Por Santiago Mayor. Martín Sabbatella fue designado oficialmente al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). De esta forma se convierte en la figura principal de la batalla política que decidió dar de acá a fin de año el gobierno nacional: la “desinversión” que debe hacer Clarín el 7D. Un análisis de esta disputa y la situación actual de la “Ley de Medios”.
Este lunes, la presidenta Cristina Fernández confirmó la designación del actual diputado nacional y ex intendente de Morón, Martín Sabbatella, al frente del AFSCA. Independientemente de los debates sobre qué implica esto (si un “ascenso” o un “quemo”) para el hasta ahora relegado dirigente de Nuevo Encuentro hay algo que es seguro: Sabbatella se pondrá al frente del ente que debe aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en un momento donde el debate sobre qué sucederá el 7 de diciembre está en la primera plana de todos los medios.
¿Qué va a pasar el 7 de diciembre?
Tal como publicamos en Marcha (Ver “7D: ‘D’ de disputa”) el 7 de diciembre vence el plazo de la medida cautelar presentada por el grupo Clarín que frena la aplicación del artículo 161 de la LSCA. La puesta en vigencia del artículo mencionado implica un proceso de “desinversión” por parte de todos los grupos mediáticos que no cumplan con el límite de licencias permitidas según la legislación sancionada en 2009. Es decir que por grupo mediático puede haber hasta 24 licencias de televisión por cable y 10 licencias de radio y televisión abiertas.
Sin embargo el debate está abierto. Desde el gobierno se sostiene que ese día el multimedio opositor deberá encontrarse amoldado a la reglamentación vigente. Por otra parte, desde Clarín se defiende la idea de que el 7D comienza el “plazo no mayor a un (1) año” (tal como reza el texto de la ley) para llevar a cabo la desinversión.
Si tenemos en cuenta que Clarín debe deshacerse de más de 200 licencias para entonces; que si Clarín no lo hace, el gobierno debería recurrir a la fuerza pública para obligar a cumplir la ley; que esas más de 200 licencias deben entrar en licitación; que medios con o sin fines de lucro deben presentarse para obtener dichas licitaciones y ganarlas; que la única licitación abierta hasta ahora fue para televisión digital a fines de 2011 y fracasó por la imposibilidad de acceder a los pliegos para los medios sin fines de lucro y por la falta de interés de grupos empresarios (solo se presentaron 3 medios a la licitación); todo hace pensar que el 7 de diciembre no sucederá, en concreto, absolutamente nada.
El gobierno viene de un año marcado por distintos conflictos al interior de su propio armado político como la pelea con Daniel Scioli y Hugo Moyano. A su vez, tanto por izquierda como por derecha ha tenido manifestaciones que le han corrido la agenda de discusión a un Poder Ejecutivo acostumbrado a imponerla. La lucha contra la megaminería en la cordillera a principio de año y el resurgir de los cacerolazos, principalmente impulsados por la clase media, que rechazan determinadas medidas o supuestos que afectan “el estado de derecho”, han sido muestra de ello.
Ante este panorama, aunque no necesariamente como respuesta directa al mismo, el nuevo caballito de batalla está puesto en el 7D y la lucha contra el predilecto enemigo: el grupo Clarín. De esta forma, el eje de discusión son las “trabas” que el holding mediático pone a uno de los principales logros de este gobierno como es la LSCA. Según esta lógica, Clarín sería el responsable de la no democratización del espectro audiovisual en nuestro país.
A su vez el grupo se ve favorecido por este nuevo “ataque a la libertad de expresión” que le permite seguir construyendo la imagen (bastante real) de ser el único núcleo realmente opositor al kirchnerismo.
¿Alguien puede pensar en la Ley de Medios?
Más allá de esta disputa entre el gobierno nacional y Clarín, la LSCA ya está en vigencia y debería haber sido aplicada hace tiempo. Hasta ahora solo se han dado algunos pocos pasos en este sentido: se han otorgado algunas licencias a municipios, provincias y universidades (ello no significa que hayan comenzado a operar o que puedan hacerlo), se han realizado concursos para radios de baja potencia en algunas provincias y se ha avanzado en la promoción de contenidos con criterio federal, aunque “en el último año con un financiamiento decreciente” según el Licenciado en Comunicación y Doctor en Ciencias de la Información Martín Becerra.
No hay duda de que la aplicación de la ley sobre el grupo dirigido por Magnetto y Ernestina Herrera de Noble es uno de los pasos más importantes a la hora de democratizar los medios en Argentina. Así como también que el mismo 7 de diciembre el multimedio deba desinvertir, más allá de las interpretaciones para las que siempre se encontrarán argumentos legales a favor y en contra. Sin embargo, esta cuestión no puede ser la excusa para no implementar el resto de la ley que no responde directamente a esa pelea.
En primer lugar, la medida cautelar presentada rige solo para la aplicación del artículo 161 al grupo Clarín. Es decir que todo el resto de la ley debería aplicarse para todo el mundo y, en el caso de Clarín, toda la ley menos el artículo mencionado. Esto implica que grupos como el de Vila-Manzano, Hadad o Cadena 3, ya deberían haber desinvertido y no que recién “estarán fuera de la ley”, como dijo Sabbatella, los grupos que no hayan hecho “esta adecuación para el día 8 [de diciembre]”. De esta forma se cae el argumento de que es Clarín quién impide con sus amparos judiciales la aplicación de la ley.
Por otra parte, en caso de llevarse a cabo la desinversión ¿quiénes y bajo qué condiciones podrían aspirar a las nuevas licencias “liberadas”? La ausencia de un Plan Técnico, que la LSCA exige como condición para la apertura de concursos, es un serio problema a la hora de analizar esta cuestión. El Plan Técnico es una referencia fundamental para evaluar si la apertura de licencias se realiza en base a una previa planificación del destino del espectro y sobre todo, para que se conozca públicamente cuál es el mapa de licencias disponibles, cuántas de ellas serán explotadas por empresas comerciales, cuántas por el Estado y cuántas por organizaciones sin fines de lucro.
Nuevamente, la falta de planificación y de voluntad política a la hora de aplicar la ley sale a la luz. Sin un esquema que defina cuantas licencias de radio y televisión se habilitan para operar en cada distrito y de qué manera se reparten esas licencias (recordando que el artículo 21 de la ley sostiene que un 33% del espectro debe destinarse a medios sin fines de lucro) la desinversión del grupo Clarín, en caso de que se efectivice realmente, dejaría un vacío difícil de llenar.
Finalmente, la necesidad de bajar a tierra un proyecto que permita incluir a los medios sin fines de lucro que se encuentran dentro del espectro de los denominados medios alternativos, comunitarios y populares surge como una cuestión de primer orden. La posibilidad de brindar apoyo técnico y financiero a estos medios desde el Estado podría ser un camino a seguir para hacer real la multiplicación de voces propugnada por la ley. Caso contrario resultará muy difícil a medios que carecen de los recursos que tienen algunos sindicatos o la iglesia (quienes también se encuentran contemplados en el 33% sin fines de lucro) cumplir con requisitos como la adecuación tecnológica para el formato digital, el pago de salarios en blanco, etc.
Martín Sabbatella asume al frente del AFSCA en este contexto. Ha sido puesto en ese lugar para llevar a cabo la batalla, en principio más discursiva que real, del 7D. Habrá que esperar para ver si esto es un simple cambio de figura o si efectivamente se observará una modificación de las políticas por parte del gobierno nacional en cuanto a la necesaria democratización de los medios en Argentina. Las herramientas están, la voluntad política es lo que falta.