Por Francisco Longa
En junio empezó el segundo semestre del gobierno de Cambiemos. Tras el ajuste y la ola de despidos, los números de la economía son alarmantes. Mientras trabajadores/as y movimientos sociales se movilizan, ¿qué ocurre con la imagen del gobierno?
En las últimas semanas la consultora Tendencias Económicas señaló que durante el primer cuatrimestre del año, 140 mil personas fueron despedidas y casi 40 mil suspendidas en sus lugares de trabajo. Si a ello sumamos el ajuste en las tarifas de los principales servicios públicos, el cocktail de la conflictividad podría volverse explosivo.
Pero no solamente en la microeconomía diaria de las personas los números no cierran. El pasado domingo el periodista de Página/12 Horacio Verbitsky publicó una compilación de datos elaborada por Guillermo Makin, del Centro Latinoamericano de la Universidad de Cambridge, donde se da cuenta de la sangría macroeconómica que venimos atravesando en estos seis meses: prácticamente todos los indicadores centrales (consumo, actividad industrial, exportaciones, etc.) muestran números negativos.
Este escenario obligó a la vicepresidenta Gabriela Michetti a demarcarse del mito del segundo semestre creado por el gobierno nacional, que pretendía instalar que el 30 de junio sería un parte-aguas donde dejaríamos atrás el período especial, producto de la ‘salida del populismo’, para pasar al paraíso de las inversiones y la reactivación económica. Ante la opacidad del escenario por venir, Michetti sinceró ante un diario salteño que “una mejora en el bolsillo de la gente vendría recién en 2017”.
Quiénes y cómo se movilizan
Ciertamente las y los trabajadores formales, cooperativistas y movimientos sociales no se han sentado a esperar la llegada de la ‘primavera de julio’ que el gobierno venía prometiendo, sino que se han volcado a las calles en numerosas jornadas de protesta.
Solamente por mencionar los casos más rutilantes, las enormes jornadas de lucha que vienen protagonizando los trabajadores y trabajadoras de la salud en la provincia de Buenos Aires, los acampes de estatales en la provincia de Tierra del Fuego, y la toma de oficinas públicas y posterior acampe en la Plaza de Mayo por parte de cooperativistas de la Ciudad de Buenos Aires, funcionan como muestra del variado arco de luchas reivindicativas que el gobierno debe afrontar.
La reactivación de la conflictividad sindical, a nivel de cada rama pero también a nivel general en la confrontación in crescendo que el gobierno viene estableciendo con Hugo Moyano (conflicto por la Asociación del Fútbol Argentino incluido), marca otro foco de conflicto que desvela a Mauricio Macri y sus allegados.
También en relación a la crisis alimentaria es que el gobierno viene recibiendo una serie de golpes políticos significativos, como el muy difundido informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que consignó 1,5 millones de nuevos pobres desde la asunción de Cambiemos.
Es cierto que tras el veto a la Ley antidespidos las centrales sindicales no llamaron a un paro general, lo cual puede verse como un punto a favor del gobierno, aunque sí convocaron a una olla popular, con lo significativa que resulta la cuestión del hambre en nuestro país, y lo asociada que está a la crisis del 2001. Es en ese sentido que si el reclamo de los sindicatos vuelve a ser la alimentación antes que los aumentos salariales o la pérdida de empleo, puede significar un escenario crítico.
Esto se profundiza cuando organizaciones sociales llevan adelante piquetes, como el de la semana pasada, reclamando por mayor acceso a mercadería para sus comedores, en virtud de un aumento en las necesidades de los sectores más castigados. Por si fuera poco, sacerdotes que realizan trabajo diario en las villas de emergencia, como Eduardo De la Serna, reiteran en los medios una y otra vez que el paisaje social en estos barrios muestra un aumento de la pobreza y de las actividades ligadas a ella, como el cartoneo.
¿Una imagen no negativa?
A pesar de que asistimos entonces a un escenario de franca resistencia y conflictividad en las calles, los datos recientes brindados por las consultoras de opinión muestran un panorama ambivalente respecto del gobierno. Los dos extremos los marcan la consultora Poliarquía, que le asigna un 60% de apoyo a la gestión de Cambiemos, y Managment & Fit que brinda un 44%. En ese margen se mueven el resto de las consultoras, lo cual termina por redondear una media de 50% de imagen positiva.
Es cierto que, según como se interpreten estos datos, se puede estar ante una buena o una mala noticia para Macri. No sólo por la evidente división en dos mitades simétricas que presentan los sondeos entre apoyo y rechazo sino también porque, por un lado, estos números implican un descenso en la imagen positiva del presidente respecto de noviembre. Por otro lado, tras las medidas tomadas -reconocidas por el propio gobierno como ‘poco simpáticas para la gente’-, mantener el mismo caudal de aceptación que el expresado en las urnas seis meses atrás, podría ser visto como un triunfo.
En definitiva, como fuera que sea visto ese 50% de imagen positiva del presidente, no asoman figuras ni partidos opositores que capitalicen en forma homogénea el descontento social. De tal forma, aún con su imagen desgastada, Cambiemos podría llegar a las decisivas elecciones de 2017 a buen paso.
Disputar las calles y el sentido común
La semana pasada Álvaro García Linera dio una charla en Buenos Aires, donde volvió a enfatizar en la necesidad de disputar el sentido común de las mayorías. Por sentido común, el Vicepresidente de Bolivia alude a los preceptos lógicos y morales sobre los cuales las personas organizan lo que está bien y lo que está mal, lo correcto de lo incorrecto, lo deseable de lo indeseable. En su lectura, el acceso a niveles de gobierno y/o el mejoramiento de la situación económica de la población, deben ir acompañados de un nuevo sentido común, crítico de aquel que el liberalismo promueve y reproduce desde distintas trincheras como los medios de comunicación, las universidades, los lugares de trabajo, etc.
Claro que esta no es una preocupación nueva para el pensamiento político de izquierda, toda vez que ya desde principios de siglo XX Antonio Gramsci alertó acerca de la necesidad de trascender el sentido común, para construir núcleos de buen sentido, que contribuyan a la tarea socialista.
En nuestro caso, la conflictividad callejera protagonizada por los actores ya mencionados viene expresando una línea importante de asedio al gobierno. No obstante, en tanto estas fuerzas políticas y sectores organizados no logren revertir la consolidación del sentido común actual, a todas luces reproductor del statu quo, no será posible horadar la legitimidad del gobierno, ni construir una alternativa real de poder.
Sin dicha disputa, la hegemonía en las calles que actualmente ostenta el campo popular crítico al macrismo, puede terminar por reducirse a una lucha económica o social, dejando vastas y estratégicas trincheras desatendidas.