Por Julia de Titto. Miles de mujeres, organizaciones sociales y políticas se movilizaron ayer de Congreso a Plaza de Mayo para exigir el tratamiento y aprobación de la ley de despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina.
Tres cuadras repletas de banderas, de pancartas, de pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y muchas mujeres y varones se movilizaron ayer, desde Congreso hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Ni una muerta más por abortos clandestinos. ¡Aborto legal ya!”. La convocatoria, surgida del último Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Posadas, articuló a un amplio espectro de organizaciones, encabezado por la Campaña, que incluyó a la CTA y distintos sindicatos, partidos políticos -Buenos Aires para Todos, MST, MAS, Libres del Sur, PCR, PTS, PO-, organizaciones sociales -como la COMPA, el MP La Dignidad, COB La Brecha-, organizaciones feministas y de derechos humanos, centros de estudiantes y la FUBA, entre decenas de agrupamientos que adhirieron y participaron.
La convocatoria se dio al cumplirse un año del fracaso del tratamiento del proyecto de ley presentado por la Campaña en la Cámara de Diputados, que contaba el año pasado con la firma de más de 50 legisladoras y legisladores. Este año, luego de ser presentado nuevamente tras perder estado parlamentario, las adhesiones son más de 60, pero no hay indicios de su próximo tratamiento.
Olga Cristiano, vocera de la Campaña por el Derecho al Aborto, afirmó en FM La Tribu que “tanto el oficialismo como la oposición no han hecho absolutamente nada con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo”. Y agregó: “Cuando en la agenda política del Gobierno no está, no hacen nada”. Por su parte, Alejandra Angriman, Secretaria de Género de la CTA, dijo que cientos de mujeres tienen problemas de salud y que muchas terminan en muertes, “porque los abortos son clandestinos, son ilegales en nuestro país”. El reclamo, según Angriman, es que, por empezar, se lleve adelante el debate en el Congreso, y que “no se siga ocultando este problema de salud pública que es la principal causa de muerte en mujeres en edad reproductiva”.
Vilma Ripoll, dirigente del MST-Proyecto Sur, planteó: “Primero nos niegan la educación sexual, después nos niegan anticoncepción y después, el derecho al aborto; así nos mandan a morir al aborto clandestino: es un tema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, porque se mueren mujeres pobres y jóvenes”.
El documento leído en la plaza frente al Congreso, que lleva la firma de más de 50 organizaciones, afirmaba que “está demostrado en todo el mundo que la criminalización del aborto no impide su práctica cuando la mujer está decidida a interrumpir su embarazo”. Y exhortaba al Congreso de la Nación a tratar y aprobar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo realizado y presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Por otro lado, respecto del conflicto que se está dando en diversos puntos del país sobre los casos de aborto no punible (cuando corre riesgo la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación), el documento aseguraba: “El reciente caso de la niña de 11 años de Entre Ríos que fue violada y obligada por el Estado a continuar con el embarazo a su término; como el de la mujer víctima de trata de personas que solicitó un aborto no punible en CABA (que luego intentaron obstaculizar las corporaciones médicas, religiosa y judicial), ponen de manifiesto el entramado institucional que vulnera de forma sistemática los derechos adquiridos por las mujeres y la necesidad impostergable de avanzar en esta discusión”. Según plantearon las organizaciones que se movilizaron ayer, “la iniciativa del senador Pichetto de volver a discutir los abortos no punibles, un derecho ya garantizado por la legislación nacional desde 1921 y ratificado por dos fallos de la Corte Suprema en el corriente año, sería un retroceso que busca seguir postergando el debate de fondo, ya que para su cumplimiento no es necesaria una nueva ley, sino que exista la voluntad política que garantice su acceso”.
Al llegar a la Catedral, la movilización se encontró con una escena ya habitual. Decenas de hombres pertenecientes a organizaciones “pro vida” (según se definen ellos mismos, aunque las organizaciones de mujeres los conocen como “anti derechos”) se habían congregado en la escalinata detrás de un cordón policial, enarbolando banderas negras que decían, por ejemplo, “religión o muerte” en letras blancas. Allí, estos varones ligados al Opus Dei y otras organizaciones ultra católicas, lanzaron botellazos y empujaron a las manifestantes, con la connivencia de la infantería de la Policía. Los incidentes no pasaron a mayores, pero hubo algunos forcejeos.
Camino a Plaza de Mayo, la manifestación había realizado un escrache a la Jefatura de Gobierno porteña en repudio al veto de Mauricio Macri a la legislación de los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires.