Desde el jueves, día de la sanción de la ley que permite la venta de tierras en la Zona Libre de Colón, los panameños protagonizan cortes de ruta y revueltas en todo el país. La represión ya se llevó a un muerto y decenas de heridos, mientras siguen la huelga general y el toque de queda.
La iglesia de Portobelo se tiñó de luto el pasado fin de semana. El pueblo de Panamá suele peregrinar masivamente a ese templo sobre la costa atlántica, donde la leyenda cuenta que apareció la primera estatua del Cristo Negro Nazareno de Portobelo, en el siglo XVII. Pero el Istmo de Panamá, donde acuden los peregrinos cada 21 de octubre, está sacudido desde hace días por las revueltas populares y la represión.
El domingo de fiesta se celebró allí el funeral de un niño de 9 años, asesinado con un balazo en el abdomen durante la intervención policial que intentaba desalojar las barricadas levantadas en la cercana ciudad de Colón. La humilde familia del chico se había sumado a las protestas que aún hoy se multiplican en todo el país, desatadas por la aprobación de la ley de venta de tierras en la Zona Libre de Colón (ZLC), el jueves pasado.
Con 41 votos favorables, cuatro en contra y 10 abstenciones y luego de escasos 37 minutos de discusión, la Asamblea Nacional aprobó una de las normas más controvertidas de la actualidad panameña, la Ley 72, que permitirá a inversores extranjeros hacerse de la zona franca ubicada al costado del Canal de Panamá. Tres horas más tarde, ya estaba promulgada y publicada en Boletín Oficial y allí comenzaron las protestas.
“A llorar al cementerio”
La zona libre de impuestos de Colón (ZLC), la primera en el mundo, creada en 1948 casi sobre la ribera del Canal de Panamá, es uno de los centros más importantes del comercio internacional en Centroamérica. Allí se concentran tiendas y centros de distribución de mercadería provenientes de toda América, que salen hacia Oriente y Europa. Las 1600 empresas que allí operan generaron, sólo en 2011, 29.000 millones de dólares en transacciones de importación y exportación, de los cuales sólo 62 millones fueron depositados, en términos de alquiler u otros conceptos, en las arcas del Estado. Una suma que, según el mismo Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, no cubre ni siquiera los gastos de mantenimiento de la ZLC.
Panamá es un país con un importante déficit fiscal. Según fuentes oficiales, el agujero en las cuentas del Estado asciende hoy a 400 millones de dólares y el Legislativo debió recientemente aumentar el tope de endeudamiento del país para hacer cuadrar las cuentas de 2012. Para evitar sobresaltos, el gobierno del magnate de los supermercados Ricardo Martinelli decidió hacer caja con lo que quedaba de estatal y en junio pasado presentó un proyecto para vender las acciones que el Estado mantenía en la empresa telefónica -privatizada en 1990, el 49% seguía siendo pública- y en las dos empresas eléctricas nacionales -el 51% es estatal-. Pero el gobierno liberal-conservador debió dar marcha atrás ante la indignación popular que bloqueó el Congreso durante dos días y fue reprimida en toda la capital. Pocas semanas después, a fines de agosto, lo mismo sucedió cuando Martinelli quiso implementar una reforma electoral que lo favorecía, sin modificar la Constitución.
Hoy los proyectos privatizadores vuelven a tomar la escena política de Panamá. La ley aprobada el jueves pasado permite la venta a capitales extranjeros de los terrenos de la ZLC, manteniendo su característica de estar libre de impuestos pero desligando al Estado de su mantenimiento. Un negocio redondo, en realidad, ya que las empresas extranjeras que ya operan en Colón, podrían trabajar en una suerte de Estado paralelo, sin tener que rendir cuentas a nadie. A esto se le suma el devalúo. Las tierras, evaluadas en unos 425 dólares por metro cuadrado serán vendidas a 100 dólares el metro cuadrado, según la nueva norma.
Pero el proyecto generó también una profunda indignación. Desde el mismo jueves, se multiplican las manifestaciones de repudio a la venta de la ZLC, considerada como un intento de retorno a las repúblicas bananera centroamericanas y un primer paso hacia la privatización de empresas y servicios públicos. Hasta sectores del empresariado nacional, como la Cámara de Comercio y las Asociaciones de Empresarios, se oponen fervientemente a la iniciativa gubernamental.
Entre jueves y viernes, los pobladores de Colón se volcaron a las calles protagonizando marchas y cortes de ruta en toda la zona, que se encontraron con la brutal represión de la Policía Nacional. La indignación subió aún más cuando Presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, mandó a los manifestantes “a llorar al cementerio” ante todos los medios nacionales. El viernes por la noche comenzaron los saqueos en la ZLC y el gobierno dictó un toque de queda que aún está vigente. El sábado, las autoridades informaron que luego de los choques el saldo era de de un muerto, 30 heridos -la mitad de ellos con bala de plomo- y 125 detenidos. Mientras tanto, Martinelli viajó a Tokio como parte de una gira comercial por Asia, mientras en su país se llamaba a una huelga general de 72 horas, que según adelantaron dirigentes gremiales y sociales se extenderá hasta que no se derogue la ley 72.
A la protesta adhirieron casi todos los sectores sociales del país. El lunes las escuelas se mantuvieron cerradas, así como la mayoría de los comercios y hasta los trabajadores de la parte atlántica del Canal de Panamá dejaron sus puestos para unirse a las movilizaciones. Piquetes y marchas arrancaron temprano. En Colón volvió la represión. Unas 50 personas fueron detenidas, mientras la policía comenzaba allanamientos y nuevas detenciones en las casas de los dirigentes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) y del Sindicato Único de Obreros de la Construcción y Similares (Suntracs). Al menos cuatro personas resultaron heridas de bala de plomo y al cierre de esta edición de Marcha se encontraban en grave estado. Para hoy se anuncian nuevas movilizaciones y protestas en todo el país. Una delegación oficial, encabezada por los ministros de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Domingo Arias, y la viceministra de la Presidencia, Sygrid Barragán, fue rechazada cuando se acercaba a Colón para “instalar un diálogo” sobre los beneficios de la venta de tierra y aún espera ser recibida.
En la iglesia de Portobelo, durante la fiesta del Cristo Negro Nazareno y dos días después del funeral al niño asesinado, la policía entró por la tarde y detuvo a varias personas, mientras emisarios del gobierno de Martinelli firmaban un nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.