Los jueces Eduardo Romero Lescano (izquierda), Alberto Piedrabuena (centro) y Emilio Herrera Molina (derecha)
El lunes por la noche la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán aceptó el pedido de destitución de los tres jueces que absolvieron a los 13 imputados en la causa por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Los acusados tienen 15 días para presentar sus descargos.
El 11 de diciembre pasado los jueces de la Sala II de la cámara penal de Tucumán, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, absolvieron a la totalidad de los imputados en la causa por el secuestro y desaparición de Marita Verón en 2002. Ante esta situación Susana Trimarco, madre de Marita y una de las principales impulsoras de la lucha contra la trata de personas en el país, presentó una serie de apelaciones. Una de ellas fue elevada a la Legislatura de la provincia para que se les inicie un juicio político a los tres jueces.
Los legisladores Sisto Terán, Guillermo Gassenbauer, Carlos Assán, Manuel Fernández, Roque Álvarez, Beatriz Bordinaro, Gregorio García Biagosch, Víctor Lossi, José Orellana, Iván Llorens Dip y Alfredo Quinteros, todos alineados con el gobernador Alperovich, decidieron aceptar el pedido de los abogados de Trimarco. El diputado opositor Ricardo Bussi (hijo del ex represor Antonio Bussi) fue el único integrante de la comisión que no asistió a la reunión.
La comisión de Juicio Político volverá a reunirse en los primeros días de marzo para recibir el descargo de los jueces (que tienen 15 hábiles para hacer sus descargos) y elaborar un dictamen en torno a la acusación.
Según el diputado Gassenbauer, la presentación realizada por el cuerpo de abogados de Trimarco “es admisible porque es un tema que la sociedad en general reclama que se esclarezca”. Y agregó: “Nos parece que es una necesidad que los jueces contesten y respondan a las acusaciones que se les están haciendo”.
En la acusación se incluyó al juez Herrera Molina a pesar de que este había renunciado a su cargo 13 días después del polémico fallo que generó manifestaciones en todo el país. Sin embargo, el gobernador José Alperovich confirmó que no le aceptaría la renuncia y firmó el decreto respectivo por lo que el magistrado deberá responder ante la comisión.
El cuerpo que se encargará de enjuiciar a Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano comenzará a funcionar a pleno durante los primeros días de marzo y elegirá sus autoridades en su reunión constitutiva si la comisión de Juicio Político decide acusar a los jueces.
Por la vía judicial
Por otra parte, por la vía judicial los abogados de Susana Trimarco presentaron también un recurso ante el Tribunal de Casación para solicitar la revisión de la sentencia que absolvió a los 13 imputados. Allí solicitan a la Corte Suprema provincial que deje sin efecto la sentencia dictada el 11 de diciembre pasado por la Sala II de la cámara penal. En la presentación se pide que se condene a los imputados absueltos por el tribunal o se anule el fallo y que otra sala realice nuevamente el debate oral y público.
Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles (que preside Susana Trimarco), dijo que el documento ingresó en la sala II de la Cámara Penal que integran los tres jueces responsables del fallo. “Desde hoy (por el lunes pasado), el tribunal tiene tres días para evaluar si fue presentado formalmente y una vez que lo acepte, enviará el expediente a la Corte Suprema de Justicia provincial”, agregó el abogado.
Garmendia también sostuvo que es probable que la causa termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Si la máxima autoridad judicial de la provincia no condena a los imputados ni llama a un nuevo juicio, nosotros apelaremos a nivel nacional, pero también entiendo que si nos hacen lugar al pedido, los defensores apelarán y terminaremos en Nación” explicó.
Los 13 imputados en la causa que fueron absueltos eran: Víctor Ángel Rivero, sindicado como el presunto autor material del secuestro, y su hermana María Jesús Rivero, acusada como autora intelectual del rapto. También Irma Lidia Medina y sus hijos, Gonzalo y José Gómez, propietarios de prostíbulos en la provincia de La Rioja adonde habría sido llevada la víctima.
En el mismo fallo fueron absueltos Daniela Milhein, quien presuntamente habría retenido a Marita en su casa antes de que fuera enviada a La Rioja, y su ex pareja, Alejandro González; Humberto De Robertis, Paola Gaitán, Mariana Bustos, Carlos Luna, Azucena Márquez y Domingo Andrada, estuvieron imputados en el juicio como presuntos partícipes secundarios en el caso.