Lisbeth Montaña E.*
Ayer, 6 de mayo, Imelda Daza, líder de la Unión Patriótica, fue atacada a balazos cuando salía de la sede donde se llevaba adelante una reunión relacionada con los procesos de paz en Cartagena, Colombia.
En lo que va de 2016 más de 35 líderes han sido asesinados y asesinadas, todos y todas defensores de derechos humanos, líderes campesinos, sociales y políticos. A esta grave situación se suma una serie de detenciones arbitrarias a líderes de organizaciones sociales y partidos de izquierda, el tratamiento de guerra que se da a la protesta social, como lo ocurrido contra el movimiento afro en el norte del Cauca y la militarización de todos los campos y ciudades.
Pero lo ocurrido el día de ayer ha sido la gota que derramó el vaso: numerosas personas de diversas organizaciones sociales y políticas pertenecientes a la Unión Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el Partido Comunista, Marcha Patriótica y otras organizaciones sindicales y sociales estaban reunidas en instalaciones del sindicato SUTIMAC. Cuando salió la líder Imelda Daza, fueron atacados por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones, resultando herido un guardaespaldas de Manuel Fernández presidente de SUTIMAC.
Hechos como este diluyen de un golpe las esperanzas y las posibilidades que aguardan muchas organizaciones de tener garantías para ejercer una participación política y alcanzar la paz. Imelda Daza volvió del exilio en 2014 junto con la líder de la Unión Patriótica, Aida Avella, esperanzadas en que esa Colombia, donde los organismos estatales habían ejecutado la Operación Baile Rojo, era cosa del pasado, aunque con incertidumbres frente a las garantías para mantener la vida. Hoy el mensaje que envía el régimen oligárquico va en sentido contrario: en Colombia no hay espacio para pensar distinto, no hay espacio para la oposición.
Hoy volvemos a las mismas imágenes de los años 80, las que nos devuelven al testimonio de ese capítulo en el que Imelda Daza, entre lágrimas, daba testimonio de las condiciones y explicaba por qué había sido obligada a irse al exilio
https://www.youtube.com/watch?v=SYJuSlG2IuI
Así, vemos cómo la derecha empuja a la repetición de la historia hoy nuevamente como tragedia. Por eso el 06 de mayo Imelda y otros dirigentes fueron atacados nuevamente por un grupo de hombres armados.
Pero ahí no cesa el drama. Este hecho se da en un contexto político social bastante adverso en medio del cual se viene desarrollando un diálogo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se anunció el inicio de la negociación pública con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En ese contexto, la falta de voluntad del Gobierno Nacional es evidente: en primer lugar, coloca trabas para una refrendación de los acuerdos con participación popular; y respecto de la negociación con el ELN, el gobierno se niega a iniciar las conversaciones y a desarrollar la agenda acordada. Por otro lado, en ninguno de los dos casos se dan las garantías para la participación política de la izquierda y el respeto como oposición en Colombia.
Mientras tanto, en estos días la acción del paramilitarismo se hizo más evidente: decretaron paros armados en 25 municipios de Colombia (paro que incluyó amedrentamientos contra la población civil, cierre de carreteras, amenazas si la gente salía de sus casas, etc.) bajo los nombres de Clan Usuga y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Al mismo tiempo, el senador Álvaro Uribe Vélez convoca marchas contra la paz; por lo que las dos acciones coinciden en tiempos y propósitos.
Luchar por la paz y contra el neoliberalismo
El gobierno de Juan Manuel Santos sigue implementando leyes y reformas que van en contra de los derechos sociales y políticos, en contra de la autonomía de las comunidades, mientras en su discurso habla de paz.
Por estas razones, las organizaciones sociales realizaron el 17 de marzo un paro de 24 horas en todo el país y han convocado a un paro nacional para inicios del mes de junio. Piden que sean cumplidos los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que sean respetados los derechos de las y los trabajadores y no se adelanten más reformas que afectan a los sectores populares del país, ni se vendan los activos de la nación.
Ayer, también en la ciudad de Bogotá, se daban marchas de distintas organizaciones sociales y sindicatos en defensa de la Empresa de Teléfonos de Bogotá Etb, a partir del anuncio del alcalde Enrique Peñalosa de privatizar esa empresa hoy pública (una de las pocas que les queda al país).
El atentado de ayer, entonces, deja abierta nuevamente la disyuntiva de guerra o paz. Cierra la puerta a una participación política por parte de la izquierda –cuyos líderes y militantes se encuentran sin garantías para preservar sus vidas–, con el triste panorama de que hoy las comunidades no pueden retornar a los territorios de los que fueron desplazadas y que muchos y muchas exiliados por razones políticas incrementan su temor de retornar, porque todavía no se supera el capítulo de horror y sangre, que la derecha y la oligarquía abrió hace décadas y que no conciben en acabar. Difícil y triste momento para Colombia, que el movimiento popular debe enfrentar luchando al tiempo contra el neoliberalismo y por la paz.
*Educadora y comunicadora del INS y Congreso de los Pueblos.