Por Federico Paterno
La periodista Diana Della Bruna, de la agencia periodística Timbo, cubrió el desalojo del paraje “El Rincón” de Pampa del Indio. Hoy está procesada como partícipe necesario con acción agravada y el uso de armas. El violento oficio de informar.
El paraje “El Rincón” de Pampa del Indio ubicado en la provincia del Chaco es el lugar donde hace seis años se produjo el desalojo de la familia qom Adriani-Berdún. No hubo ningún tipo de aviso. Hubo violación de los derechos indígenas. Fueron al menos 30 efectivos policiales los que participaron en el desalojo. Los lotes tienen una totalidad de 130 hectáreas y a pesar de que la justicia chaqueña dictaminó la expropiación de las tierras a favor de la familia originaria, el proceso judicial continúo su camino con un juicio en la mira.
La periodista de la agencia periodística Timbo, Diana Della Bruna, quien cubrió el desalojo para el Instituto de Cultura Popular (INCUPO) está procesada como partícipe necesaria con acción agravada y el uso de armas. Un problema que se reitera con campesinos/as e indígenas: la posesión de las tierras y el negocio de los terratenientes y el Estado. En 2010 fueron dos los desalojos, en marzo y octubre.
“Yo estuve en el desalojo del 15 de octubre, a las 6 de la mañana empezamos a recibir llamados de la familia que estaba con la fiscal Gladys Acosta de Scarel y la supuesta dueña y personal policial, aproximadamente 30 agentes que estaban desalojando a la familia sin orden. En marzo la familia había resistido el desalojo, por eso en octubre viene con la orden de allanamiento. Destruyen todo, la casa de uno de los hermanos; el rancho lo convierten en cascote; un corral que destruyen, rompen un baño de material y tiran todo lo que había al paso: chapas, cascotes y los postes de la otra casa que pertenecía al otro lote”, apuntó la periodista Diana Della Bruna.
Son 130 hectáreas, dos lotes, uno de ellos es el que está especialmente en conflicto. La familia poseedora de las tierras por sus trabajos en las mismas por décadas. La Comisión Zonal de Tierras fue la encargada de apuntalar a la familia Adriani Berdun y comenzó un trabajo en conjunto. INCUPO se suma a esta tarea; comienzan a mover unos papeles de los lotes en cuestión y desde ese momento arrancan automáticamente las amenazas de desalojo.
El desalojo
“Después de la llamada que recibimos de la familia, nos organizamos para hacer el registro fotográfico y las notas correspondientes; al llegar al lugar ya estaba todo destruido pero quedaba personal policial custodiando el lugar. Llego con algunas personas, cuatro o cinco y ya estaban algunas organizaciones en el lugar: la Comisión Zonal de Tierras, La Unión Campesina y la CCC Aborígen estaban queriendo que la policía se vaya”, explicó detalladamente Della Bruna y continuó el puntilloso relato, “comienzo a sacar fotos de las conversaciones entre las organizaciones indígenas y la charla que mantenían con la policía. Finalmente la policía se va, las organizaciones estaban dentro del campo, yo entro y saco fotografías de toda la destrucción que hicieron, al otro día volví y conversé con la familia”.
Hasta ese momento era el trabajo periodístico de la fotoperiodista y no pasaba a mayores. En la ciudad de La Plata se realizaba un congreso y ahí estuvo Della Bruna. Recibe un llamado de su jefe que le cuenta sobre su situación tras la cobertura de Pampa del Indio. La policía la estaba buscando, con orden de captura y todo.
Fueron imputadas nueve personas: tres hermanos de la familia qom (Hilario, Sixto y Alcides), la periodista Della Bruna y cinco dirigentes indígenas que apoyaron a la familia durante el desalojo en 2010.
De película
La historia de película que le imputan a la trabajadora de prensa es: partícipe necesaria con acción agravada y el uso de armas, “porque me dijeron que en mi camioneta había llevado en dos viajes a 20 personas en cada viaje. Algo que no podía pasar porque no entran 20 personas en la camioneta y además agregaron que estaban todos armados con cadenas, palos y machetes”, señaló.
La periodista de la agencia de noticias Timbo se encargó en octubre del 2010 de fotografiar la negociación entre dirigentes indígenas y la policía presente en el lugar.
El abogado de Della Bruna se encargó de presentar la nulidad del desalojo ya nombrado al hacer hincapié en la violación de la ley 26.160 de los derechos de los pueblos originarios. La misma en su artículo número 1 aclara: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años”.
Persecución indígena
La periodista, más allá de su situación judicial y su tarea, el día del desalojo dejó lugar para poder relatar lo que viene sucediendo con los dirigentes indígenas en el norte de la Argentina. La impunidad con la que se maneja el poder judicial y sus empleados de cada mes.
“Mártires López, fue un gran líder indígena de la provincia. Murió en circunstancias muy dudosas en un supuesto accidente de moto; en determinado momento hubo muchos dirigentes indígenas que los ´chocaban en la ruta´ era un modus operandi, todavía no se hizo bien la autopsia. Mártires fue uno de los que organizó la gran marcha del 2009, la caminata de Pampa del indio a Resistencia y el acampe de tres meses en el lugar”, informó de esta manera las situaciones dudosas en las que mueren los referentes de los pueblos indígenas.
“Víctor Gómez (Presidente de la Federación Nacional Campesina) por ejemplo tiene once causas. Cada vez que cortan la ruta le hacen una causa. Ahora están reviviendo todas las causas para que no reclamen más”, asevero Della Bruna.
Cuando tenga la tierra
Hasta el momento en la situación de las tierras en conflicto en el paraje El Rincón no se produjo la expropiación en su totalidad de los lotes por parte de la Legislatura del Chaco. Aún restan 50 hectáreas ser expropiadas. Y a seis años después de lo sucedido todos los imputados continúan judicializados.
“Con la ley de derecho indígena 26.160 prohíbe los desalojos y el procedimiento policial y judicial es nulo y por esto estamos luchando ahora. Mi sobreseimiento es uno de los temas; soy una periodista y estaba cubriendo un conflicto social y además no pueden pasar tantos años sin que uno tenga una designación en una situación judicial como ésta”, advirtió la reportera.
Hoy lo que pide Della Bruna es la nulidad de la causa de todos los imputados y su futuro sobreseimiento. “Actualmente quisimos sacar la causa de San Martín porque la jueza Bianchi no nos daba lugar a nuestros planteos y decidimos elevarlo al Superior Tribunal de Justicia de Chaco”, aseveró.
La jueza Grillo
Iride Isabel Grillo fue la jueza que decidió tomar posición a favor de los inculpados, “entiendo además que se está en presencia de una sentencia arbitraria conforme los estándares exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a la delimitación de tal concepto”. “Para ello tengo presente, la arbitrariedad no es una manifestación de error o injusticia, es algo más pues se trata de la omisión involuntaria”.
En su texto el relato de la jueza Grillo continuó: “de la confrontación de dichos conceptos con el contenido del fallo materia de recurso, se evidencia que estamos frente a un supuesto de arbitrariedad por prescindir la magistrada en su pronunciamiento de una ley nacional específica en la materia, sin siquiera ponderar su sentido y alcance, incurriendo debido a ello en la denunciada arbitrariedad”.
Una reflexión final que dejó la entrevistada, “El Tribunal de Justicia propone ir a juicio, pero no tenemos por qué estar en el banquillo de los acusados. Hoy los pueblos originarios tienen un conocimiento sobre sus derechos, su legislación y sus leyes mucho más grande y el Estado no puede callarlos tanto; pero no es de ahora viene de hace mucho, tal vez ahora se está visibilizando más”.