Ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal
Por Germán Gómez. Natalia Sarrautte, presidenta de la ONG FAVISIC analiza el funcionamiento del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) y la situación que atraviesan los privados de libertad. ¿Cómo pensar un sistema digno de condena social que regule la falta de control actual?
En diálogo con Marcha, Natalia Sarrautte, presidenta de la ONG Familiares de Víctimas del Sistema de la Crueldad (FAVISIC) habló sobre la denuncia iniciada al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, por “mal desempeño en sus deberes de funcionario público”, y sobre las torturas y vejámenes que sufren los detenidos, como prácticas sistemáticas dentro de las unidades penitenciarias.
– ¿Cómo nace FAVISIC?
Uno de los desencadenantes fue la muerte de un hijo de mi marido en la unidad penitenciaria Nº 23 de Florencio Varela, en el 2004. La ONG nace en el 2007 y está integrada por doce personas que trabajamos en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria. Vemos casos de chicos que están con problemas dentro de las unidades penitenciarias y buscamos formar un vínculo con sus familiares para que juntos busquemos una solución. Este año denunciamos las prácticas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde entraría la denuncia a Casal y también el pedido por el reglamento de las visitas.
– Ustedes denuncian al ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, haciendo hincapié en el funcionamiento del SPB. ¿Cuál es su responsabilidad en la actualidad?
Casal es la autoridad responsable y no puede estar ajeno a la situación del SPB. Contrario a su postura, las cárceles no están mejorando para nada. Por el contrario, están matando a los pibes continuamente y los traslados constantes que hay como método de castigo los padece tanto la persona que está privada de su libertad como los familiares.
Lamentablemente, los detenidos antes se mataban por unas zapatillas, ahora se matan por un kilo de azúcar. Existe un déficit muy grande y por eso apuntamos directamente a Casal. La cárcel hoy no te regenera, es la secuela de la delincuencia, desde que pisaste un instituto de menores ya entrás en la lógica del SPB: te hacés o te hacen.
– ¿Cuál es para ustedes la situación actual del SPB?
Sabemos por familiares de detenidos que existen torturas por no acatar las reglas que ellos quieren que rijan, por sobre las leyes judiciales. Muchas torturas están relacionadas con denuncias de maltratos: les han pasado corriente, picana, submarino seco, todas prácticas que se usaban en la época de la dictadura. El hacinamiento está en todas las unidades penitenciarias. Por ejemplo, hay celdas que son para cuatro personas y las están habitando ocho, turnándose para dormir en un colchón. Teóricamente, el detenido tiene un presupuesto diario que en el mes suman tres mil pesos para su higiene y necesidades básicas, pero son las familias las que se encargan de esto.
– ¿En qué consiste el pedido de reglamento de visitas?
Pedimos un reglamento único de visitas en la provincia y que sea visible, que al entrar a una unidad penitenciaria todos podamos estar al tanto de cómo tienen que ser las requisas, entre otras cosas. También que exista un salón de usos múltiples para poder tener las visitas, ya que si no, hay que esperar afuera en la calle. En la actualidad, existen pabellones de privilegios en los que accedés por medio de dinero o trabajando para el servicio, lastimando y hostigando detenidos.
– En relación a las visitas, ¿existen pasajes oficiales para los familiares que en la actualidad no se están otorgando?
Nosotros hicimos una presentación en el 2009 ante la procuradora y ésta resolvió volver a entregar estos pasajes, que son dos por bimestre por grupo familiar. Habían dejado de darse en el 2001.
La denuncia a Casal
La denuncia fue presentada ante la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires el 17 de julio pasado y dejó en claro la postura de FAVISIC ante las autoridades del Sistema Penitenciario Bonaerense.
Desde un primer momento, el ministro Casal es considerado el máximo responsable de la problemática: “Solicitamos la destitución del ministro y que su cargo lo ocupe una persona que tenga verdaderos valores en materia de Derechos Humanos y profundas ganas de instalar un cambio favorable, dejando de lado los turbios negociados que les llenan los bolsillos a las máximas autoridades del Servicio Penitenciario”, fue uno de los puntos fuertes de la denuncia.
Por otra parte, no sólo se hizo hincapié en la figura de Casal, sino también en los eventos realizados desde el SPB, ya que “es muy fácil organizar un torneo de fútbol entre internos o recitales de bandas de rock para los grupos de detenidos que trabajan para el Servicio Penitenciario Bonaerense, lastimando a otros internos, vendiendo drogas, saliendo a robar para personal penitenciario con armas que les proporcionan y luego decir que la situación en las cárceles mejora”.