Por Julia de Titto. Ayer, a raíz de las internas del Pro, se suspendió la sesión de la comisión de Salud de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que iba a discutir proyectos de protocolo sobre aborto no punible en concordancia con el fallo de la corte suprema de justicia, que ratifica la legalidad de los casos de interrupción del embarazo en mujeres que hayan sido violadas.
Con varios proyectos para reglamentar el acceso a los abortos no punibles (ANP) en la mesa de discusión, a última hora del lunes se suspendió la comisión de Salud en la legislatura que iba a tratarlos. El revuelo se armó cuando la representante del Pro, Victoria Morales Gorleri, proveniente de un ala ultra católica, presentó por sorpresa un proyecto de protocolo que iba en sentido contrario al último fallo de la corte suprema de justicia y el resto de los proyectos presentados.
El bloque del Pro cuenta con “libertad de conciencia” respecto de este tema. Lo presentado por Morales Gorleri no solo contradecía los distintos proyectos de la oposición porteña sino también uno elaborado por las macristas Carmen Polledo y Lía Rueda. Vale recordar que los abortos no punibles son aquellos casos donde la interrupción del embarazo es legal en la Argentina, según dicta el código penal, sancionado en 1921. Es decir, aquellos embarazos producto de una violación o si pone en riesgo la vida o salud de la madre.
El fallo de la corte suprema de marzo de este año, ratificó esta lectura amplia del código penal y exhortó a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires explícitamente a elaborar protocolos de atención a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo en estas circunstancias.
El punto de discordia entre los proyectos es centralmente cómo el sistema de salud puede saber qué mujeres están embarazadas producto de una violación. Las propuestas más progresivas, y que se apoyan en el fallo de la corte, afirman que con una declaración jurada de la mujer, es suficiente. Y en el caso de ser menor de edad, con consentimiento de madre, padre o responsable legal. La iniciativa del sector que encabeza Morales Gorleri y que respalda, entre otros, el rabino Sergio Bergman, plantea la obligatoriedad de presentar una denuncia policial sobre la violación para que luego que intervenga la justicia se determine si fue tal. De esta forma, que es como sucede en la actualidad en la mayoría del país, la lentitud de los procedimientos judiciales, implica una gran demora en la interrupción del embarazo, impidiendo en muchos casos que se realice, y sometiendo a las mujeres a otra forma de violencia institucional.
El proyecto de la diputada macrista es, según Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, “un absurdo”, porque el mismo afirma que “mediante la denuncia penal se impide que haya nuevas violaciones”.
María José Lubertino, legisladora de la ciudad por el bloque kirchnerista, al ser consultada por Marcha sobre este tema, definió a la interna del Pro: “es lo mismo de siempre en la derecha, un grupo integrista católico y uno liberal”. Y explicó que “la obediencia debida respecto de la Iglesia católica divide al Pro. En este caso que avanzamos 31 votos de la oposición juntos, los pone en una disyuntiva seria”
Schvartzman, por su parte, fue enfática en lo urgente que se resuelva el tema: “Estamos hablando de aborto no punible, de cumplir con las leyes existentes, con la interpretación de la corte suprema en concordancia con los tratados internacionales incorporados a la constitución nacional, con las recomendaciones de los organismos internacionales de salud, etc. Se están violando todas las recomendaciones y se está incumpliendo con la Constitución”. Y agregó que lo que tiene que quedar claro es que se está inhabilitando la oportunidad de dar el debate: “Una vez más el cuerpo de las mujeres es una materia de negociación. Pensábamos que hoy [por ayer] se iba a discutir con más seguridad, con más posibilidades de que llegue al final y nuevamente se suspende el debate”. Ennumeró, a su vez, todas las ocasiones en las que la discusión sobre la reglamentación viene siendo obstruida por el macrismo desde su primer mandato en la jefatura de gobierno.
“Lo que falta es decisión política”, concluyó Schvartzman al ser consultada sobre por qué no se acompaña la visión propuesta por la corte suprema desde el poder ejecutivo de la ciudad. Esto podría resolverse como una simple decisión administrativa del ministerio de Salud de la Ciudad, que indicara adhesión al fallo de la corte y a la guía técnica de atención de aborto no punible del ministerio de Salud de la Nación. Esta no posee carácter de resolución ministerial, lo que obligaría a las provincias y la ciudad a cumplirla, cosa que también es un reclamo de la Campaña.
La integrante de la Campaña, concluyó analizando que la necesidad de los debates legislativos es imperiosa: “Es un derecho universal de acceso a la salud lo que se está impidiendo. Con regular la atención de los abortos no punibles no se está modificando ninguna ley nacional, no se está modificando el código penal, solamente se está exhortando a que se cumplan las leyes existentes”.