Por Sergio Segura
Este lunes comienza en Colombia un nuevo paro nacional convocado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que promete ser potente y multitudinario. Con múltiples demandas, una gran variedad de sectores sociales buscarán ganarle el pulso al gobierno por los acuerdos incumplidos luego de las largas jornadas de movilización y resistencia de los últimos años.
La profundización de la política económica extractivista, el modelo de despojo de tierras y territorios, la eterna crisis de derechos sociales, civiles y políticos, la relación campo-ciudad y la necesidad de involucrar al movimiento social en la solución política al conflicto armado, son algunas de los principales reclamos que se concentran en los ocho puntos que el presidente Juan Manuel Santos ha incumplido a la Cumbre Agraria (articulación que aglutina a buena parte del movimiento popular colombiano) y por ende al país en su conjunto.
Para Eduardo León, referente del Congreso de los Pueblos y delegado de la Cumbre Agraria, este es un momento para sembrar rebeldía, pues hubo un “pacto agrario” expuesto con el Gobierno “que, en síntesis, no recogió las demandas planteadas por nuestras comunidades y prosiguió la agenda del saqueo”.
En la previa a este paro, la élite política, de la mano de sus fuerzas represivas, ha actuado como de costumbre: relacionando la movilización social con la insurgencia, generando ante la opinión pública temor para manifestarse libremente, suponiendo actos de terrorismo e “infiltración”, una de las expresiones más usadas para tergiversar las demandas populares que tienen que ver con la garantía de los derechos humanos, con el fin de los asesinatos y encarcelamientos masivos, como suele ocurrir luego de cada balance de lucha que libran en las calles las y los desencantados colombianos.
Los medios masivos de comunicación, con la periodista española de ultraderecha Salud Hernández a la cabeza, han estigmatizado a la región del Catatumbo (Norte de Santander), uno de los pueblos más autónomos y fuertes del país, donde los pobladores, sin recuperarse aún de las masacres paramilitares y toda la historia de violencia y abandono estatal, se envalentonan para gritar que la lucha campesina sigue ahí, vigente, que no claudica aunque se les militarice. “No se van a autorizar desplazamientos”, afirmó con prepotencia el gobernador de Norte de Santander, quien aseguró que esto es un “paro armado”, dándole un carácter de peligroso a la movilización social que pudiera tener un tratamiento militar con semejante aseveración. Además, ofrece 100 millones de pesos para “quien brinde información” de supuestos explosivos y material de guerra.
Con el campesinado a la cabeza, esta Minga Social es impulsada por numerosas organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres, por pueblos indígenas y afro, también pobladores urbanos como los de Bogotá, para quienes el paro es una oportunidad de rechazo radical a la privatización del patrimonio público, un momento político para visibilizar la indignidad cotidiana de una ciudad que se sumerge en el límite de la deficiencia de derechos y la exclusión social. Precaria situación dirigida desde el alcalde Enrique Peñalosa, un farsante comprobado, un empresario que no tiene vergüenza para dañar más la ciudad con tal de copar sus bolsillos y los de sus socios, un corrupto ejemplar que miente sobre sus estudios, que no cuida el agua, que pretende construir sobre humedales recuperados, un político que en definitiva gobierna para los acaudalados. La ciudadanía capitalina lo pretende revocar.
Esta Minga es un esfuerzo colectivo del pueblo colombiano para parar indefinidamente el país y conquistar logros políticos de trascendental envergadura, quizás como los acaecidos en décadas anteriores, donde militantes y ciudadanos pusieron el cuerpo para hacerse escuchar y así extendieron su brío con consecuencias vitales por un lado y fatales por el otro.
El movimiento social colombiano, articulado en esta Cumbre, se ratificó por la solución política al conflicto armado y saluda todas las iniciativas que conduzcan al fin de los enfrentamientos armados. No obstante, manifiestan preocupación porque saben que la salida de insurgentes de los territorios implica el regreso de las multinacionales, lo que implica más desplazamientos y más despojo de los recursos naturales con el apeo de las estructuras estatales. Del mismo modo, “es una paz incompleta” según las organizaciones, pues se va a firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP sin haber desmontado el paramilitarismo, con un asesinato político por semana y con importantes dirigentes sociales y académicos en prisión.