Por Francisco Farina / @panchofarina
Para los medios hegemónicos la toma de tierra en Merlo Gómez solo es noticia cuando pasa una tragedia y operan como incitadores y justificadores de un posible desalojo. Marcha se acercó al Barrio Nueva Esperanza para conocer el lado que no nos quieren mostrar.
El barrio Nueva Unión tiene que lamentar la ausencia de Oscarcito, un pibe de 8 años. El sábado por la noche, una banda de narcotraficantes instalada en un sector de casas sobre la ruta 1003 arremetió a balazos contra un grupo de jóvenes. Una de esas balas hirió a tres niños y le quito la vida a Oscarcito, que jugaba en la calle. Los vecinos del barrio Nueva Esperanza hace tiempo habían denunciado a las autoridades municipales la preocupación por las zonas liberadas y la connivencia policial.
Las distintas reacciones por el niño asesinado no tardaron en llegar. Los vecinos del barrio lindante, inconformes con la ocupación de los terrenos, prendieron fuego las casas donde se encontraban instaladas las bandas de narcos. También, en el arrebato, algunas familias sufrieron las consecuencias de la indignación de los vecinos. Marcha dialogó con Anahí Benítez, delegada y vocera del Barrio Nueva Esperanza, quien explicó que estas acciones pasaron durante el domingo y que las bandas ya se habían ido. “No estamos de acuerdo con la justicia por mano propia, pero entendemos que, en una situación como esta, fue la única respuesta que generó una solución, dado que los narcos se fueron”, expresó.
El trágico episodio dio lugar a versiones y volvió a instalar la posibilidad de un desalojo, expresado de distintas maneras en los medios que marcan la agenda y el sentido común de las grandes mayorías. En cuanto a la muerte de Oscar, el intendente Menéndez reconoció la responsabilidad y la autoría por parte de un grupo ligado al narcotráfico, pero dejó abierta la “necesidad” de desalojar la toma. Todos los testimonios de funcionarios, familiares y vecinos coinciden en que el asesinato de Oscarcito nada tiene que ver con la disputa de tierras o con los vecinos que ocuparon terrenos. “Los vecinos somos las principales víctimas de los narcos”, explicó Benítez, y agregó que “la falta de política en una zona como esta, tan grande además, permite que surjan zonas liberadas y dan lugar a estos hechos delictivos que nada tienen que ver con las familias que nos estamos organizando y viviendo acá. En los medios masivos están dejando en el mismo plano a los vecinos y a los narcos tratando de deslegitimar este reclamo por vivienda y esta lucha por el cumplimiento de nuestros derechos”.
Bancando la Toma
Con la intención de poder desligarse de los grupos de narcos que se instalan y usurpan sectores en las tomas de tierras, pero también para poder visibilizar nuevamente el reclamo legítimo por la tierra para vivir y el derecho a la vivienda digna, distintas organizaciones sociales y políticas organizaron el “Festival Bancando la Toma, por el Derecho a la Vivienda Digna para Todxs” (Ver Fotogalería). La jornada tuvo lugar el pasado sábado y contó con diversas actividades como una radio abierta, un momento de carnaval con distintas murgas participando, bandas musicales y un panel sobre la problemática de la vivienda y la Ley 14.499 de acceso justo al hábitat –donde expusieron Gabriel Nocetto de la Asociación Civil Madre Tierra, Manuel Tufro del CELS, el Padre Gabriel del Obispado de Morón y Anahí Benítez–. Cientos de vecinos y vecinas de barrio pudieron disfrutar de la tarde en Nueva Esperanza, pero también encontrarse y conocerse. Solo algunas horas más tarde, el barrio se encuentra lamentando la muerte de Oscar, pero el balance de la actividad es positivo: “Fue una jornada más de lucha para los vecinos, para seguir organizándonos con alegría”, resumió Benítez.
Cuatro meses de lucha por la tierra y la vivienda
Marcha se acercó a Nueva Esperanza y al calor agobiante se le suman distintas incertidumbres. El escenario es complejo: medios de comunicación agitando y promoviendo un desalojo, el Intendente con declaraciones ambiguas, una familia destrozada por la pérdida de un hijo sin explicación alguna, vecinos indignados con los narcos y metiendo a las familias trabajadoras en la misma bolsa. La poca gente que hay antes de las 19 horas, recién cuando miles de personas vuelven de trabajar, dificulta las reuniones. Pero ya a las 16 horas la primera docena de delegados y “vecinos activos” de un sector se empieza a juntar y sale a recorrer la toma. Antes las llamadas de los medios y de otros vecinos son constantes. A los medios les interesa, exclusivamente, el niño asesinado: “El problema del narcotráfico en Merlo no es un problema de hoy ni se inició con la toma; sabemos que los barrios en donde vivimos los sectores populares suelen ser los más desprotegidos y la policía se instala ejerciendo mucha violencia. Ahí, donde hoy están instalados los narcos en nuestro barrio, antes estaba la policía”, explica Benítez.
Van más de tres meses de toma y la relación con el municipio es casi inexistente: “Nosotros venimos insistiendo al gobierno la apertura de una mesa de diálogo para poder resolver de manera pacífica la situación. Entendemos que las posibilidades de que estas zonas se urbanicen es posible, sabemos que los dueños de estos terrenos han salido públicamente a decir que quieren vender la tierra, que han querido venderla en años anteriores”, explica la delegada. Desde el gobierno dicen que “quien tiene la capacidad de resolver esta situación es la Justicia”, pero las más de 2000 familias saben bien que la política de vivienda no le corresponde a ninguna fiscalía, ni juez.
El déficit habitacional es una de las graves problemáticas estructurales para los sectores populares, para quienes no existen programas ni posibilidades para el acceso a la tierra y la vivienda. “Estamos peleando por un derecho básico y creemos que sin la intervención del Estado con una política clara es difícil que podamos acceder a la compra de un terreno”, cuenta Benítez. Contrarrestar el sentido común, o el sentido impuesto desde las clases dominantes en todas sus expresiones y variantes se hace cuesta arriba; las familias de Merlo Gómez hace cuatro meses que sostienen la misma convicción: “Nosotros somos familias trabajadoras, tenemos ingresos y queremos comprar la tierra para poder construir nuestra vivienda”.