Por Francisco J. Cantamutto/ Foto por Andrés Alvarez
Dos meses van ya, y el gobierno de Cambiemos confirma día a día su sesgo ajustador, en beneficio de unos pocos. Los ritmos de la devaluación y la inflación al servicio de esos pocos.
Cuando hace 3 meses caracterizábamos las propuestas en juego, señalábamos el sesgo de ajuste de Cambiemos, incluso antes de ser electo. Y todas las predicciones fueron atinadas. No se trata de iniciar esta nota con un enaltecimiento del ego (tantas otras notas hicieron lo propio), sino mostrar que no se trataba de una campaña de miedo, sino de un análisis concreto para desmentir la revolución de la alegría.
El gobierno de Cambiemos, en estos dos meses de tareas, se ha encargado de certificar su sesgo de clase. La columna dominical de Verbitsky comenta sobre un informe del CIFRA de la CTA en este respecto, mostrando –una vez más- que no se trata de un gobierno para todos, sino una gestión para pocos. Allí se consigna la composición social del “equipo”, haciendo notar la presencia explícita de representantes de la banca extranjera, los oligopolios mineros y las empresas de servicios, con menor presencia del agro y la industria. No sólo por la presencia de sus conspicuos portavoces son beneficiados estos sectores concentrados del poder económico y político, pues múltiples adláteres ofician de apoyo bajo una convicción ideológica forjada en años de educación y trabajo para sus mandantes. Es allí donde se cruzan los argumentos neoliberales como excusas y como programa de clase.
Aunque útil para notarlo (por lo explícito del caso), el análisis sobre la hegemonía no debe restringirse a los cuadros orgánicos que ocupan cargos, sino a través de sus acciones concretas. Por ejemplo, señalábamos antes cómo el vínculo directo con la banca ha desatado esta furia endeudadora mediante la venta de bonos del Banco Central, del Tesoro y ahora la propuesta de arreglo con los fondos buitres. Pero pocas cosas parecen tan concretas en estos dos meses como el acelerado ritmo de la devaluación y la inflación, que afecta los bolsillos de la clase trabajadora.
Con un dólar superando los $14,60, la devaluación total de estos dos meses ha sido del 55%. En términos de poder adquisitivo, esto significa que nuestros salarios en pesos perdieron un 35% en dólares. Sí: podemos comprar menos, porque nuestros pesos valen menos. Esta pérdida aplica de modo directo a las importaciones, pero también a productos nacionales con componentes importados, que en la industria promedian más de un tercio de la producción total.
A esta caída del valor del peso, superior a la provocada por Kicillof en enero de 2014, hay que añadirle la quita de retenciones a las exportaciones a toda la producción primaria (primero agropecuaria –con excepción de la soja-, y esta semana, minera). Al quitarle estos impuestos, los exportadores captan un precio mayor de venta: por cada dólar, reciben más pesos, tanto por la devaluación como por la quita de impuestos. Los exportadores son entonces uno de los ganadores de estas medidas, que además han ganado mediante la especulación, reteniendo productos hasta que el precio los satisfaga.
Esto significa mayores ganancias, pero al mismo tiempo un aumento de precios para los compradores de esos productos. Esto significa aumentos de precios para los consumidores pero también aumento de costos en la cadena de valor. Es decir, la devaluación no sólo significa caída del poder de compra en dólares sino que está generando aumentos de precios internos: esto es, inflación. Cambiemos, que se llenó la boca hablando de reducir la inflación durante la campaña, a fuerza de ilusiones abstractas, ha dejado en claro que no es ese el objetivo. Aunque nos han dejado sin estadísticas hasta agosto (ocultando información pública), la inflación estimada entre consultoras privadas y el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires indica que tanto diciembre como enero cerraron en torno al 4% mensual. Para febrero, merced de los aumentos de tarifas eléctricas (otro sector ganador), que van de 550% a 700%, se espera que el aumento sea del 5%. Un acumulado en tres meses del 13,5%. Extrapolado al año, la inflación superaría el 35%.
Pero este aumento de precios, muy superior al de los años previos, no afecta a todos por igual, como el discurso mediático insiste. Una ventaja de este fuerte aumento de precios es que perdemos noción de los precios relativos. Esto permite a la cadena de comercialización aumentar sus márgenes de ganancia sin correlación alguna en los costos. He aquí otro sector ganador. El gobierno ha propuesto para su control un sistema ineficaz, sólo apto para usuarios de telefonía móvil en ciudades, un traspaso del costo de control a los consumidores.
Entonces, el ajuste de precios beneficia a exportadores, importadores, comercializadores y a las prestadoras de servicios. No es un caos ni aleatorio: el ajuste está diseñado para mejorar las ganancias de unos pocos contra las necesidades de la mayoría.
Justamente, usando como testigo la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, el gobierno espera que los salarios aumenten entre 20 y 25%. Muy por debajo de la inflación. Con casi tres meses de devaluación e inflación, las paritarias inician con desventaja, con salarios que ya fueron reducidos, y en la pelea desigual por recuperar lo perdido, el gobierno nos traslada el costo del ajuste. Y para garantizar ese resultado ya ha puesto en marcha el operativo de represión a la protesta y arreglo con la burocracia sindical.
La inflación no es resultado del gasto público ni la emisión: es el ajuste de precios, la pelea por la apropiación del ingreso. Y en esta pelea, el gobierno ha tomado partido claro a favor de los grupos concentrados.