El martes por la mañana, a pocos días del primer aniversario de la tragedia de Once, el juez Claudio Bonadío decidió elevar a juicio oral la causa en la que murieron 51 personas y otras 700 resultaron heridas.
El juez Claudio Bonadío elevó a juicio oral por estrago culposo a 28 imputados en la tragedia de Once, hecho en el que murieron 51 personas al chocar un tren del ferrocarril Sarmiento en la estación terminal que desemboca en Plaza Miserere el 22 de febrero de 2012. El Tribunal Oral Federal N°1, designado a través de un sorteo, será el encargado de llevar adelante el juicio.
Los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime están entre los principales acusados junto con los hermanos Mario y Claudio Cirigliano, quienes manejaban la concesionaria desde empresas tercerizadas que prestaban servicios a Trenes de Buenos Aires (TBA).
Además se destacan entre los imputados el ex titular de la Comisión Nacional del Regulación del Transporte (CNRT), Antonio Sícaro, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y el maquinista Marcos Antonio Córdoba, quién conducía la formación que se estrelló.
El 16 de enero pasado, Bonadío había cerrado la etapa de instrucción y notificado a las partes. A partir de ese entonces, las querellas, el fiscal y los acusados tuvieron la oportunidad de responder. Sin embargo, en su fallo de este martes, el juez sentenció: “Habiendo sido tratados individualmente los planteos efectuados por las defensas de los imputados, no se advierten nuevos elementos que permitan modificar el criterio plasmado al momento de disponer sus procesamientos”.
En su argumentación el magistrado ordenó el procesamiento de varios de los imputados por descarrilamiento culposo, agravado por muerte. A esto se sumó el delito de “defraudación”, ya que se señaló que los funcionarios tuvieron varios informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) que mencionaban los incumplimientos de TBA y los riesgos en la seguridad.
Por ello, Bonadío explicó que entre el mes de julio de 1997 y el 24 de mayo de 2012 “se efectuaron en el ámbito TBA S.A. diversos actos abusivos e infieles mediante los cuales se suscribieron contratos y otras prestaciones que generaron un perjuicio económico a los bienes y fondos públicos transferidos por el Estado nacional”.
No obstante, el tramo de la causa por el destino que tuvieron los más de 2 mil millones de pesos en subsidios que recibió TBA entre 2003 y 2010 seguirá bajo investigación pero del juez Sebastián Ramos, ya que la Sala II de la Cámara Federal le cedió este tramo de la causa al anexarla con una que él tenía a su cargo desde tiempo antes.
Por otra parte, si bien Bonadío reiteró que a su criterio el motorman Marcos Antonio Córdoba no debía figurar en la lista de acusados, sí lo mandó a juicio a partir de lo resuelto por la Cámara Federal, que sí lo procesó. “Este Tribunal no puede afirmar que Marcos Córdoba no haya cometido algún error en esos críticos momentos, por inexperiencia, miedo o desconocimiento; lo que sí puede afirmar es que se le había encomendado a un joven de 26 años, con dos de experiencia, la vida y la seguridad de más de dos mil quinientas personas”, aseguró el magistrado en su resolución.
La decisión del juez ahora es inapelable, de todas formas aún no está definida la fecha de inicio del juicio.