Por Fernando Rodriguez. La unidad y coordinación de los tres mil estatales de la Dirección General de Escuelas que se encuentran en huelga general dentro de la cartera educativa bonaerense, podría finalmente superponerse a la intención del gobierno provincial de generar “equidad” y “reorganización” a la órbita en que giran hoy los salarios de los trabajadores del Estado.
A pesar de la lluvia y la ausencia de cobertura por parte de los medios, la movilización de más de siete mil personas a casa de gobierno logró hacerse visible ayer en la ciudad de La Plata. De esta manera, la convocatoria para la movilización a Plaza de Mayo el próximo 10 de octubre, quedó reafirmada por el conjunto de organizaciones y gremios con el objetivo de detener el recorte anunciado a fines de septiembre y que podría convertirse en el termómetro que regula la relación del gobierno con los trabajadores.
A instancias de la situación crítica en que se encuentra el sistema de salud y el vaciamiento a los programas de asistencia social a niños y adolescentes, sumado al no pago a proveedores de mercaderías para los comedores, el recorte, motor del conflicto, puede ser leído como la antesala del proyecto presupuestario que asolará a la provincia.
La toma y ocupación pacífica del edificio de la dirección general de cultura y educación de la ciudad de La Plata en 13 y 56 desde el pasado martes, medida resuelta en asamblea con motivo del recorte salarial del orden del 16 %, puso en evidencia la porción del salario en negro que los trabajadores perciben. En un contexto de ajuste, las contradicciones nunca se resuelven en una síntesis a favor de los trabajadores y en esta ocasión, las decisiones políticas de la administración Scioli-Mariotto parecen fracturar incluso las pequeñas conquistas: el recorte de las horas extras en carácter de compensación salarial producto de la ausencia de decisiones políticas dirigidas al blanqueo total del trabajo realizado, y acumulado durante los gobiernos que se sucedieron. Esto no sólo deja al descubierto el elevado índice de trabajo en negro al interior del bloque de los trabajadores del Estado, sino que los posiciona en un lugar de atraso en cuanto a la discusión político-salarial al tener que discutir con la nueva gestión el significado mismo de “hora extra” en un momento de no apertura de paritarias.
Semanas previas, la renovada gestión de la ministra Nora De Lucía desembarcó en la casa central con el despido de 146 trabajadores y el cese de 126 contratos; como medida preliminar a este recorte, la Dirección de Personal recibió la noticia de que 15 trabajadores se encontraban despedidos.
Las denuncias en conferencia de prensa días atrás de parte del Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, junto a la directora general de Cultura y Educación, Nora De Lucía, acerca de los “graves hechos de violencia y amenazas” a funcionarios provinciales de la cartera educativa, y donde fueron agredidos no solamente los representantes gremiales, sobre todo de UPCN, por un grupo de violentos que son los que están llevando adelante la toma, sino que también funcionarios”, clarifica la intención de redireccionar la discusión esencial en que se encuentran posicionados los trabajadores que sostienen la toma en reclamo del cese al recorte de horas extras percibidas como compensación salarial, blanqueo de sumas en negro, y la marcha atrás en los despidos. Algo es seguro en Educación, después de la toma, los vínculos entre los trabajadores organizados no volverá a ser la misma.