Por Ulises Bosia. El gobierno nacional cerró las paritarias docentes nacionales sin acuerdo con los gremios y estableció el piso para las negociaciones provinciales. En la provincia de Buenos Aires será difícil un acuerdo, cruzado por la interna peronista de cara a las legislativas.
El viernes pasado el gobierno nacional decretó el final de las paritarias nacionales docentes al establecer de manera unilateral un aumento en tres cuotas escalonadas que recién en el mes de diciembre llegará al 22 por ciento. Esta decisión fue rechazada por el conjunto de los gremios docentes, cuyos reclamos eran muy superiores, que la consideraron un “error” y la firmaron en disconformidad anunciando que discutirían la posibilidad de realizar medidas de fuerza. Incluso la CTERA, el principal gremio de la fracción de la CTA afín al gobierno nacional, se manifestó contraria a la decisión oficial. El 25 de febrero deberían comenzar las clases y esa fecha funciona entonces como momento decisivo por parte de los trabajadores y trabajadoras de la educación. La paritaria docente, vigente desde 2008, establece un piso mínimo que debe ser tenido en cuenta en cada una de las negociaciones provinciales, de muy distintas características. La decisión del gobierno nacional permite también tener en cuenta una primera señal sobre los aumentos que pretende dar para otros sectores del empleo público que si bien presentan características diferentes del gremio docente, comparten como empleador al Estado nacional.
Teniendo en cuenta que el 2013 es un año electoral, todas las especulaciones están puestas en la interna del Frente para la Victoria en territorio bonaerense. Y la negociación de los salarios docentes también juega un rol en esa interna. Si bien el conjunto de las negociaciones provinciales estaban suspendidas a la espera de una definición de la paritaria nacional, en la provincia de Buenos Aires la cuestión toma una dimensión determinante porque es el distrito con más docentes del país, alrededor de 320.000. Además, hay que recordar que a mediados del año pasado el gobernador Scioli anunció que la provincia no podría pagar el medio aguinaldo en tiempo y forma, lo que ante la resistencia gremial desató una fuerte puja con el Estado nacional para que aportara los fondos. Y a comienzos del 2013, los reclamos por una redefinición de la coparticipación federal volvieron a cobrar fuerza en la voz de importantes funcionarios que plantean a las autoridades nacionales la necesidad de que la provincia cuente con ingresos más “acordes” a sus aportes al tesoro nacional, según su opinión.
En este contexto la pregunta es hasta qué punto el gobierno nacional estará dispuesto a aportar el dinero necesario para que Scioli pague un aumento de sueldo que satisfaga a los distintos gremios. Todo indica que la oferta de la gobernación estará muy por debajo de la inflación y de las exigencias gremiales, lo que llevaría a un conflicto seguro.
De todas maneras, no es nada claro que las autoridades nacionales estén interesadas en promover el conflicto social en la provincia de Buenos Aires, en la medida en que se trata del principal distrito electoral del país y una de sus principales apuestas para las elecciones legislativas. Si bien el desgaste de la gestión de Scioli puede resultar un camino tentador, es muy difícil asegurar que el costo no fuera a ser pagado en una buena parte por el gobierno nacional mismo. La presidenta sí utiliza al ministro de Planificación Julio De Vido para establecer un contacto directo con los intendentes, de manera de puentear al gobernador para la planificación y la entrega de la obra pública y así garantizar la fidelidad de las figuras fuertes del peronismo en cada uno de los territorios de cara a las elecciones.
Y lo mismo ocurre con el gobernador, quien por el momento se esfuerza por mostrarse como un actor interior al kirchnerismo, si bien no deja de hacer guiños a un sector amplio de la oposición. Es muy difícil imaginar tres largos años de gestión en la provincia de Buenos Aires tras una ruptura explícita con la presidencia de la nación. Por el momento el gobernador parece encaminarse a una táctica basada en mostrarse como una carta de cierta continuidad del modelo, pero “con cambios”, como afirma su slogan. Solamente si fuera imposible esa sucesión porque desde la presidencia explicitaran otro camino, el gobernador se vería obligado a tomar un rumbo alternativo al del kirchnerismo, algo que hasta el momento resulta ajeno a su recorrido en la gestión pública caracterizado por evitar cualquier portazo.
Pero esta suerte de “guerra fría” no significa que no existan cruces de mayor o menor intensidad. En la semana que pasó por ejemplo salió a la luz la cena que Scioli tuvo con Julio Cobos, comentada por boca del mismo Cleto, que se realizó a finales del año pasado. Si sus encuentros con Macri o Moyano habían resultado difíciles de digerir para buena parte del kirchnerismo, la sola posibilidad de una conversación con Cobos resulta intragable, porque el radical representa la traición en su estado más concreto. Por esa razón no sorprende que hayan llovido las críticas al gobernador por parte de figuras del oficialismo nacional.
Sin dudas, continuará.