Por Francisco Parra – @frparrag
En marzo, empresas salmoneras vertieron 9 mil toneladas de peces muertos en el mar de Chiloé. Con zona de catástrofe declarada, familias chilotas por completo se han unido para exigir responsables de la crisis ambiental que se vive. Mientras, el gobierno envía a la policía y ofrece míseros en bonos, en sintonía con 40 años de políticas neoliberales que garantizan las ganancias de las transnacionales.
Cada cierto tiempo, Chile se remece con experiencias de movimientos sociales provenientes de las regiones. Fue Freirina, con la protesta contra Agrosuper, fue Magallanes con el precio del gas y fue Aysén, abandonado continuamente por los gobiernos centrales. Hoy, nuevamente desde el sur del país, la isla grande de Chiloé es la que se levanta.
Y lo hace otra vez debido a las consecuencias catastróficas que ha traído para el medio ambiente y las comunidades la confluencia del extractivismo marítimo transnacional con el Estado Neoliberal que ha regido en Chile en los últimos 40 años.
La historia es así: Chile es el segundo productor mundial de salmón. Introducidos en los mares chilenos en 1976, en pocos años el país se transformó en una potencia del rubro. La explotación industrial del salmón fue entregada al capital transnacional, con el Estado respaldando financiera y logísticamente el desarrollo de la industria salmonera, a través de infraestructura de acceso a la zona, estudios de universidades públicas, proyectos hidroeléctricos y leyes que minimizaban toda fiscalización del extractivismo marítimo.
Distribuidos por distintos centros de cultivos en la región de Los Lagos, la creciente industria del salmón descubrió lo rentable que era el negocio, pues la mantención de los peces era con harina de pescado que se consigue en la misma zona. Poco importó que el 70% no es consumido y se acumula en el fondo del mar junto a las fecas de los salmones. O que el tratamiento con antibióticos promueva la eutrofización, el aumento de de nutrientes y temperatura en las aguas. Así, se generan micro algas, que vuelven el agua turbia, consumen el oxígeno del agua y pueden provocar la muerte de otras especias marítimas.
Ya en enero de este año, el gobierno de Chile anunció la aparición de marea roja en Quellón, al sur de la isla grande de Chiloé. Se trata de un tipo de florecimiento de algas, ligados a cambios de temperatura, salinidiad y cantidad de nutrientes en el mar. Si bien no afecta a los peces, puede llegar a ser tóxica para el ser humano. En febrero, el florecimiento de otra micro alga no tóxica para el humano ocasionó la muerte por asfixia de 40 mil toneladas de salmones.
Entonces, desde la industria culparon al fenómeno del niño y los cambios de temperaturas de las aguas. Y la Armada chilena y las autoridades marítimas se cuadraron nuevamente con ellos: autorizaron a 6 empresas salmoneras vertir 9 mil toneladas de peces muertos a 70 millas de las costas de Chiloé. Los pescadores de la zona denunciaron inmediatamente que la nula fiscalización, que la cantidad superaba con creces lo permitido y que no se realizaba a 70 millas, sino mucho más cerca de la costa.
Solo semanas después, la marea roja se extendía considerablemente y el gobierno decretó zona de catástrofe en la zona. Al impedir todo tipo de pesca, se paralizó la principal fuente de trabajo de la zona. Y la industria, una vez más, culpaba al fenómeno del niño.
Billetera fácil para las transnacionales
El pueblo chilote se levantó en su conjunto. Cortaron los accesos a la isla, paralizaron trabajos y estudios para apoyar a los pescadores artesanales. La situación propició el surgimiento de un movimiento social en la zona y la marea roja se transformó solo en la punta del iceberg. Agrupados en distintas asambleas según ciudades, demandaron al gobierno una investigación que explique las verdaderas causas de la crisis medioambiental que se vive en la zona y si existe responsabilidad de la industria salmonera.
Exigieron también, una indemnización y bonos permanentes para los afectados de la crisis y el apoyo estatal a la pesca artesanal. En 2007 se vivió la última gran crisis salmonera, por la aparición del virus ISA en la industria, esa vez producto de estrés producto de la sobreexplotación de salmones, fueron afectados por la enfermedad. Las ganancias de las empresas se redujeron en un 50% en solo un año. Entonces, el gobierno de Michelle Bachelet reaccionó: tramitó un crédito de 450 millones de dólares para la industria salmonera.
Quien tramitó ese salvataje a los empresarios fue Felipe Sandoval, quien fuera también Subsecretario de Pesca durante el gobierno de Ricardo Lagos. Hoy, Sandoval es presidente de SalmonChile, el gremio de las industrias salmoneras. Es uno de los casos más grotescos de las puerta giratoria entre el mundo estatal y el privado -característico del Chile postdictadura-: Pasó de fiscalizar a las empresas salmoneras, a ser el representante del empresariado salmonero.
Ahora, en su segundo mandato, Bachelet le respondió a los pescadores enviándoles a Carabineros para que los repriman y ofreció un mísero bono de 100 mil pesos chilenos (145 dólares). “Este no es un gobierno de billetera fácil”, dijo el ministro de Interior Jorge Burgos. Esa misma semana, en el marco del caso “Milicogate”, se supo que el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, tenía un patrimonio superior a los 4 millones de dólares, que esa misma cifra se gastó en bebidas alcohólicas durante su gestión y que un cabo gastó 3 mil 480 millones de dólares provenientes de la Ley Reservada del Cobre -que traspasa ingresos de exportación del cobre al Ejército- en una noche jugando a las tragamonedas en el casino.
Lamentablemente, una simple mirada a la industria salmonera y sus redes de poder parecen descartar desde ya que se les vaya responsabilizar de la crisis. Luksic, Angelini, Matte, Solari, Piñera, todas las grandes familias empresariales del país están de una u otra forma ligadas al rubro.
El conflicto en Chiloé ha bajado de intensidad. El gobierno empezó a pagar el bono sin llegar a acuerdo con las comunidades, negoció con cada ciudad por separado y poco a poco desactiva la movilización. Pero pasada la coyuntura, queda el ejemplo de miles de familias chilotas que le dijeron enrostraron en su cara al Estado Neoliberal chileno la responsabilidad que tiene en la catástrofe medio ambiental que vive Chiloé.
No es solo fenómeno del niño, aunque sin duda juega un factor. Pero también lo son 40 años de manejo irresponsable, de un capitalismo extractivista que avasalla con todo a su paso y de gobiernos que demuestran que administran un modelo donde el capital está siempre por sobre la humanidad.