Por Vivian Palmbaum y Nadia Fink / Foto por Facundo Nívolo
En las últimas semanas, asistimos al aumento sistemático de las acciones represivas del Gobierno contra los sectores más afectados por las políticas de la gestión que conduce Mauricio Macri. Un repaso de la violencia ejercida por Estado en el marco del aumento de la protesta social en las calles.
La metodología no es nueva: mientras se agudizan las políticas que afectan a los sectores más vulnerables, aumenta el ritmo de la protesta social y se intensifican las acciones represivas de Estado para disciplinar a la población. Entonces, la ecuación empieza a cerrar: primero los ajustes, los despidos, el endurecimiento de las leyes (recordemos la “Ley Antipiquetes” y el fogoneo de los medios hegemónicos por su no aplicación), el descontento popular, la salida a las calles… y, ahora sí, la represión. Si a esto le sumamos la dispersión de las protestas sociales, favorece que las acciones represivas se realicen en los pequeños focos.
Pero vamos a los hechos, a revisar algunas muestras de una política que parece extenderse.
El viernes último en Esquel, desde la Multisectorial de Mujeres de aquella ciudad, denunciaron la represión policial y el abuso de poder que sufrieron mujeres que habían participado el pasado viernes 11 de agosto en la Jornada Nacional de Lucha por la Libertad de Belén. Fueron perseguidas y demoradas, por el único motivo de reclamar por esta mujer que fuera encarcelada en Tucumán por sufrir un aborto espontáneo.
El lunes pasado cerca del mediodía se produjo un violento desalojo en el Parque Pereyra, Prov. de Buenos Aires, contra familias de campesinos pobres. El comunicado de prensa de la Asociación de Medieros, ASOMA, daba cuenta de una violenta represión de la policía bonaerense, incluyendo personas perseguidas, golpeadas y encarceladas. Continúan expresando que la represión se produjo en el marco de un desalojo de las hectáreas del parque incluidas en el proyecto productivo aprobado el año pasado, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de tierra para producir. Desde la creación del Parque estas tierras están destinadas para ser trabajadas. El brutal operativo no contemplo ni a las personas mayores ni a los niños que se encontraban junto a sus familias para defender su derecho a trabajar. En la represión la policía hirió con balas de goma a trabajadoras y trabajadores y detuvieron a 48 personas, entre los que se encontraban menores de edad.
Las familias de las pequeñas agriculturas familiares de la zona, son las que producen gran parte de las verduras que consumimos diariamente en la Ciudad. Los medieros son una categoría de trabajadores y trabajadoras que no son dueños de la tierra y no alquilan sino que por su trabajo reciben un porcentaje de lo producido, quedando sometidos a las arbitrariedades del dueño, mientras padecen las políticas que los están expulsando por los miserables valores que cobran mientras sufren el aumento de tarifas e insumos.
Pero esto sigue: Ayer, en medio una protesta de jubilados y jubiladas en el Puente Pueyrredón, esta vez la Policía Federal y la Prefectura desalojaron por la fuerza a personas mayores que reclamaban un aumento de emergencia en los haberes jubilatorios. Las imágenes no dejan lugar para imaginaciones: los policías, con todo su arsenal represivo, avanzan con sus escudos sobre el cuerpo de las ancianas y los ancianos. El camión hidrante completa la escena: un bautismo de agua que fija las ideas.
Mientras tanto Juan José Aranguren, Ministro de Energía y accionista de Shell, ha montado un despliegue mediático en la comisión de energía de la Cámara de Diputados para defender la política del “tarifazo”. Y cuando explicaba sus motivos durante la mañana de ayer, con fuertes reclamos de la oposición, una granada fue encontrada en la casa de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, una de las responsables de frenar el aumento de luz en todo el País. Afuera, en la calle, los sectores populares resisten y reclaman ser tenidos en cuenta.
Represión interior
Además del repaso actual, no olvidemos que las gestiones provinciales viene dando cuenta de políticas represivas contra los sectores más debilitados: jóvenes, menores, jubilados y jubiladas, mujeres, trabajadores y trabajadoras. En Río Negro las desapariciones de personas son moneda corriente. Desde la semana pasada aparecieron dos cadáveres: Ricardo José Codina, de la localidad de Vacheta, y Lucas Muñoz, policía. Por otro lado, en la provincia de Córdoba la ley de merodeo dio vía libre a los abusos policiales, a la estigmatización y a la detención de jóvenes (y pobres) y al aumento de gatillo fácil.
Con ese faro que atraviesa el país, llegó hace ocho meses la gestión del gobierno nacional de Cambiemos. Y se inauguró con la represión a las y los trabajadores de Cresta Roja, a las pocas horas de asumido el mandato. Este acto inicial de gran contenido simbólico luego tomó letra en lo que se denominó “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” (conocida como “Ley Antipiquetes”), firmado en febrero de este año.
Mientras la política de Estado empieza a hacerse sentir con fuerza sobre los sectores populares y amenaza con recrudecer, aumenta la exclusión de esos mismos sectores mientras la inflación y los tarifazos empiezan a hacerse sentir en todos lados. En estos días, Osvaldo Bayer, el eterno libertario, decía: “Tenemos que salir a la calle y actuar”. Parece ser que, por más represión que surja del Estado, hay sectores que ya no están dispuestos a callarse.