El sábado 9 de marzo el presidente Evo Morales promulgó la ‘Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia’. La misma incluye el castigo del femicidio con hasta 30 años de prisión y plantea una protección integral de las mujeres.
“Estaba prevista la promulgación para el día de ayer (por el 8 de marzo), pero lamentablemente tuvimos que asistir al sepelio del hermano presidente venezolano Hugo Chávez, en Caracas”, comentó Evo Morales durante el acto en el Palacio Quemado de La Paz. La medida (novedosa para el país) establece una sanción de hasta 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, para quienes cometan femicidio, definido como el asesinato de una mujer por odio o desprecio por su condición de género.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejara aseguró que quedó establecido que todos los delitos contemplados en la Ley sean considerados como de “acción pública”. Explicó que la Ley tiene como objetivo “establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencias, así como la persecución a los agresores”.
Para el cumplimiento de la norma, el Gobierno de Bolivia estableció la creación de Juzgados Públicos contra la violencia hacia las mujeres y Fiscalías de Materia y una División de Delitos de Violencia Contra las Mujeres en la Policía Nacional. También marca la participación de gobiernos subnacionales y define la asignación de recursos especiales en caso de extrema violencia.
El presidente Morales afirmó estár “cansado de tantas leyes que no se aplican, a veces por falta de dinero”, pero adelantó que instruirá al ministro de Economía para que defina los fondos para su implementación. El presidente insistió en la necesidad de denunciar los hechos de violencia y aseguró que no hay ninguna justificación para pegarle a una mujer, en tanto remarcó que para combatir esa actitud “se debe comenzar a educar desde la familia”.
La titular de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, hizo hincapié en que “nada puede justificar la violencia de un ser humano contra otro ser humano, sea hombre o mujer”, y agregó que “lo más importante para nosotros es construir una sociedad en la que ninguna mujer sufra violencia, en la que ninguna se sienta agredida”. Montaño declaró que “hay un compromiso del presidente, del gobierno nacional, para dar los recursos, a través del Tesoro General de la República” y enfatizó que “este no es un problema solo de Bolivia. Es un problema en el mundo entero. Tenemos que tratar de ser ejemplo para nosotros mismos y para el resto de la región”.
La norma fue impulsada durante los últimos tres años por diferentes organizaciones de la sociedad, y en particular de aquellas que defienden los derechos de las mujeres.
Causas y números
Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), desde 2009 a la fecha se registraron en Bolivia 403 femicidios, 21 de ellos en los dos primeros meses de 2013, y 218 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana y otras causas. Entre 2007-2011 se presentaron 247.369 denuncias por violencia machista, de las que solo 51 casos han concluido con una sentencia, según la misma entidad.
La aprobación de la norma fue acelerada en el parlamento después de que el 12 de febrero pasado la periodista Hanalí Huaycho fuera asesinada a puñaladas en presencia de su hijo de cinco años por su marido, el teniente de policía Jorge Clavijo. El caso ha conmocionado a toda Bolivia, donde siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, según el Cidem.