Por Andrea Sosa Alfonzo. El grupo Clarín terminó dando marcha atrás con la denuncia que acusaba a periodistas por “incitación a la violencia”. ¿Operación mediática, estrategia para ganar tiempo o simple traspié?
A lo largo del año asistimos a lo que sabíamos iba a ser una batalla en el terreno de lo legal, pero también en el terreno de lo político entendido en lo más amplio de su sentido, el de la disputa por el poder hegemónico de quién pretende establecerse en el trono que ha sabido gobernar durante décadas.
Pero también sabíamos que la batalla se iba a dar en el terreno de lo cultural –éste menos afín al diario de los argentinos- en el terreno de lo simbólico, del hacer periodístico, de la habilidad que sólo se juega con el discurso y con la capacidad de respuesta, con el desplazamiento de la barbarie por el del debate. Ése terreno Clarín no lo iba a jugar, por incapacidad o por desinterés.
El revuelo se armó cuando el Grupo realizó una presentación penal el pasado jueves contra Roberto Caballero, director y fundador de Tiempo Argentino; Sandra Russo, periodista de la TV Pública -panelista en “6,7,8”- y Página/12, Javier Vicente, relator del Fútbol para Todos, entre otros. La denuncia presentada por “incitación a la violencia y coacción agravada” hacia el Grupo y hacia sus directivos, abarca además a funcionarios nacionales, legisladores y agrupaciones políticas como La Cámpora, y el Movimiento Evita. La figura penal podría implicar penas de tres a seis años de prisión en donde además el demandante –grupo Clarín- pide a la Justicia que se evalúe la posibilidad de aplicar también la figura de “coacción agravada” (Art. 149bis del Código Penal) que establece penas no excarcelables, de hasta diez años de cárcel.
La libertad de expresión pasó a tener diversas acepciones, según se la considere y según convenga a los fines de la democratización de la comunicación: puede resultar en una tarea imprescindible en la penalidad de periodistas, o puede resultar en una tautología, la libertad de expresión como ataque a la libertad de expresión.
Las desprolijidades que se han visto en estas últimas semanas, tanto desde el oficialismo como desde el grupo Clarín no justifican tales medidas. Por eso despertó el rechazo de amplios sectores de la sociedad, de asociaciones periodísticas, el rechazo explícito de reconocidos periodistas de todos los medios –incluso del mismo grupo-, de políticos y referentes sociales.
El Grupo argumentó para sostener su denuncia, que los acusados habían concurrido “en una maniobra violenta en su perjuicio que se verifica con claridad a partir de los dichos”. Esto es porque la demanda abarca además al titular de la AFSCA Martín Sabbatella, el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, al ministro de Justicia Julio Alak, el jefe de bloque de legisladores porteños del FpV Juan Cabandié, entre otros, aclarando que no le caben dudas “que el gobierno nacional está detrás de este accionar”. Recordemos en este punto que la ley SCA fue sancionada en la gestión presidencial de Cristina Fernández, aprobada por todo el arco político y promulgada luego por la presidenta con el fin de regularizar el espectro radiofónico y sus licencias por parte de los grandes grupos de medios quienes se excedían ampliamente; monopolizando las voces y los discursos, instalando agenda, imponiendo un modo de ver la realidad donde la libertad de expresión y las construcciones discursivas sobre los hechos son siempre eso, construcciones, en donde entran en juego imaginarios, estereotipos, relatos que instalan verdades. De eso Clarín, supo y sabe mucho.
Las declaraciones que fueron denunciadas hablaban de “desestabilización” cuando el multimedio trasmitió la protesta de prefectos y gendarmes con una “estrategia de incendio de la calle” en palabras de Caballero, o porque Russo en el marco de los cacerolazos del 13 de septiembre mencionó que eran las “cacerolas de Clarín” ya que en esas marchas “había veneno”, o porque Vicente aseguró en el relato de un partido que el Fútbol para Todos “era el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo”. La penalización a la libertad de expresión y la judicialización de las discusiones políticas, no parecen ser el camino acertado hacia la democratización de los medios y la palabra, tampoco lo es, desdecir dichas acusaciones cuando no salen a bancar la parada ni los propios “voceros” del medio.
Retroceder siempre, rendirse jamás.
En la presentación judicial formulada por el Grupo, en ningún lugar se mencionaba o mejor dicho no se hacía aclaración respecto de citar a los periodistas como testigos. En cambio, fueron mencionados como “los principales propagadores del mensaje gubernamental” quienes “incitan a la violencia colectiva”. Es que ante las graves y resonantes repercusiones que tuvo en el ambiente mediático así como en la opinión pública, tuvo que dar varios pasos hacia atrás. Por eso ayer a través de sus abogados, presentó una rectificación de la denuncia penal que hizo el jueves pasado, en la que solicitará que algunos de los periodistas sean convocados como testigos y no como imputados.
Los abogados del Grupo, Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada, intentaron justificar la presentación mediante dos comunicados, dando marcha atrás a la mención que denuncia a los periodistas, aclarando que sólo fueron llamados a prestar declaración como testigos: “no es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas, sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia”, afirmaron. Además agregaron que “si los periodistas manifestaran públicamente que son simples opiniones de ellos y no tienen ninguna información” desisten del pedido como testigos. Pero recomendaron que “si señalan que tenían información, sin revelar las fuentes, deben ir a decirlo a la Justicia” porque “hay directivos que están corriendo riesgos” y “lo que queremos evitar son situaciones de violencia” sostuvo Jofré.
El escenario de contienda es la cercanía al 7D fecha que el multimedio deberá expedirse ante la normativa, eso está claro. Entonces, ¿fue una operación mediática de la corpo o un manotazo de ahogado para ganar tiempo? Con el argumento de que resultaba aún más peligrosa la actitud del gobierno y de algunos funcionarios “que insisten en la fijación de un verdadero punto de inflexión o ‘deadline´ en este conjunto de acciones intimidantes” se puso en evidencia el límite de la confrontación, la sinergia de una “campaña de difamación” y la pantalla de TV donde garpa más el minuto a minuto que un debate serio
Ante el revés, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella mencionó: “Ahora dicen que no hicieron lo que en verdad hicieron, como muchas veces dicen que alguien dijo lo que nunca dijo” y agregó que con este hecho “absolutamente repudiable, una vez más queda al descubierto cuáles son sus verdaderas ideas. Lamentablemente, aunque intenten construir un relato de preocupación por la libertad de expresión y la libertad de prensa, no cabe duda de que lo que realmente buscan es intimidar a las voces que no les gustan, dejando en evidencia su pensamiento autoritario e intolerante”
Pero las voces se alzaron a pesar del retroceso, algunos legisladores y la misma Sandra Russo declararon durante el día lunes que con este tipo de acciones el grupo Clarín “ha sintetizado su historia y su esencia”. La diputada por el FpV Juliana Di Tullio mencionó que “El grupo termina como el mito fundante, de forma autoritaria, así como comenzó de forma autoritaria, también da sus últimos pasos”. También lo hicieron algunos de los referentes más importantes del grupo como Nelson Castro quien sostuvo en su programa en Radio Mitre “Quiero marcar mi disidencia con esta denuncia. No comparto y lo digo desde la posición de la expresión de libertad con la que contamos en este medio”, así como sus colegas Chiche Gelblung, Jorge Rial y Ernesto Tenembaum, quien reflexionó que “los que creemos en la libertad de expresión creemos que debe ser respetada siempre” y concluyó que “si uno sabe la trayectoria de uno, sabe que va a repudiar o rechazar lo que hizo Clarín, trabaje para quien trabaje”.
Por su parte se sumaron a la condena de dicho accionar, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Consejo de Administración de Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra) declaró que perseguir a periodistas “es una inaceptable presión al libre ejercicio de la profesión”, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que defenderá a los periodistas ya que fueron señalados como “responsables de delitos”.
La disputa se traza en cada palabra, en cada aparición, como la lenta agonía de quien se dirige a su fin. Clarín miente y le queda poco. Para la democratización de la comunicación en cambio, comienza una nueva etapa, esperemos, donde haya oportunidad de libertad de expresión para muchos más.