitantes, en la provinicia. El jóven policía Lucas Muñoz desapareció el 14 de julio en Bariloche, cuando se dirigía a tomar su guardia en la Comisaría 42. Salió de su casa y no se lo volvió a ver. Frente a su ausencia y la falta de diligencias para ubicarlo, su familia denunciaba que “No hay interés de la jefatura de buscarlo. Son los propios compañeros quienes realizan rastrillajes, se quedan después de hora para seguir sus pasos pero no hay órdenes explícitas de los jefes”.
En el curso de las investigaciones fueron imputados y detenidos policías, por sus implicaciones en el caso, mientras la trama llega hasta las cúpulas policiales y envolvió a varios jefes que fueran apartados. El propio gobernador intervino en el esclarecimiento del caso. La presión familiar se hizo sentir, con marchas, que se iniciaron el día 30 de julio, organizadas en medio del temor de la población por participar. El jueves 12 de agosto, al conmemorarse las 2000 rondas de Madres, en el Centro Cívico de Bariloche, junto a las Abuelas, también se pidió por juicio y castigo a los responsables de la desaparición Lucas. Después de 27 días de búsqueda, el viernes 12 de agosto, finalmente fue hallado sin vida el cuerpo de Lucas Muñoz, en un descampado en las inmediaciones de la Circunvalación de Bariloche, donde pocos días antes se hizo un rastrillaje sin resultados. Desde el colectivo Al Margen denunciaban que: esta vez no “desapareció” un joven por sus ideas, sino al parecer por saber algo del lado oscuro de la policía.
Quizás el caso más resonante mediáticamente fue el de Daniel Solano oriundo de Tartagal, que en noviembre de 2011 desapareció de un boliche. El joven había llegado a Choele Choel a cosechar fruta tras permanecer desaparecido, fue encontrado asesinado. El de Daniel Solano no es un hecho aislado. Hay otros casos de jóvenes desaparecidos y asesinados, en los que existen tramas vinculadas a la trata de personas, la violencia policial, la estafa empresarial y la impunidad judicial y política.
Ninguna casualidad
El abogado Sergio Heredia, que acompaña a la familia Solano por la desaparición y asesinato de Daniel, en declaraciones para Radio Encuentro de Viedma ratificó su postura crítica respecto del rol que viene jugando desde hace mucho tiempo la fuerza de seguridad en la provincia, y fue claro: “No hay que dejar que la policía participe en la investigación del caso Muñoz”. Recordó que el Oficial Daniel Irusta, recientemente detenido en el marco de las acciones judiciales por la desaparición de Lucas Muñoz, fue encubridor principal de los policías que asesinaron a Daniel Solano y de quienes dieron la orden, los dueños de Agrocosecha. Agrega: “Irusta, que debió ser exonerado de la policía, acaba de ser detenido en la causa Muñoz con sospecha de que también haya encubierto el accionar de policías”. El abogado Heredia afirma que la policía es un engranaje fundamental de actividades delictivas, que tiene una protección especial que le otorga la Ley Orgánica que no pudo ser modificada durante el gobierno de Wereltineck y que avala que sucedan estas aberraciones ya que un policía recién puede ser exonerado de la fuerza ante una condena firme. En ese sentido, afirmó: “Los policías tienen en esta provincia una protección que no tienen en otras provincias”
Policía, violencia y algo más
Cada año, miles de trabajadores temporarios viajan a Choele Choel, el pueblo donde nació Rodolfo Walsh, a cosechar fruta. El joven, de Tartagal, Daniel Solano visto por última vez allí en noviembre de 2011, es uno de los tantos que se desplazan a distintas localidades de la provincia.
En la Patagonia la policía tiene permiso para salir de cacería: detienen, golpean, desaparecen y matan a pibes. Sus familias buscan justicia y no la encuentran. Algunas causas judiciales están paralizadas. En otras se han desestimado pruebas contundentes que determinan el olvido del caso. Si no fuera por la lucha de los familiares la impunidad muchas veces sería ley.
Bariloche y RíoNegro aún tiene en el más fresco recuerdo el caso de Diego Bonefoi en donde la Cámara Primera del Crimen condenó a 20 años de prisión al cabo Sergio Colombil por haber baleado en la nuca al chico de 15 años. En este caso los jueces aplicaron una condena fuerte al ex cabo, pero rechazaron el pedido de perpetua de la fiscalía por considerarla inconstitucional, porque no habilita la gradación de la pena, no tiene fines humanitarios, y el condenado es joven. Así evitaron aplicar el artículo del Código Penal que castiga con perpetua a policías que cometieron un crimen semejante al de Bonefoi.
Un reclamo de justicia que se extiende en la provincia
Río Negro parece constituir un peligroso antecedente en materia inseguridad policial con un accionar repetitivo de casos en donde la fuerza se halla involucrada. Hace poco tiempo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia le otorgaba legalidad la práctica sistemática, que se realiza contra los jóvenes de sectores vulnerables, de detener por averiguación de antecedentes. El lunes 15 de agosto se realizó un corte en rutas 3 y 23 en reclamo de justicia y esclarecimiento. Familiares de desaparecidos de la provincia se organizaron para hacer oír el reclamo de justicia en distintos lugares. Con la activa participación de familiares de Lucas Muñoz en el empalme de las rutas 3 y la 23.
Los abogados de la familia del oficial de la policía Lucas David Muñoz, pidieron al fiscal a cargo de la investigación, que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sea citado a declarar dado que creen puede tener información sobre un supuesto “pacto de silencio” entre uniformados.
Sin justicia, con escrache
Un afiche circula en la región con las fotos de Rodrigo Hredil, desaparecido hace un año en Las Grutas, de José Codina desaparecido el 13 de julio pasado en Valcheta y cuyo cuerpo apareció sin vida, de Daniel Solano desaparecido y asesinado en noviembre del 2011, de Lucas Muñoz desaparecido y asesinado en Bariloche y el del taxista de Allen Carlos Painevil desaparecido en el 2012. En algunos casos el reclamo está unido al pedido “por una policía no corrupta y emparentada con el delito”, como claramente sucede con el asesinato de Daniel Solano y de Lucas Muñoz. Y en todos los casos hay un reclamo de una policía y una justicia más eficiente y que responda con celeridad y sin presiones al clamor de “no a la impunidad”.
El último sábado en el centro cívico de Bariloche se realizó una marcha por justicia para Lucas Muñoz y por los femicidios de Micaela Bravo y Natalia Baez. Al mismo tiempo la zona céntrica apareció empapelada con carteles que exhiben los rostros y nombres de los integrantes y exjefes de la Policía de Río Negro imputados por el caso Lucas Muñoz. Los carteles exhiben las fotografías de cada uno de ellos y una breve reseña que explica las razones por las cuales fueron apartados, trasladados y/o detenidos en el caso. En primer lugar aparecen los tres imputados por la desaparición y homicidio del oficial Muñoz: Federico Valenzuela Campos, Néstor Meyreles y Luis Daniel Irusta. Además son señalados Manuel Poblete, ex segundo jefe de la Regional Tercera, Jorge Elizondo ex comisario de la unidad 42º donde se desempeñaba Muñoz y David Paz, ex jefe zonal del departamento de Seguridad Vial
En el país crecen día a día las acciones en donde las fuerzas policiales se hallan involucradas en actos delictivos y represivos, contra los sectores de menores recursos, contra dirigentes y luchadores sociales. Quizas la más brutal expresión fue la represión a los jubilados en el Puente Pueyrredon, hace una semana, o la detención ilegal y arbitraria de la legisladora, para el Parlasur, Milagro Sala, que ha sido repudiado dentro y fuera de nuestro país y hasta por organismos internacionales.
El reclamo de justicia de sectores organizados aparece hoy como la acción más fuerte y contundente para oponerse al accionar mafioso, vestido de uniforme policial, que parece contar con cobertura política y judicial. Mientras tanto el gobierno nacional y sus funcionarios denuncian públicamente ser intimidados y apremiados por acciones incomprobables al tiempo que se comunica un plan contra el narcotráfico, que amenaza con incrementar el descontrol policial.