Por Astor Vitali*. Lleva más de un mes la demanda de cientos de familias. Cronología de un reclamo que comenzó con la toma de viviendas del Plan Federal, puesto en marcha en 2007, cuya construcción está paralizada hace dos años.
Más de doscientas familias, en su mayoría jóvenes trabajadores y trabajadoras con hijos a cargo inscriptos en el sorteo del Plan, decidieron en los primeros días de enero adoptar como medida de fuerza la toma de las viviendas ubicadas en el Barrio de Villa Delfina. La demanda de los ocupantes fue que el gobierno municipal gestione los materiales en función de que ellos mismos terminen la construcción de las viviendas.
Sin embargo, la respuesta de la intendencia, efectuada el día 10 de enero a través del Secretario de Salud y Promoción Social Diego Palomo, fue promulgar un decreto de castigo. El mismo estipuló que quienes no abandonaran la toma para el lunes 14 se verían excluidos de los “beneficios sociales” y no entrarían en el sorteo del Plan, así como sería prohibitiva su participación para cualquier plan de vivienda realizado en adelante en la ciudad.
El Consejo Local Económico Social (CLES), con la ausencia del FPV y protagonistas de la toma que no pudieron salir, emitió un comunicado solicitando la prórroga del decreto. Por su parte, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos repudiaron la medida adoptada por el poder ejecutivo y se hicieron presentes en la toma, en donde se había montado un escenario inédito: se dispuso un cerco perimetral que prohibía el ingreso de personas, así como proveer agua, comida y cualquier tipo de elemento. A su vez, fueron cortados todos los servicios esenciales. De ésta forma, la ciudad de Bahía Blanca se convertía en testigo de lo que a todas luces resultaba ser un campo de concentración en democracia.
El día 13 el médico del Hospital Municipal Horacio Romano concurrió por su cuenta a observar el estado de salud de las familias. Consultado a su salida del predio dijo que encontró “bebés y adultos con diarrea, un chico quemado y otro sin medicación para su epilepsia. No hay agua para higienizarse. Se observa una condición sanitaria peligrosa y una situación propensa para la transmisión de gérmenes además de la existencia de presión alta en chicas embarazadas, entre otras cosas”.
El día 15 la palabra represión estaba en boca de todos y de todas. El fiscal Oscar Bautista Duizeide pidió al juez de Garantías Guillermo Mércuri el desalojo de las más de 200 familias que ocupaban las viviendas. El Hospital Municipal recibió la directiva de despejar 30 camas y la estimación policial no descartaba posibles heridos. Cientos de efectivos policiales y de personal de civil, incluso muchos de otras jurisdicciones como La Matanza y Grupos Especiales, rodearon el cerco perimetral.
Más de seis horas de diálogos evitaron que las familias sufrieran la inminente represión. Estaban convencidos que el trasfondo de dignidad de su reclamo evitaría la violencia. Sin embargo la orden ya estaba dada. La dirigencia policial informó informalmente que el plazo era hasta las cinco de la mañana siguiente.
Finalmente a la una y media del día miércoles 15, las familias sin techo decidieron evitar la maniobra represiva y dejar de lado la judicialización de la protesta para llevarla nuevamente a su plano natural: el terreno de la política, donde el Estado municipal sigue sin ser capaz de dar respuesta, e insiste en criminalizar a los y las sin techo. Rodeadas de militantes sociales, políticas y de derechos humanos, marcharon más de 4 kilómetros hasta la plaza central de la ciudad, donde decidieron montar un acampe para continuar con el reclamo por una vivienda digna.
El 16 de enero la ciudad amanecía con un acampe y familias durmiendo sobre colchones a diez metros del palacio municipal. En horas de la mañana llegaron vecinos y vecinas del barrio Napal, un barrio cercano donde también se habían ocupado casas, informando que las fuerzas represivas que estaban dispuestas a llevar a cabo el desalojo, finalmente actuaron allí violentamente sobre unas 40 familias. Otros y otras sin techo se sumaron al acampe, al tiempo que solidariamente se fueron acercando carpas para paliar las altas temperaturas, las lluvias y evitar la noche a cielo abierto.
Delegados de los y las acampantes dialogaron con los funcionarios municipales sin éxito. Al día siguiente fueron censados en grupos de cinco personas. Los mismos informaron que el acuerdo de palabra existente con el Secretario de Salud y Promoción Social incluía costear el alquiler de los y las manifestantes hasta tanto se destrabe una posibilidad para saldar el problema de fondo: la vivienda. Sin embargo, las asistentes sociales encargadas de censar y generar acuerdos fueron dando respuestas insatisfactorias. La semana posterior estuvo poblada de cortes de calle como respuestas a cada maniobra oficial que intentara a desarticular la organización vecinal.
El sábado 26 trascendió un principio de acuerdo. Los y las sin techo estaban en horas del mediodía cargaron sus cosas en camionetas provistas por el municipio con el acuerdo de palabra que constaba en albergar a las familias hasta tanto consiguieran alquiler, y luego seguir con la discusión del acceso a las viviendas. Sin embargo, en las primeras horas de la tarde delegados del conflicto denunciaron que esa promesa no sería cumplida y que habría sido una maniobra para “despejar la plaza”. Nuevamente resolvieron volver a acampar y continuar con la lucha.
El gobierno municipal transmite a través de los medios de comunicación su posición: “que actúe la justicia”. El Comisario Inspector Gustavo Maldonado se hace presente en el acampe advirtiendo que existe una orden de desalojo y que actuaría en las próximas horas el día martes 29. De inmediato organizaciones sociales y políticas acuden a evitar la criminalización de la protesta y emiten un comunicado responsabilizando al gobierno municipal por no atender el reclamo e insistir con la vía judicial. A su vez se presenta un recurso de amparo para evitar la supuesta desocupación forzosa.
Al día siguiente llega a los y las sin techo una notificación emanada del Juzgado de Faltas Nª 2 a cargo del Dr. Gabriel Alberto Nardi. Allí se intima a desocupar la Plaza Rivadavia en el plazo de 24 hs. El dictamen se funda en la Ordenanza nº 15523 titulada “Arbolado Urbano y Espacios Verdes”. Las faltas que se imputan son “instalación de carpas”, haber “conectado un televisor”, “instalación de lonas y colchones sobre el césped”, “la colocación de carteles de protesta atado a los árboles”. En respuesta la Defensora Oficial de Turno, Dra. Fabiana Vanini, interpuso un recurso de apelación para evitar el cumplimiento de la disposición de desocupación, medida que al día de hoy tiene efectos suspensivos.
Así las cosas, los y las sin techo permanecen acampando con el diálogo cortado por parte del Intendente Interino Gustavo Bevilacqua. El conflicto ya cumplió un mes, los medios masivos de comunicación nacionales no levantan la noticia. Hasta el momento el saldo consta de esta triste cronología, cuyos elementos constitutivos son la fotografía de un campo de concentración en democracia, el trato inhumano durante la toma, así como en el acampe de familias enteras en situación calle y la criminalización de la protesta.
*Astor Vitali es músico y periodista, productor en FM de la Calle de la ciudad de Bahía Blanca, Conductor del Ciclo “Notas de Vida”, emitido por Radio Continental de la ciudad del sudoeste bonaerense, y Secretario General de la Unión de Músicos del Sur (UMSur).