Por Guido Turdera. A casi un año de la masacre que dejó 51 muertos y 700 heridos, la lucha de los familiares por justicia avanza y se eleva la causa a juicio oral. El espectro de los acusados alcanza tanto a los hermanos Cirigliano como a los ex funcionarios del gobierno Schiavi y Jaime.
Habiendo pasado 11 meses de aquella mañana de febrero que dejó 51 muertos en la estación Once, la investigación preliminar se dio por finalizada: el juez federal Claudio Bonadío decidió elevar la causa a juicio oral. De manera concomitante, fue el fiscal Federico Delgado quien determinó que se juzgarán a los empresarios Mario y Claudio Cirigliano -responsables de la concesión de TBA-, a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi (quien renunció luego de la masacre), como así también al maquinista Marcos Córdoba. Asimismo, la acusación incluye a Antonio Luna, ex sub-secretario de Transporte, y a Pedro Ochoa y Antonio Sícaro, quienes eran titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.
Por empezar, a los ex funcionarios estatales se los ha acusado de actuar como cómplices de la tragedia, dada la ausencia de control subsidiario sobre la empresa concesionada. Como el maquinista, han sido procesados por el delito de descarrilamiento culposo, agravado por muerte. Tal calificación tiene como pena de uno a cinco años de prisión, aunque la misma es provisoria: en caso de que alguno de los querellantes acuse por “homicidio simple”, se puede llegar a los 25 años de prisión. A la vez, a los empresarios se les ha adjudicado el mal mantenimiento de las formaciones junto a la falta de medidas para resolver fallas en los mecanismos de los trenes que habían sido reportadas días anteriores.
Asimismo, tanto una parte como la otra han sido acusadas por “defraudación” como resultado de la desatención brindada hacia numerosos informes de la Auditoría General de la Nación sobre varias fallas e incumplimientos en torno a las cuestiones de seguridad de TBA y la integridad de sus formaciones.
Por el otro lado, desde la fracción empresarial, se ha tratado de hacer hincapié en la responsabilidad del maquinista como autor de la masacre, al sostener que este estaba alcoholizado en el momento del incidente y que eso permitió que todo ocurriese.
Los familiares y su comunicado
“Tratan de aparentar que las obras que se anuncian en los trenes son una política de Estado cuando sabemos que se cimientan en los muertos de la tragedia de Once, y ésa es la realidad que sabemos los familiares y el resto de la sociedad” sostuvo María Lujan Rey -madre de Lucas Menghini Rey- en una entrevista con Radio Sur hace pocos días.
Como todos los 22 de cada mes desde febrero del año pasado, los familiares y amigos de las víctimas hicieron el acto recordatorio en la estación ferroviaria de Once. Allí se leyó un comunicado firmado por todos los familiares de la tragedia, donde se expresó que “la elevación a juicio oral de la causa es un dictamen que nos llena de satisfacción”. También se congratuló el accionar legal de los integrantes de la sala 2 dela Cámara Federal, los doctores Cattani, Farah e Irurzún y el juez instructor de la causa el Dr. Claudio Bonadío.
Por otro lado, el comunicado hizo foco en el quehacer del Gobierno, erigiéndose de manera crítica respecto de su actitud hacia la tragedia y los familiares. En este sentido, se sentenció que el agravamiento de las acusaciones contra Schiavi, Jaime y Luna “dan cuenta del rol fundamental que los representantes del Poder Ejecutivo tuvieron en la tragedia”. La pregunta principal sostiene: “¿por qué el Poder Ejecutivo sigue en silencio, sin asumir su culpa en la tragedia cuando sus ex funcionarios están procesados?”. Pero el Gobierno no ha sabido darle respuesta.
En lo que respecta a los trabajadores de la empresa, los familiares han tomado una postura de solidaridad para con ellos, entendiendo su situación y denunciando, por el contrario, a la parte empresarial: “no los responsabilizamos de nada de lo que marcamos respecto de los vagones” ya que “fueron ellos quienes valientemente realizaron las fotos que probaron que en ese mismo lugar los Cirigliano intentaron quemar documentación fundamental para la causa”. Siguiendo en la misma línea, los cañones vuelven a apuntar hacia el Gobierno, a quien interpelan sobre lo problemático que es conservar bajo control empresarial -aquel responsable de la tragedia- el mantenimiento de los vagones, pudiendo ser “un gran gesto” que la empresa pase a ser del Estado nacional.