Francisco J Cantamutto / Foto por Tadeo Bourbon
Se acumula la evidencia, y toda apunta en un mismo sentido: el gobierno de Cambiemos paralizó la actividad e incrementó la inflación.
La economía argentina venía de casi un lustro de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria, acumulando contradicciones y problemas, pero sin estallar en una crisis de magnitud comparable a cualquiera de los episodios que nuestro país vivió antes. El traspaso de mando no se dio en el medio de una híper o después de una recesión de 4 años, con devaluación mediante. No hubo un estallido social, ni una crisis institucional que obligara a pases de mando fuera del control popular. Nada de esto: había, sí, inconsistencias, contradicciones, problemas, algunos de los cuales Macri y su fuerza política utilizaron para hacer campaña, criticando, pero evitando explicar cómo las superarían, y el motivo es simple: porque su salida era antipopular.
Quizás incluso antes de asumir -por las declaraciones públicas de sus referentes- Cambiemos provocó una intensificación de los aspectos más dañinos que mostraba hasta entonces la economía nacional. Las devaluaciones de diciembre y febrero, la quita de retenciones y los aumentos de tarifas fueron los principales motivos por los que la inflación se incrementó, saltando a un nuevo ritmo, mucho más cruento: de un ya alto 26,5% de 2015, este año se espera terminar con casi el doble, entre el 43,9% y el 45,4% -según estimaciones del valioso informe de CIFRA de CTA. Vale recalcar que ninguna paritaria de este año se aproximó a ese número, cerrando todas diez puntos por debajo o aún menos, lo que tira por tierra el argumento de los salarios como factor explicativo de la inflación. De hecho, según ese mismo instituto, el salario real promedio ha caído un 12,1% desde diciembre de 2015 a julio del corriente.
Al mismo tiempo, este paquete de medidas ha provocado la virtual parálisis de la economía. El desplome de la demanda interna ha impactado en diversos sectores: la CAME -que agrupa pequeñas y medianas empresas- señala una caída del 6,4% de sus ventas respecto de igual semestre del año previo, mientras que las de los supermercados acumulan un 30% de caída desde diciembre. Vale señalar que este menor consumo interno no está siendo compensado por otros componentes de la demanda. Con el mundo y nuestros socios comerciales en crisis, las exportaciones totales han caído un 3% respecto del año pasado. La incapacidad de sostener de manera clara algunas políticas (tarifazo) y el incentivo a la actividad especulativa financiera, han provocado que la inversión muestre un retroceso superior al 4%. Por estos motivos, todas las estimaciones coinciden en que 2016 cerrará en recesión, con una contracción de al menos el 1% del producto total.
La crisis y el incremento de la inflación han provocado un nuevo escenario llamativo, conocido como de estanflación (estancamiento con inflación), que merece al menos dos comentarios.
El primero es que este escenario se hace evidente con el nuevo gobierno, que entonces debe esforzarse todos los días para convencer al pueblo que es en realidad responsabilidad del gobierno anterior. Hablando de inercia y de herencia pretenden descargar el resultado de sus políticas sobre lo hecho previamente, con un discurso cargado de fatalismo: “no se podía hacer otra cosa”. Pero este discurso tiene límites, entre los que está la memoria colectiva, donde no se puede fabricar un colapso que no pre-existió, sino que vino después. No pocos votantes de Cambiemos entendieron que era un problema de tiempos, que era necesario esperar para que el nuevo gobierno tomara las riendas de la economía, pero tras 8 meses empieza a quedar claro que no se trata de un error de cálculo sino una política deliberada.
El segundo comentario es que el fenómeno de estanflación apareció en el debate internacional asociado a las políticas del Estado de Bienestar, que con cierto halo keynesismo impulsaban la demanda agregada a través del gasto público. Se trata de un concepto que el monetarismo utilizó para criticar políticas que asociaba a lo que entendían como populismo, reduciendo el concepto al simple gasto por encima de las posibilidades productivas. Esto está implícito en las declaraciones de diversos ministros con y sin cartera sobre que “no era normal” que trabajadores y trabajadoras tuvieran vacaciones, autos, o incluso celulares.
Pero vale la pena remarcar que este tipo de política de ajuste no es nueva. Con contextos diferentes, las políticas actuales guardan parecidos con el paquete de medidas aplicado por el ministro Krieger Vasena durante el gobierno de Onganía o las del famoso Celestino Rodrigo en el gobierno de Isabel Martínez de Perón. En ambos casos, devaluación, aumento de tarifas y de tasas de interés pretendían impulsar una mejora de la rentabilidad de ciertos sectores, y resolver la inflación generada mediante la apertura de la economía, tal como el actual gobierno busca realizar. En ambos casos se generó recesión e inflación, y ninguno de esos ministros puede asociarse a modelos redistributivos progresivos. La recesión no es necesariamente un objetivo de las políticas, sino un costo que están dispuestos a pagar para ordenar la economía según sus preferencias e intereses.
Vale también resaltar que el límite, en ambos casos, estuvo marcado por la resistencia popular a aceptar semejantes programas. Hasta el momento, ni el famoso “segundo semestre” muestra señales de mejoría, y esto empieza a mostrar recelos y presiones entre las fuerzas que componen el gobierno. Lentamente, a nivel social se han mostrado múltiples iniciativas de resistencia al ajuste: multisectoriales contra el ajuste en todo el país, movilizaciones de trabajadores y trabajadoras de la economía social y popular, protestas sindicales aún dispersas. Llevará aún cierto tiempo para que estas resistencias tengan alguna forma de representación política, pero no cabe duda que el pueblo está marcando el límite a este ajuste neoliberal que hasta el momento sólo muestra como resultados más recesión y más inflación.