Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Foto por Gala Abramovich
Acciones, omisiones, declaraciones y silencios de funcionarios de Estado e integrantes del poder judicial evidencian un escándalo político en Salta. Mientras, el feminismo organizado sigue denunciando las múltiples vulneraciones sobre “Juana”, una niña de 12 años de la que se habla hasta en la Cámara de Diputados de la provincia.
Patriarcado, racismo e incompetencia institucional es el combinado que sigue vulnerando a “Juana”, una niña de 12 años, etnia wichi y con una discapacidad intelectual, que vive en Alto la Sierra, Salta, y que en noviembre de 2015 fue violentada sexualmente por al menos ocho varones criollos, y que en tortura institucionalizada, fue obligada a cursar un embarazo durante seis meses que fue interrumpido (paradójicamente) el 3 de junio de 2016, y no porque fuera reconocido su derecho al aborto, sino porque el feto era anencefálico.
Una historia de machismo racista, exclusión económica, abandono político e incapacidad del funcionariado salteño que hoy vuelve a nacionalizarse con la noticia de que el jury de enjuiciamiento, conformado (también y no casualmente) días después del “ni una menos”, al juez Héctor Astigueta y al fiscal del caso Armando Cazón, desestimó que se iniciara un juicio político contra ambos funcionarios. Y con esto, vuelve a caer la posibilidad de legitimar la tan aclamada “justicia”, que en realidad apenas si se podría acercar a la reparación en la historia de desamparo y la subjetividad violentada de “Juana”.
El jury había sido pedido por el juez de la Corte de Salta, Abel Cornejo, y reunido el 18 de agosto para determinar si se avanzaba o no en la investigación, votó por el no. Quienes se expresaron fueron lxs senadorxs Silvina Abilés (Partido de la Victoria) y Jorge Soto (PJ), los integrantes de la Corte Guillermo Catalano y Guillermo Posadas, y el abogado Guillermo López Mirau.
“Buscamos el o los responsables del abuso de una niña”
“Tenemos dos novedades con respecto a ´Juana´”, relató en diálogo con Marcha, Mónica Menini, abogada integrante del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Salta. “Una es que las niñas que estuvieron en el momento en que los varones arrastraban a ´Juana´ de los pelos hacia el monte, momento en que comienza el abuso, pudieron señalar a otro de esos varones que se presentó por el pueblo nuevamente. Es una persona mayor de edad, está imputado en la causa y detenido”, informó.
“Y la segunda es que el Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta, ha presentado en la causa un informe en el que devela la posibilidad de que el embarazo de ´Juana´ haya sido anterior al momento de la violación”, actualizó Menini, “esto cambia la cuestión en el sentido de que la violación, agravada por ser en banda, además se agrava si es verdad lo que dice el CIF de que ´Juana´ ya cursaba un embarazo”.
Y recordó la abogada, “en todos los casos, como es una persona menor de 13 años, estamos ante una violación y tuvo que haber tenido acceso a un aborto no punible”, y aclaró que “se abrió una nueva causa en busca de el o los responsables de la violación anterior”, aunque también cree Menini que se “está intentando cambiar el foco de la justicia que se está buscando”. Y agregó contundente, “nosotras buscamos el o los responsables del abuso de una niña y no la paternidad de un feto anencefálico”.
“Prácticamente hace un año que sucedió y recién tenemos un informe respecto de otra posible violación a ´Juana´, claramente hay una inacción del poder judicial y del Ministerio Público”, afirmó.
“Tenemos el acompañamiento del pueblo”
Los poderes judicial y ejecutivo salteño, siguen sin avanzar hacia la reparación y #JusticiaPorJuana. Es que en tono de señalar las responsabilidades, por acción u omisión, la lista de vulneraciones sobre “Juana” no se quedan en quienes la violentaron sexualmente sobre su cuerpo territorio. Hay responsabilidades políticas insoportables.
En dos años hubo cuatro pedidos de jury en Salta por vulneraciones del derecho al aborto de niñas violentadas sexualmente. En 2014 fueron sobre el juez Víctor Soria y la asesora de menores Claudia Flores Larsen, quienes hicieron lugar al amparo judicial de una organización anti derechos frenando la interrupción del embarazo de una niña de 12 años; y en 2016 fueron sobre Héctor Astigueta y Armando Cazón por el caso de “Juana”.
“El jury ha sido declarado inadmisible con el voto negativo de los representantes del Senado, entre ellos una mujer, Silvina Abilés, quien también votó como inadmisible uno anterior, hace dos años, en una situación parecida en la que se había negado el derecho al aborto no punible de una niña de 12 años”, señaló Menini.
“Hasta ahora no se ha iniciado ningún sumario contra los funcionarios que debían intervenir”, comunicó Mónica Menini, y enumeró las responsabilidades que le tocan a “los Ministerios de Derechos Humanos y Justicia, de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Discapacidad, incluso el Ministerio de Educación que nunca brindó su derecho a esta niña, aun cuando otro poder, la Cámara de Diputados, dictó un informe que revela inacción e incumplimiento de deberes de funcionario público del Poder Ejecutivo” salteño, a cargo de Juan Manuel Urtubey.
“Esto da lugar a que se abra nuevamente el proceso de jury”, afirmó, en tono de representación del movimiento de mujeres de Salta, intención que también ha logrado llegar hasta las más altas esferas políticas, ya que en la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia se trató la inadmisibilidad del jury a Astigueta y Cazón, ocasión en la que las y los diputados de todos los bloques partidarios han mostrado la disconformidad con esta decisión y en relación a lo que está sucediendo con los jurys en el poder judicial.
Desde el Foro de Mujeres.. Salta, la organización Católicas por el Derecho a Decidir, y la Campaña… exigieron mediante un comunicado “que se reabra el Jury de enjuiciamiento hacia el juez Dr. Astigueta y el fiscal Dr. Cazón y se amplíe el Jury a la Asesora de Incapaces Dra. Hernández y la defensora en Violencia de Género Dra Magadan por existir prueba nueva que sostiene el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, el mal desempeño y el retardo de justicia”.
“En todo el país se habla de Salta como una zona de nuestro país donde hay mucho conservadurismo, fundamentalismo religioso, enquistado especialmente en el poder”, afirmó la abogada, pero enseguida señaló, “tenemos el acompañamiento del pueblo de Salta, hay un consenso social y una sanción a lo que está sucediendo en historias como las de ´Juana´, en las que además se suma la discriminación étnica y su situación de niña pobre”.
Se espera se abran los sumarios a lxs funcionarixs del Ejecutivo salteño que con su inacción o acción discriminaron y sometieron a “Juana” y su familia a tratos crueles y degradantes. Mientras, el movimiento de mujeres y el feminismo organizado exigirá como bandera y canto de lucha #JusticiaPorJuana. Y sólo por eso, se estará más cerca de la reparación y la no repetición de las violencias machistas para ninguna niña ni mujer más.
*Juana es un seudónimo que utilizamos para preservar su identidad.
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