Por Vivian Palmbaum – @vivi_pal
El 31 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el decreto presidencial que modifica el control civil de las Fuerzas Armadas, devolviéndole autonomía en el dominio de su estructura interna, que hasta ahora era conducida por el Poder Ejecutivo a través de los ministerios correspondientes, Interior y Defensa.
Es necesario recordar que en enero de 1985 el entonces presidente Raul Alfonsín disponía la necesidad de delegar en el control civil de las Fuerzas Armadas, en cuanto a su organización y estructura. Esto implicaba que sus facultades de autogobierno a través de la organización y estructura se transferían al Poder Ejecutivo. El decreto original sufrió algunos cambios, pero no modificaba lo esencial en cuanto al control civil del poder dentro de la propia fuerza. De alguna manera implicaba limitar el poder hacia adentro de su férrea estructura jerárquica y así ponía un límite a esa potestad que podía corroer el propio sistema democrático. En ese momento Raul Alfonsín (1983) se constituyó en el primer presidente que inauguró una etapa democrática que se ha consolidado en Argentina y que venía de una tradición de gobiernos militares de facto que se mantenían con poca alternancia democrática desde el año 1930.
En el acto del día del Ejercito, un día antes de que se publique este decreto, Mauricio Macri efectuó anuncios que impulsan desde su gobierno el reconocimiento a las Fuerzas Armadas e intentan darles un nuevo protagonismo con las hipótesis de conflicto interior basadas en la guerra contra el narcotráfico, al igual que otros países de la región que adoptaron este presunción que tiene su origen en Estados Unidos.
En el programa Mañanas Rebeldes que se emite por Fm Che Barracas entrevistaron a María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y a Enrique “Cachito” Fukman de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, que analizaron el anuncio.
Verdú afirmó que “El decreto es bastante preocupante aunque tampoco tiene la significación catastrófica, que en algunas interpretaciones se le ha dado. Se trata de un decreto presidencial que delega algunas funciones ligadas con nombramientos, ascensos, cargos, funciones, en tareas docentes y similares del Ministerio de Defensa al Estado Mayor Conjunto y los Comandos Generales de las Fuerzas Armadas. Una nueva delegación de funciones desde el Ministerio de Defensa hacia el personal militar propiamente dicho, con excepción del personal superior que sigue siendo designado por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Defensa”.
Además, afirmó que “Un ámbito de mayor discrecionalidad y cierta ‘autodeterminación’ para la oficialidad superior a través del Estado Mayor Conjunto y los comandos generales de cada una de las fuerzas para decidir ellos mismos sin intervención del poder ejecutivo. Esto es evidentemente un guiño porque les permite de esta manera resolver sus internas, manejar los pases a retiro o designación en cargos significativos en cada fuerza al propio personal militar. No se puede dejar de vincular, esta especie de guiño en un marco donde se habla de la tarea central del aparato represivo estatal sostiene un argumento enmarcado en la guerra al narcotráfico que se traduce, en la práctica, en la militarización de los espacios públicos, en propuestas reiteradas de utilización de las fuerzas armadas al estilo de lo que sucede en otros países de Latinoamérica. Esta decisión forma parte de algún tipo de intercambio”.
Fukman, por su parte, evaluó otros aspectos del decreto presidencial. En relación a los juicios por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Fukman afirmó que hasta ahora hubo dificultades en el requerimiento desde los tribunales sobre el destino de los represores con distinto grado de respuesta al respecto y se pregunta qué pasará ahora que ya no tiene injerencia el poder civil. Al mismo tiempo fue enfático al expresar que nunca desde el poder político se dio ninguna información sobre quienes integraban los grupos de tareas, lo máximo que se podía llegar a conseguir eran las hojas de destino y en función de eso descubrir alguna información.
María del Carmen Verdú sostiene que el decreto es un guiño a las Fuerzas Armadas y Fukman sostiene que es un gesto simbólico de cierta habilitación a la fuerza.
Un hecho poco sorpresivo
Mientras tanto aún resuena el editorial del diario La Nación a las pocas horas del escrutinio de la segunda vuelta electoral. Se titulaba “No más venganza” y reivindicaba el accionar de las Fuerzas Armadas en uno de los peores genocidios que vivió la Argentina, mientras que al mismo tiempo acusaba por las condiciones de detención de los responsables de semejante masacre y salía en defensa de los cómplices del Poder Judicial, civiles, empresarios y mediáticos de los delitos de lesa humanidad.
Hace pocas semanas en otro gesto simbólico del actual gobierno nacional, el Ministro de Justicia, recibió en su despacho a Cecilia Pando, apologista confesa de los crímenes de lesa humanidad. Seguramente la lista continúa con funcionarios oficiales que reivindican la dictadura sin ponerse colorados.
No sabemos aún que consecuencias tendrá para el pueblo trabajador un decreto sobre el autogobierno de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo que se instala las hipótesis de conflicto del combate al narcotráfico, se produce una creciente desocupación y los alimentos tienen un valor que los empieza a volver inaccesibles. Ningún gesto es inocente y el cálculo se nos escapa.