Tapa del diario La Nueva Provincia el 24 de marzo de 1976
Por Sofía Pascualetti. El pasado miércoles se dieron a conocer los fundamentos del fallo que condenó a dieciocho imputados por delitos de Lesa Humanidad en Bahía Blanca y la zona, y ordenó la investigación de los directivos de la empresa periodística local por posibles “delitos de acción pública”.
Se trata de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca -integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava- que condenó a prisión perpetua a 14 imputados; en tanto otros tres fueron condenados a penas que superan los 17 años de prisión.
En una extensa resolución, el tribunal estableció que la totalidad de los delitos enunciados “resultan ser crímenes de lesa humanidad” y, por mayoría, que los mismos “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar”; a la vez que revocó las excarcelaciones de las que gozaban algunos de los imputados, como así también la prisión domiciliaria de uno de ellos, ordenando el cumplimiento de la pena en cárceles comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal.
Por otro lado, ordenaron a los juzgados federales investigar la posible comisión de delitos por parte de los directivos del diario La Nueva Provincia en consideración de las numerosas publicaciones de la época que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados propuestas por el V Cuerpo de Ejército, “encubriendo en la totalidad de las veces actos de naturaleza criminal, tal como se demostró en el debate”.
El rol de La Nueva Provincia
Los jueces afirmaron que, previo al golpe de Estado, la empresa local protagonizó una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
Posteriormente, y conforme se acreditó durante el juicio oral, el Tribunal concluyó que las publicaciones sobre falsos “enfrentamientos con elementos subversivos”, como las comunicaciones del Ejército con la población en general, respondieron a “necesidades operacionales psicológicas”, acorde a lo prescripto en la reglamentación militar de la época, siendo La Nueva Provincia el medio periodístico encargado de volcar tales falsedades a la población de Bahía Blanca, entendiendo que “el diario al margen de su función específica también, y aquí lo grave de su situación, cooperaba con el Ejército con tareas psicológicas en contra de la población”.
La participación de los directivos del diario en esa “guerra psicológica” consistió precisamente, según consta en el fallo, en ignorar la aparición de cadáveres, los centros clandestinos de detención y la desaparición forzada de personas, como así también impedir a los familiares la publicación de avisos fúnebres de las víctimas, en el afán de que estos hechos “permanezcan en la conciencia social como una advertencia de lo que le sucede a aquellos que se atreven a involucrarse en actividades opositoras”.
Al resolver, el Tribunal valoró las declaraciones de Acdel Edgardo Vilas quien refirió que “los datos consignados en el diario constituyeron un complemento a la Inteligencia”, información necesaria para comenzar el accionar represivo en esta ciudad, y concluyó: “De los propios dichos del Gral. Vilas surge el objetivo: ‘el ciudadano debe saber que las Fuerzas Armadas no molestan a quien cumple con la ley y es honesto, pero aplican todo su poder de combate contra los enemigos del país”. Así, los directivos de La Nueva Provincia, junto con las fuerzas armadas, lograron “paralizar el cuestionamiento por parte del cuerpo social a la violación del estado constitucional, plasmando una supuesta irreductible lucha que imbuía terror en la población, silenciándose así la perpetración de crímenes hasta ahora impunes”.
A lo desarrollado por los jueces, cabe sumar el recuerdo de los fusilamientos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola ocurridos a principios de julio de 1976. Ambos se desempeñaban en los talleres gráficos del diario La Nueva Provincia, fueron fichados por el servicio de inteligencia de la Prefectura de Zona Atlántico Norte como “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSION FUNDAMENTAL”, y el 4 de julio aparecieron sus cuerpos sin vida. Respecto de estos hechos, el silencio de los directivos del diario local ha sido sepulcral.