Por Redacción Marcha / Foto AnRed
Familiares, docentes e integrantes de organizaciones sociales realizaron el sábado una concentración frente a la Comisaría 38 de CABA para exigir la aparición de Erika de 16 años. No es la única, desde septiembre del año pasado fueron al menos 15 las historias de secuestros y acoso sexual de parte de varones violentos sobre niñas en el Bajo Flores. En la 1-11-14 sospechan de una red de explotación sexual. El reclamo llegará a la Fiscalía 44.
Jennifer Benítez, “Erika”, tiene 15 años. Es estudiante del EMET Nro 4 de Flores y vive en la villa 1- 11- 14. Tiene 3 hermanos y una madre para quien salir a buscar el mango se traduce en exponer a su hija adolescente a las violencias machistas, síntomas de la sociedad capitalista, heteropatriarcal y racista en la que vivimos que condena a las niñas y mujeres y más si son de clases populares.
Erika, tal como se autodenomina, está desaparecida desde el 30 de junio. Su familia, docentes e integrantes de organizaciones sociales sospechan que fue secuestrada por una red de explotación sexual que opera en la zona utilizando como modalidad de captación el engaño y la manipulación a través de las redes sociales.
La explotación sexual en Argentina afecta principalmente a las mujeres (el 98% de las víctimas lo son). Vulnera el derecho de las personas a vivir una sexualidad sin violencia dentro de relaciones de igualdad y placer mutuo independientemente que se configure o no el delito de trata.
Si bien existen condiciones de vulnerabilidad previas que facilitan la captación de niñas y mujeres y siendo las desigualdades de poder por razones de género las principales, el discurso de violencia simbólica de los medios hegemónicos y las instituciones del Estado que promueven que las niñas y mujeres no son dueñas de sus territorios cuerpo también suma a que sobrevivan redes de complicidad -policiales, judiciales, políticas- delictiva que hacen a que naturalicemos el que haya pibas secuestradas para ser prostituidas.
Es por eso que bajo la consigna “Ni una piba menos. Basta de desaparecernos”, la familia de Erika, docentes e integrantes de organizaciones sociales se congregaron el sábado pasado a la tarde frente a la Comisaría 38, en Esteban Bonorino al 200 en Flores, para reclamar que se investigue y dé curso a la denuncia del delito de secuestro que causó la desaparición de la joven y que se realizó la primera semana de julio.
“No están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas”, cantaban en las afueras. La respuesta de los integrantes de la fuerza represiva, que se suma a la inacción estructural, fue salir con cámaras a filmar, en actitud amenazante, a quienes exigían se deje de vulnerar la libertad y los derechos de las pibas del barrio.
“La denuncia se realizó la primera semana de julio y desde entonces la policía no hizo nada”, sostuvo Silvina Herrera, docente integrante de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. El de Erika “no es un caso aislado”, afirmó, “sin embargo la policía salió a filmarnos a quienes estábamos haciendo la medida de reclamo por su aparición”.
A la situación de vulnerabilidad social, mundialización de delitos asociados al narcotráfico, feminización de la pobreza y la falta de información para afrontar las violencias, a las niñas y adolescentes que viven en las villas, se suma la debilidad institucional para hacer frente de forma rápida, articulada y federal a las denuncias y búsquedas. El prejuicio y la violencia institucional que reciben las familias y amistades de estas niñas de clases populares cuando van a las comisarías también es algo a mencionar. “Seguro se fue con el noviecito, ya va a volver”, se escucha. Mientras, pasan las horas y aumenta el dolor. Y por eso se organizan.
“Desde la Red de Docentes acompañamos a las familias porque vemos como actúa la policía cuando van a hacer las denuncias”, afirmó Silvina Herrera, “en el caso de Erika creemos que se trata de una red de explotación sexual”.
Cabe recordar que según la Ley 26.842, hay explotación sexual cuando “se promueve, facilita o comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; y/o se fuerza a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho”.
En la búsqueda de Erika intervienen además la Defensoría General de la Nación, el programa ATAJO del Ministerio Público Fiscal y en las próximas horas se realizará una presentación ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dependiente de la Procuración General de la Nación.
La historia de Layla y organizarse contra el miedo
A fines de octubre del año pasado, Layla Sainz Fernández de 13 años estuvo desaparecida por 11 días. Su secuestro se dio en un contexto de denuncias de hostigamientos y amenazas de parte de algún o algunos varones violentos a través de las redes sociales sobre niñas y adolescentes de la zona de la villa 1- 11- 14.
Quienes realizaron el entrecruzamiento y relevamiento de los testimonios de las jóvenes -y quienes siguen haciéndolo- fueron las y los docentes de las escuelas de la zona que crearon, junto a familiares e integrantes de organizaciones sociales de trabajo territorial, la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores.
“Venimos acompañando muchas situaciones de jóvenes víctimas de persecución, manipulaciones, explotación y abuso”, expresan en un comunicado difundido a partir de la búsqueda de Erika desde la Red el pasado 15 de julio.
“No es la primera vez que escuchamos que las pibas se ´van´ de sus casas”, explicitan, aludiendo a los discursos que se escuchan en las comisarías; “son cada vez más comunes los abusos por internet a niñas y adolescentes, seguidos de amenazas, persecución y secuestros. Sabemos que la situación es compleja y que la manipulacion esta a pie de cañon para que la cooptacion pase como si fuese decisión propia de las jóvenes”, argumentan en clara descripción al modo de captación para las opresiones, violencias machistas y explotaciones del mercado a las que están expuestas las jóvenes de la 1- 11- 14.
La presión de las manifestaciones y la difusión en las redes desde el 22 de octubre hasta el 2 de noviembre pasado para nacionalizar la búsqueda de Layla fue efectiva. Y por eso, la importancia de organizarse para “que el miedo no nos paralice”, como dicen desde la Red.
“Organizarnos para que las pibas concurran a nuestras escuelas sin temor a que les pase algo en el camino; para realizar las denuncias y que los que tienen que investigar hagan algo; para que las denuncias que ya se hicieron no queden archivadas en una fiscalía; para que la problemática se visibilice; para que todxs sepan que la lucha no es individual sino colectiva”.
En las barriadas, en las villas, que las mujeres puedan vencer obstáculos simbólicos y materiales necesarios para organizarse y romper con el eje cultural patriarcal que determina sus destinos únicos es vital para romper con la reproducción y naturalización de las violencias machistas. Y en eso están cuando anteponen solidaridad a la falta de respuestas e innacción.
Por Erika se evalúa la realización de una concentración frente a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°44, a cargo de Pablo Recchini. Mientras, se esperan respuestas sobre la investigación. Porque en ella nos siguen faltando muchas más.
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