Luego de la suspensión el viernes pasado por la ausencia de uno de los acusados, este martes comenzaron los alegatos del juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. En esta primera jornada expusieron los abogados de la familia de Mariano.
Los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fueron los que llevaron adelante el alegato en nombre de la familia Ferreyra. Mientras tanto, afuera del Tribunal Oral Criminal 21 y bajo la lluvia, cientos de manifestantes se concentraron para acompañar a los familiares y compañeros de Mariano.
Tal como había anticipado Pablo Ferreyra (hermano del militante asesinado) a Marcha, la querella pidió perpetua para el ex titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Los abogados del CELS sostuvieron que Pedraza y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, “idearon un plan y articularon la convocatoria del grupo de choque” congregado por el delegado Pablo Díaz. De esta forma, tanto Pedraza como Fernández son acusados por “instigar” el crimen de Ferreyra.
Además de Pedraza y Fernández, están siendo juzgados ocho integrantes del “grupo de choque” que respondía a la cúpula del gremio ferroviario, acusados de cometer el asesinato y balear a otros tres manifestantes.
También hay siete policías acusados de “abandono de persona” por no impedir que se concretara la agresión, entre ellos el comisario Hugo Lompizano, que hoy presenció la audiencia en condición de detenido luego de haberse ausentado la semana pasada por vacaciones.
La querella exigió que se aplique la misma condena que a Pedraza y Fernández, aunque bajo cargos distintos, para otros 12 de los 17 acusados: los policías Hugo Lompizano, Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Rolando Garay, Gastón Conti y Luis Echavarría; los delegados, Claudio Alcorcel, Pablo Díaz y Daniel González; los barrabravas Cristian “Harry” Favale y Gabriel “El Payaso” Sánchez, y el trabajador ferroviario Salvador Pipitó. En el caso de los ferroviarios Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, la querella pidió cuatro años de prisión por encubrimiento; para el policía David Villalba solicitaron un año.
En su argumentación los abogados consideraron probado que el móvil fue “mantener la hegemonía política y económica a costa de los tercerizados”. Además agregaron que “la Unión Ferroviaria actuaba como una virtual gerencia de recursos humanos en el ferrocarril Roca”, por lo que la pretensión de los tercerizados de ingresar a la planta estable de la Unidad de Gestión Ferroviaria (UGOFE) que administraba el ramal, “ponía en riesgo este sistema”.
Pedraza manejaba al menos dos cooperativas que tenían a cargo tercerizados ferroviarios, y ello fue un “negocio que proliferó” en la UGOFE, dijeron los abogados al sostener que “el gremio, lejos de acompañar el reclamo de tercerizados , quería licuar el conflicto y aducía que las protestas eran protagonizadas por personas ajenas al ferrocarril”. “El homicidio de Ferreyra fue a 300 metros de las vías y cuando se retiraba, evitar el corte de vías era una fachada”, explicaron.
En ese sentido también dieron cuenta que “(Cristian) Favale hizo un número indeterminado de disparos y en la vereda (Gabriel) Sánchez hizo otro tanto, también hubo otras dos personas no identificadas que hicieron disparos”. Además aseguraron que luego de la balacera “(Juan) Pérez guardó las armas que le entregaron (Guillermo) Uño y dos personas más, para retirarlas del lugar y encubrir el crimen”.
El próximo viernes será el turno de dar a conocer los alegatos por parte de la querella que tiene a su cargo el Partido Obrero y la abogada María del Carmen Verdú, en representación de los heridos en el hecho, y luego será el turno de la fiscal María Luz Jalbert.