La Justicia cordobesa frenó la construcción de una planta maicera de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Las idas y vueltas de un conflicto que tiene por protagonista a la organización vecinal, quien lleva adelante una cruzada por el derecho a la salud, al ambiente y a la vida misma.
La Justicia de Córdoba ordenó la suspensión de la construcción de la planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Una acción de amparo fue presentada por la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y la Fundación Club de Derecho. La misma establece que como condición necesaria para la instalación de la planta, se debe cumplir con dos requisitos legales: la Municipalidad debe presentar una evaluación de impacto ambiental a la población y los vecinos deben poder participar de la decisión, a través de una consulta popular o de audiencias públicas.
Malvinas Argentinas se sitúa a sólo 14 kilómetros de Córdoba capital y cuenta con 9000 habitantes aproximadamente. Monsanto, que se autodefine en su página web como una “compañía de agricultura sustentable”, planea instalar allí la planta más grande de maíz transgénico que haya conocido América Latina. “Córdoba está llamada a convertirse el centro estratégico de la industria maicera, lo que es una muy buena noticia para todos”. Podrá ser una buena noticia para la empresa, pero definitivamente no lo es para los vecinos.
En junio del 2012, Cristina Fernández anunció desde Nueva York la instalación de la planta en la provincia cordobesa. El respaldo al proyecto por parte del gobernador De La Sota no tardó demasiado, al igual que el del intendente radical Daniel Arazani. A raíz del comunicado (y en momentos donde se realizaba el histórico juicio penal por las fumigaciones en el Barrio de Ituzaingó – Anexo, también en Córdoba), comenzó la organización vecinal en repudio a las intenciones de la corporación transnacional. Así se conformó la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Su primera exigencia fue la realización de una consulta popular.
Si bien la acción de amparo estaba formalmente presentada, el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas desoyó los reclamos de la población local y sancionó la ordenanza 821/2013. Semejante maniobra se realizó en el mes de enero, es decir, durante la feria judicial y habilitaba a que Monsanto comenzara la construcción de su planta. De tal manera, la Asamblea junto a la Fundación presentaron una medida cautelar con los fines de detener las obras. Pero la jueza Claudia Zalazar se inclinó hacia la empresa y falló a favor de ella.
En declaraciones para el programa Con el Pie Izquierdo de Radio Sur FM 88.3, el abogado patrocinador de los vecinos y presidente de la Fundación, Federico Macciochi, expresó: “Esto motivó que nosotros tuviéramos que acudir a la Justica y pedir una medida cautelar donde se ordenara la paralización de las obras. En primera instancia nos fue rechazado: tuvimos que apelarlo. Ya en la apelación ante la Cámara, revocó esa resolución y nos hicieron lugar a la suspensión de las obras, que eso lo que se ha cumplimentado ahora”.
A mediados de febrero, la Sala 2 de la Cámara de Conciliación Laboral ordenó suspender la ordenanza 821/2013 sancionada en enero. En otras palabras, las construcciones debían suspenderse hasta que se resolviera el amparo. El telón de fondo lo cubría la Ley General del Ambiente (25.675), la cual rige para todo el territorio nacional y establece en su artículo 11: “Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”. Por otro lado, también sostiene en su artículo 22 que “las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”. Esto no se había realizado.
Más allá de esta ley, cabe recordar el artículo 41 de la Constitución Nacional que sostiene que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras (…)”
No obstante, Monsanto hizo oídos sordos a tal orden judicial y las obras continuaron, bajo el pretexto de que “no habían sido notificados”. Fue recién el 11 de marzo que la Justica rechazó la apelación de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. De esta manera, el dictamen previo de frenar la construcción, producto de la decisión de la Sala 2, quedó firmemente establecido.
“Cada vez que la Cámara ha ido interviniendo, nos ha ido dando la razón en cada una de nuestras pretensiones” explicó Macciochi. A la vez, aclaró: “Esta acción de amparo que nosotros iniciamos no es para que la planta no se instale”, sino que “es una pelea directamente contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas que debe exigir y realizar la evaluación de impacto ambiental y darle participación a los ciudadanos, sea a través de una consulta popular o de audiencias públicas”.
Sin embargo, Monsanto tampoco ha decidido dejarse torcer el brazo. La transnacional presentó un recurso para llegar al Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, según las declaraciones del abogado de los vecinos, ese recurso no interrumpe los efectos que tiene la orden anterior, que ya ha sido dictada. Una orden que cristaliza la resistencia de una población que ha decidido proclamarse y organizarse en contra de la contaminación para luchar por derechos tan elementales como la salud y la vida.