Por Mario Hernández / Foto por Nadia Sur
Las consecuencias de las importaciones, los despidos y suspensiones que sufren las y los trabajadores. Son los propios números oficiales los que desmienten la afirmación del gobierno de que no hay un problema de empleo en la Argentina
El semáforo rojo se prendió en el rubro textil. La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que aglutina a los distintos eslabones del sector, reunió esta semana a los sindicatos y otras entidades empresarias. En algunas fábricas a las suspensiones -más de 4.000- y los adelantos por vacaciones le sucedieron unos 500 despidos en el último trimestre.
Según el Sindicato de obreros textiles (SETIA), una de las razones esgrimidas por los empresarios es el aumento de las importaciones. En el rubro hilados pasaron de 29.134.074 kilos en 2015 a 40.776.229 en lo que va de 2016. Para los tejidos de 16.442.089 kilos a 22.175.292. Paralelamente las ventas en el mercado interno bajaron un 20%.
También por importaciones y la caída del consumo, que estiman en un 30%, se registran despidos en el gremio gráfico: unos 300 trabajadores. Los rubros más afectados son la tarjetería y los talleres que hacen encuadernación.
La CNCT informó que desde diciembre del año pasado se suspendieron los certificados de obra de programas de construcción de viviendas, como el Socio Comunitario, dejando sin ingreso a más de 35.000 trabajadores al tiempo que quedaron paradas 2.500 obras, que contaban con un avance del 20 al 80% de ejecución. Por otra parte, las cooperativas de producción alertan sobre una baja del 40% en las ventas de los últimos siete meses, debido a la caída del consumo interno y la apertura de las importaciones. Esto se ve agravado por el aumento de las tarifas de los servicios públicos, luz, gas y agua, entre el 500 y el 1.000%.
Casi cien trabajadores cortaron en forma total el acceso a la Planta 2 de Faena del frigorífico Cresta Roja, ubicada sobre la autopista Ricchieri en Monte Grande. El sector de trabajadores que realizaron el corte son parte de los 900 que vienen cobrando un dinero mensual desde comienzos de año. Sin embargo, además de encontrarse sin trabajo, su situación de precariedad es total, ya que ni siquiera cuentan con un documento firmado en concepto de qué se les está pagando ese ingreso mensual. Además, los 1.500 trabajadores que volvieron al trabajo, lo están haciendo con contratos renovables sólo cada tres meses.
El sector privado sigue siendo el principal motor de la destrucción de puestos de trabajo. Según las cifras oficiales, se perdieron en mayo 59.840 empleos formales, contra igual mes del año pasado. Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Trabajo de Nación y se sostienen en la base del sistema SIPA de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Al desglosar el empleo por rama de actividad, el sector de la construcción sigue sin sortear la crisis: 54.356 trabajadores menos. Otro de los sectores en los que la caída del empleo se sintió fuerte en mayo fue Industria, con 26.832 trabajadores menos que un año atrás. La producción industrial retrocedió un 8,2% en junio con respecto a igual mes de un año antes y anotó su cuarta baja consecutiva, de acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) publicado este miércoles la Fundación FIEL.
Se trató además de la contracción más importante desde febrero de 2015, cuando había registrado una merma del 9,8%.
La Agricultura, Ganadería y Pesca tampoco tuvo un buen mayo: perdió 9.895 asalariados formales en la medición interanual.
Entre diciembre y mayo la caída suma casi 107.000 puestos laborales. Esto representa 1,7 % menos de empleos en blanco del sector privado de los que había al finalizar el mandato de Cristina Fernández.
De esta forma, son los propios números oficiales los que desmienten la afirmación del gobierno de que no hay un problema de empleo en la Argentina. De hecho, se trata de una dinámica que se viene agravando: según el Ministerio de Trabajo, abril y mayo mostraron las mayores caídas mensuales, de 56.338 y 40.114 respectivamente.
Esta caída del empleo relevada por Trabajo no incluye datos sobre el empleo público.
Paritarias
La disparada inflacionaria ha hecho crecer la demanda de reapertura de las paritarias por dos vías: los gremios que pactaron aumentos temporales y algunas que cerraron por un año. El primer lote representa alrededor del 40% de los convenios, donde aparecen gremios como comercio, carne, construcción, plásticos, estaciones de servicio, papeleros y gráficos bonaerenses, entre otros, que volverán a negociar sueldos hacia septiembre. En el segundo, aquellos sindicatos que se quedaron cortos cuando pactaron sus incrementos.
Mediante el Decreto 224/2016, publicado a principios de junio en el Boletín Oficial, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso un aumento del 35,73% para el personal de las fuerzas de seguridad -sin necesidad de negociación-, la creación de nuevas escalas salariales para las Fuerzas Armadas y un incremento del presupuesto anual de 767 millones de pesos para la compra de equipamiento. La Dirección Nacional de las distintas fuerzas pasó a cobrar nóminas de $ 40.000 a $ 55.000 y además recibieron un complemento por “responsabilidad jerárquica” de $ 11.000, “con el propósito del Gobierno Nacional de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que la correcta ejecución de la actividad de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Cuerpos Policiales requiere”. De esta manera superan a camioneros, docentes porteños y bonaerenses, aceiteros, bancarios, sanidad, droguerías, que negociaron acuerdos en torno al 35% anual.
Tarifas
Los gremios de Luz y Fuerza y la Asociación de Personal de Empresas de Energía denunciaron agresiones a operarios y declararon la emergencia laboral. “Pasa de todo en la calle”, grafica el secretario general de APSEE, Carlos Minucci, “desde vecinos que tomaron un área técnica de Lomas de Zamora hasta operarios a los que raptan en algunos barrios de emergencia hasta que vuelva la luz”. Las zonas afectadas por cortes de luz son Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Cañuelas, Morón y Pilar, entre otras en el conurbano. En Capital los barrios más afectados son Almagro y Caballito, donde hubo protestas de vecinos.
Rafael Mancuso, secretario general de Luz y Fuerza, agregó que “no hay transformadores ni cables por lo que muchas veces no podemos dar respuestas”. También confirma las agresiones al personal y agrega: “Hay oficinas comerciales que han sido prendidas fuego. El usuario tiene razón de quejarse pero lamentablemente se la agarra con nuestros trabajadores cuando deberían hacerlo con el Gobierno y los prestadores que nunca invirtieron y tampoco lo están haciendo ahora”.
Ambos dirigentes denuncian que las empresas tampoco proveen equipos de seguridad y ropa de trabajo. Ambos gremios ya tienen presentadas denuncias en el Ministerio de Trabajo a raíz de esta situación y para que las empresas articulen las políticas necesarias para que se termine este acoso laboral. Por ahora no hubo respuestas.
La CGT, las CTA y organizaciones sociales marplatenses marcharon contra el tarifazo, en coincidencia con la audiencia pública sobre las tarifas de los servicios públicos que se llevó a cabo el miércoles en el Polideportivo marplatense.
Por su parte, Facundo Villalba, de la CTA, expresó que “esta audiencia pública es ilegal, ilegítima y no convocante porque se realiza en una ciudad cuando debería hacerse en cuatro lugares del territorio bonaerense”.
“Y se realiza en un día y horario laborable, que hace muy difícil que la gente pueda concurrir. Es sólo una formalidad para convalidar esta decisión política del gobierno provincial y nacional que el ajuste caiga sobre nuestro pueblo y que las empresas continúen con las grandes ganancias”.
El próximo jueves se realizará un nuevo cacelorazo y ruidazo en todo el país contra los tarifazos eléctricos y del gas. A diferencia del realizado el pasado 14 de junio, incluirá el reclamo de la renuncia del Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. La convocatoria es motorizada por centenares de organizaciones políticas y sociales que incluyen al FPV y el FIT hasta clubes de barrio, cooperativas, sindicatos y asociaciones de consumidores.
Docentes
En Santa Cruz, Alicia Kirchner pagará esta semana el aguinaldo a la policía provincial y a los trabajadores de la empresa estatal Servicios Públicos y de Vialidad Provincial. Sin embargo, aún resta conocerse cuándo lo hará a los docentes, judiciales, hospitalarios y legislativos.
En ese marco, el gremio docente Adosac confirmó que no retomarán el ciclo lectivo y recordaron que previo al receso hubo retención de tareas.
Misiones, Entre Ríos, Catamarca y Chubut no iniciaron las clases el lunes 25 después del receso invernal, lo mismo hacen Buenos Aires, Chaco y Tierra del Fuego para el lunes 1º de agosto. En el caso de la provincia de Buenos Aires la iniciativa la tuvieron las 9 seccionales de la Lista Multicolor de SUTEBA, opositoras a la Lista oficialista liderada por Roberto Baradel, después se sumó UDOCBA que parará lunes y martes.
Contra la criminalización de la protesta social
El Frente Darío Santillán se movilizó el viernes a la Casa de la provincia de Río Negro para denunciar la judicialización de luchadores populares que trabajan en los barrios más castigados de la ciudad de Cipolletti, sosteniendo comedores comunitarios, copas de leche y organizando emprendimientos productivos, acompañando la protesta en la Plaza de la Justicia de esa localidad y en el Juzgado local en el primer día de indagatoria de 7 integrantes del FPDS judicializados.
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) se movilizó el pasado 28 de julio por el centro porteño en repudio a las amenazas de muerte que su máximo referente, Juan Carlos Alderete, y otros tres dirigentes del sector, sufrieron por parte de “delincuentes vinculados a la venta de drogas y al narcotráfico” en la provincia de Buenos Aires. Desde poco después de las 7:00, los militantes de la CCC cortaron el tránsito en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, bajo las consignas “Basta de ajuste contra el pueblo. No vamos a retroceder en la lucha. Basta de amenazas a J.C. Alderete, y a los dirigentes de la CCC y sus familiares. Nos tocan a uno nos tocan a todos”.