Por la causa que dirime la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 sancionada por el Congreso, Clarín y el oficialismo se presentaron ayer ante la sala de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal para explicitar los argumentos de sus respectivas apelaciones.
Tanto el grupo Clarín como el oficialismo -a través de la Jefatura de Gabinete y de la AFSCA- se presentó ayer ante la Sala I de la Cámara Civil y Comercial -integrada por camaristas duramente criticados por el Gobierno nacional por su actuación en la causa- con el fin de esgrimir los respectivos fundamentos a las apelaciones que hicieron el mes pasado a propósito del fallo del juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso, quien se pronunció en favor de la constitucionalidad de todos los artículos de la norma, por un lado, así como también por el rechazo de la misma por parte del multimedio lo que generó un impasse legal.
Mientras que el oficialismo tenía como objetivo frenar la suspensión de la aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar una extensión aún mayor de la aplicación de la norma -hace más de tres años que a través de una medida cautelar el Grupo Clarín impide su puesta en marcha-, el multimedio acusó a Alonso de omisión de pruebas y de no haber tenido en cuenta las pericias oficiales, así como de desconocimiento de la jurisprudencia y doctrina de la Corte Suprema.
Es que la novela que desató la ley de medios entre el oficialismo y el grupo Clarín, cual versión verano de media tarde, tuvo su nuevo capítulo en enero. Recordemos que el pasado diciembre y luego del invariable 7D, el juez Alfonso había considerado que la norma era constitucional y que ni los límites a la tenencia de licencias de radiodifusión, contemplados en los artículos 45 y 48, ni el proceso de desconcentración que propone la norma, implicaban un atentado contra la libertad de expresión, desterrando así cualquier pretensión del multimedio.
Pero a los pocos días, Clarín apeló el fallo “por arbitrario e irrazonable”. En este sentido, ayer el grupo presentó los fundamentos mediante un escrito en donde argumentaba su rechazo a lo resuelto por Alfonso e insistió en que la Cámara declare la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley que refieren a los puntos mencionados anteriormente; cantidad de licencias y plazo de desinversión. Además, insistió en que la norma vulnera aspectos relativos a la libertad de expresión y a derechos constitucionales. Manotazos de ahogado de un grupo que definió como estrategia hacia el 2013 “estirar” un proceso de adecuación a ley, en un año con un peso no menor al electoral.
Por su parte, el oficialismo presentó “agravios” ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, vinculados a la falta de reconocimiento que le otorga al Grupo Clarín para litigar en nombre de las licencias que explota, es decir, el argumento reside en que el multimedio nunca debería haber sido aceptado como querellante en la causa debido a que las licencias siguen a nombre de sus originales propietarios. Apenas se retiró de la Cámara, Sabbattela acusó a Clarín de “recurrir a maniobras dilatorias que impiden la aplicación integral de la ley sancionada hace más de tres años”. Además, el Gobierno había despedido el 2012 con cierto sabor amargo cuando Alonso concedió la apelación del holding, en este sentido el titular consideró que dicho accionar “mantuvo con puntos suspensivos” la cautelar en favor de Clarín.
La misma Cámara que en aquel entonces rechazó la presentación que el Ejecutivo intentó aplicar a través del per saltum para lograr que la decisión final recayera en manos de la Corte Suprema, es la que ahora deberá ordenar su traslado a ambas partes para luego establecer un nuevo plazo de diez días hábiles para su contestación, que recién correrán a partir de febrero, fecha de finalización de la feria judicial.
El titular de la AFSCA ya anunció que hasta que la Cámara se expida continuarán “trabajando en analizar los planes de adecuación voluntaria que presentaron las empresas”.