Por Nadia Fink (desde Río Negro)
Luego de que la causa fuera rechazada por la justicia Federal y volviera al fuero provincial, conversamos con Gualberto Solano en Choele Choel. Además, el abogado de la familia, Sergio Heredia, actualiza las novedades de la causa.
Los días cálidos se terminan en Río Negro y el frío empieza a sentirse sin aviso y con intensidad. Gualberto Solano, el padre de Daniel, pone la pava en la piecita destinada a las donaciones de Cáritas que ocupa en la parroquia a cargo del joven Cristian Bonin. Gualberto se cuida del frío todo lo que puede, porque sólo un pulmón le funciona después de haber trabajado por años expuesto a la intemperie. Llegó hace más de cuatro años desde su Salta natal y se quedó: primero para encontrar a Daniel y, luego, con la certeza de que ya no aparecería con vida, a la espera de que aparezca su cuerpo y se juzgue definitivamente a los culpables de su asesinato y las redes de complicidades. Cada día va hacia al acampe que mantiene la familia Solano frente al juzgado N° 30, donde se lleva adelante la causa; y donde esa mañana sus sobrinas, Maira y Romina, cocinaban empanadas para vender el 1 de mayo, día de trabajador.
También hace algunas “changas” que lo ayudan económicamente un poco: corta el pasto en algunas casas, cuida las instalaciones de la iglesia por la noche o cuando Bonin está de viaje. La tozudez de Gualberto genera inquietud en un sistema que preferiría que todo quede como está y donde el caso de Daniel Solano generó un error en la Matriz. Como cuenta el abogado de la familia, Sergio Heredia: “El caso Solano resume lo que pasa en este país, donde el gran problema es la justicia, la explotación laboral, la discriminación, la trata de personas, la droga, la mediocridad y la ineficiencia judicial”.
Es que Daniel había llegado en septiembre de 2011 desde Tartagal a Valle medio, en Río Negro, para trabajar en la temporada de raleo y cosecha de manzanas, casi 2300 km hacia el sur. Además, pertenecía a la comunidad indígena Misión Cherenta. El reclutamiento de los trabajadores golondrina fue de para Agrocosecha SRL, que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque. A los galpones con mínimas condiciones llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Cuando los trabajadores cobraron sólo 800 de los 1800 pesos prometidos en la partida, Daniel Solano alzó la voz. Y por eso mismo está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue sacado por la policía de Macuba, el boliche de Choele Choel, a las tres de la mañana. Entramados de complicidades entre las empresas frutícolas que explotan el trabajo golondrina, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces que hacen la vista gorda tiene la historia de Daniel, eso de lo que habla Heredia.
Un regreso que no es volver a empezar
Hace un mes y medio la Justicia Federal rechazó su competencia para investigar el caso como “Desaparición forzada de persona”. Sobre el tema, nos explicó el abogado: “La causa Solano tiene una principal que es la del homicidio y vejaciones y privación ilegítima de la libertad, donde se procesó a los siete policías que estuvieron detenidos tres años [liberados luego con bajas fianzas], que son los autores materiales del crimen. Pero el fiscal Guillermo Brodato planteó la incompetencia de la causa, y dijo que nos encontramos en presencia del delito de desaparición forzada de persona, que es un delito más grave que el homicidio, de lesa humanidad. Nosotros nos opusimos porque consideramos que no era así, pero sobre todo porque ir a la Justicia Federal era prácticamente comenzar todo de nuevo, porque a los policías había que darles la defensa nueva por el nuevo delito planteado”.
“Creemos que esto fue una medida de encubrimiento de toda la justicia provincial para sacarse la causa de encima”, afirmó Heredia. Por eso, “cuando la causa pasó a la Justicia Federal no aceptaron el juez determinó que quien debe resolver esta cuestión (con pérdida de tiempo) será la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Hoy siguen esperando que se autorice la excavación en el Jagüel cercano a Choele Choel, donde el abogado afirma que está escondido el cuerpo de Daniel, según afirmaron ya varios testigos. “El poder político y empresarial de Río Negro quería que nosotros lleguemos únicamente a los policías, que nos volviéramos y que ahí quedara el tema, que quedara todo olvidado con respecto a los empresarios, que son los que ordenaron la muerte. La causa siguió y sigue avanzando por más que la Justicia ha protegido a los autores ideológicos y a los encubridores. También hemos demostrado que las empresas que usaban a estos asesinos, como Agrocosecha Empresa Argentina, fueron declaradas en concurso en Córdoba para no pagar los 18 millones de la estafa a los obreros”, detalló Heredia.
Gualberto vuelve a calentar el agua y convida unos bizcochos que no se pueden comer de a uno. Mientras, muestra una foto de su nieto recién nacido, que le envió su hija desde Salta: lleva como segundo nombre Daniel. Esa foto es de las pocas pertenencias que lo representan en esa pieza sencilla. Los llamados familiares y esa foto enmarcada son ráfagas de un pasado que ya no será nunca más. Porque pasaron cuatro años. Porque falta Daniel. Sin embargo, la persistencia de Gualberto es una grieta en el sistema que no contaba con esa paciencia ancestral de pueblo originario. Tampoco con un abogado que parece dispuesto a no bajar los brazos, mientras afirma: “No vamos a dejar que esto quede impune porque es una promesa”.