Organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales marcharon el sábado al centro de Ramos Mejia para escrachar la comisaría segunda, ex centro clandestino de detención, y a Sergio Verduri, genocida durante la última dictadura, que vive en esa localidad.
Organizaciones de derechos humanos encabezadas por la agrupación HIJOS Oeste e HIJOS La Plata convocaron el sábado pasado a una movilización en el centro de Ramos Mejia, partido de La Matanza, bajo la consigna “Con genocidas en sus casas no hay justicia. Si no hay justicia hay escrache”, en el marco de la campaña Basta de Beneficios para los Genocidas.
Los objetivos del escrache fueron la comisaría segunda de Ramos, ex centro clandestino de detención durante la ultima dictadura militar, donde también presta servicios Damián Alfredo Borrego, policía implicado en el secuestro y desaparición de el joven Luciano Arruga en el año 2009; y el domicilio el represor Sergio Verduri, ubicado sobre la Avenida Rivadavia, donde cumple su prisión preventiva con el beneficio de arresto domiciliario.
Acompañada por grupos de percusión y esténcil, la primer parada de la movilización que sumó alrededor de 400 personas entre militantes y vecinos del barrio, fue la comisaría segunda. Allí Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, denunció la impunidad de la que son beneficiarios los policías implicados en la causa por la desaparición del joven de 17 años.
“Todos tenemos que ser parte de esto, todos tenemos que salir a la calle a denunciar la impunidad de los policías que persiguen y matan a los pibes en los barrios”, afirmó Vanesa por Familiares y Amigos de Luciano Arruga, espacio desde el cual se difundió hace unos meses que la policía de Lomas del Mirador hostigó y amenazó a Mario, hermano de Luciano.
Seguidamente, la columna recorrió el barrio hasta llegar al domicilio del represor, quien está siendo juzgado desde al año 2011 en la ciudad de La Plata acusado por 32 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas cometidas en el Centro Clandestino de Detención “Puesto Vasco”, subcomisaría de Don Bosco, Quilmes, perteneciente al circuito Camps.
Allí se realizó el escrache y se dio lectura al documento que explicaba los motivos de la movilización y la necesidad de luchar contra la impunidad.
“Porque muchos de los genocidas que torturaron, robaron bebés, asesinaron, e hicieron desaparecer a miles de personas, son beneficiados con el arresto domiciliario y salen todos los días de su casa como ciudadanos comunes. Porque muchos aprovechan para fugarse cuando se aproxima la condena. Porque estamos seguros que el único lugar que les corresponde a estos genocidas es la cárcel, debemos ser miles los que exijamos que se aceleren los juicios y se revoquen los arrestos domiciliarios y beneficios para los represores”.
Durante la dictadura Sergio Verduri cumplió funciones en la Dirección de Investigaciones y en la Brigada de Investigaciones de Lanús. Ya en democracia, llegó al grado de Comisario Inspector y posteriormente utilizó el recurso común entre represores de abrir una agencia de seguridad privada.
De la misma manera, engorda junto con otros represores el número de procesados que se encuentran en sus casas, tanto por estar en libertad como por gozar de prisión domiciliaria. La cifra alcanza al 82% de los procesados por delitos de lesa humanidad.
A nueve años de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida los escraches se resignifican al buscar la condena social de los genocidas que permanecen en sus casas, informando a los vecinos que allí vive un represor, que no es un preso común, y que por lo tanto no merecen los beneficios de los presos comunes.
Municipio impune
El escrache se enmarca en la avanzada represiva general dada en el partido de La Matanza, que cuenta con cuatro fuerzas represivas actuando en su territorio entre policía federal, policía bonaerense, policía municipal y una fuerte presencia de la Gendarmería Nacional.
Esta política de militarización se complementa con la reciente apertura de una Escuela de Policías en la Universidad Nacional de La Matanza, que según la difusión oficial apunta a generar 500 agentes por años para la policía municipal.
Otro hecho que completa el panorama de impunidad del partido es el ataque que sufrió la Casa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, desde donde se lleva adelante tanto la causa por la desaparición de Luciano Arruga como la investigación de otros casos en los cuales se encuentra implicada la policía bonaerense.