Por Noelia Leiva. Vecinos y vecinas del distrito bonaerense de Presidente Perón impulsaron un recurso judicial para que no se fumigue con glifosato. Acusan a los productores de un campo de 90 hectáreas de emplear químicos peligrosos. Una ordenanza municipal lo prohíbe desde 2010.
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Así reza desde 1994 el artículo 41 de la Constitución Nacional. Pero el territorio que da cuerpo al país del que habla ese texto manifiesta que sucede lo contrario. Como en el norte la megaminería amenaza la vida, en el sur del Conurbano bonaerense las empresas y los propietarios de campos usan agrotóxicos para desmalezar y fumigar, aunque dañen a sus vecinos. Una asociación civil de Presidente Perón impulsó un recurso de amparo ambiental para que cese la contaminación con glifosato, que provocó, según investigan, enfermedades respiratorias y dérmicas y abortos espontáneos.
Hace al menos cuatro años que comenzaron las sospechas en la zona. Cuando las hectáreas de Guernica, cabecera del distrito, comenzaron a mostrarse sin rastros de vegetación molesta para el cultivo también empezaron a repetirse las erupciones en la piel y las afecciones al respirar. Luego de reuniones y denuncias de organizaciones sociales, la lucha se transformó en un recurso de amparo en el que la Clínica Jurídica Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) patrocinó al Centro Agroecológico Ashpa, en representación del colectivo social que señala que en el campo ubicado entre 41 y 91 se usa glifosato y hasta 2.4D (Ácido 2.4 Dicloro fenoxiacético) para quitar las malezas.
A principios de octubre, los vecinos señalaron frente al Juzgado 3 de La Plata a Jorge Alberto Gavelini como quien ordenó las fumigaciones con tóxicos en el terreno de 90 hectáreas que está a su cargo y cuya titularidad está a nombre de Norma Moreno. El Ejecutivo municipal, encabezado por Aníbal Regueiro, y el bonaerense también fueron acusados porque “son autoridades competentes y deben ejercer el poder de policía ambiental respecto de las actividades desarrolladas por los sujetos privados que fueron demandados. Son considerados responsables y ‘legitimados pasivos’ por el incumplimiento de las funciones de protección a la salud humana”, le explicó a Marcha Andrés Makowiecki, uno de los abogados que presentó el recurso. Hasta el momento, el juez Juan Pablo Masi no se expidió.
En una audiencia en la que participaron las partes involucradas, “los demandados se opusieron a la producción de pruebas porque consideraron como ‘abstracto’ el reclamo judicial y entendieron que no se registraron violaciones normativas”, detalló el legista. Sin embargo, se notificó que a fin de mes el Ministerio de Salud provincial realizará un relevamiento de la zona, aunque no se le notificó a los vecinos “cuáles serán las medidas a adoptar” durante y a partir de ese trabajo, ni “cuál es el estado de la gestión” para evaluar la viabilidad del operativo.
“Si vienen al barrio va a ser bueno porque van a conocer lo que nosotros vemos siempre, van a salir de sus escritorios”, enfatizó la miembra de Ashpa Stella Maris Mangione. Sin embargo, surge una contradicción entre la minimización del amparo ambiental frente al juez por parte de los ‘acusados’ y el aviso de que se realizará una evaluación del caso. La asociación ya había confeccionado una encuesta a 135 familias de los barrios Las Lomas y Santa Teresita, de los más afectados de Guernica. “Con la información se confeccionó un mapeo epidemiológico que permitió observar que algunas afecciones se repetían cada vez que fumigaban, como alergias, eccemas, abortos espontáneos y problemas en las mucosas”, detalló.
Si el juez recibe y da valor a las pruebas de que se fumigó con químicos nocivos, deberá ordenar inmediatamente el cese del daño. Los vecinos aclararon que también sospechan del mal uso de esas sustancias en el establecimiento “Haras de Jorge Antonio”, ubicado sobre San Martín del Barrio Parque Americano, y el campo “de las Cuatro Bocas”, en Las Lomas. Observaron, además, que en las últimas semanas se redujeron los indicios negativos sobre el campo de Gavelini, acaso presionado por la presentación judicial. No obstante, “este tipo de daño perdura en el tiempo y en el espacio en forma considerable. Las consecuencias que se generan pueden ser tanto mediatas como inmediatas”, aclaró Makowiecki.
En la vía de la contaminación
En 2010, la ordenanza 708 puso la salud de las personas por encima de los herbicidas y otros químicos empleados las prácticas agrarias invasivas que perjudiquen la salud de las personas. Sin embargo, no sólo en los campos del distrito se continuó su aplicación sino también en las vías del ferrocarril. El último episodio que Ashpa denunció sucedió hace diez meses, a un año de que la norma entrara en vigencia. Sobre la calle 128 del barrio San Pablo identificaron a una cuadrilla de trabajadores de la Línea Roca con sus mochilas blancas de fumigación y bidones con la etiqueta de glifosato, tal como dejaron constancia ante el equipo de Inspección municipal que fue convocado.
La preocupación de las organizaciones sociales que participan de la campaña contra los agrotóxicos se acrecienta en tanto aumenta la variedad y agresividad de los preparados empleados. Según el relevamiento del Centro Agroecológico, además de glifosato hallaron en los campos de la zona -entre ellos, el involucrado en el amparo- rastros del 2.4 D, “clasificado por su toxicidad como de categoría II, ‘Producto moderadamente peligroso nocivo’, que fue fabricado en la Segunda Guerra Mundial como arma química porque es similar al ‘agente naranja’ 2.4.5 T, utilizado en la Guerra de Vietnam”, denunció la asociación a través de su informe.
También hallaron atrazina, empleado habitualmente para el control de malezas en las plantaciones de soja, al igual que el glifosato. La sustancia “está prohibida en la Unión Europea desde 2006” porque, capaz de atravesar el suelo hasta llegar a arroyos o canales de agua subterráneos, puede “afectar la producción y el funcionamiento normal de las hormonas sexuales”.
En ese contexto se prolonga la espera de una resolución. El respeto al derecho de tener una vida y un ambiente saludables también fue obligado a demorarse.