En diálogo con Marcha, Beatriz Busaniche, la profesora de UBA y referente de Fundación Vía Libre, considera que la “actual administración” del Estado nacional es “poco respetuosa” con el derecho a la privacidad. Afirmó también que la información del usuario obtenida a través de la SUBE no es controlada.
El lunes pasado comenzaron a regir las nuevas tarifas en el transporte público para los usuarios sin tarjeta SUBE. El aumento promedió, en general, arriba del 70%, llegando en algunos casos hasta el 100%.
El sistema de tarjeta permite al Estado nacional relocalizar el tráfico de subsidios desde las empresas hacia los usuarios. Esta personalización del usuario del subsidio permite sin embargo, con el fin de acceder y documentar todos los traslados de los usuarios, conocer el inicio del viaje y estimar el destino por los tiempos del circuito. Ello habilita elaborar un registro de información para la formulación de una base de datos.
Beatriz Busaniche es docente de la UBA y referente de la Fundación Vía Libre. Según plantea, esa información no se encuentra debidamente protegida. Esto permite que quien tenga el número de tarjeta SUBE de otra persona, por ejemplo, pueda acceder a cualquiera de estos datos.
Además, la especialista cree que de esta manera se vulnera la privacidad de las personas. Se trata de generar alarma ante el histórico “poco respeto” del Estado “por la privacidad de las personas y por principios constitucionales como el derecho de Habeas Data”. Ello además se suma a una debilidad por parte del Estado en la protección de datos.
-¿Qué complicación ven en la utilización de la tarjeta SUBE?
-El problema central que nosotros vemos en la Tarjeta SUBE es la base de datos que se está construyendo a partir de su uso. La Tarjeta SUBE tiene una característica y es que cada vez que la usamos dejamos una huella, un dato digitalizado que pasa a integrar una base de datos que está en manos de la Secretaría de Transporte, es decir del Estado.
-¿Cuáles son los datos que quedan registrados?
-Los datos que guarda la Tarjeta SUBE en esta base de datos son básicamente: la línea del medio de transporte que hemos usado; cuál específicamente, el interno del colectivo, el horario del subte; y la hora precisa en la cual hemos tomado este colectivo. Son datos que permiten ubicar a una persona en tiempo y en lugar. Si uno tiene todos estos datos y los procesa permiten hacer un mapeo de los movimientos rutinarios de una persona.
-¿Implicaría eso un potencial riesgo?
-El problema que tenemos es que el Estado argentino y la actual administración son muy poco respetuosos de la privacidad de las personas y de principios constitucionales como el derecho de Habeas Data. Pero a eso tenemos que sumarle que la Dirección Nacional de Protección de Datos personales oficia solamente como registrante de base de datos y no como agencia que le de cumplimiento a la ley.
-¿Decís que hay desconocimiento de la situación?
-Claro. Por otro lado tenemos que al ciudadano argentino, la verdad, le importa bastante poco esta cuestión. La gente aquí tiende a decir ‘si yo no tengo nada que ocultar, no me importa que me vigilen’, y a pensar que el Estado es un ente que siempre va a hacer alguna cosa buena por nosotros. Nunca podemos dar por hecho que esto vaya a ser así.
-Sobre todo por nuestra reciente historia al respecto.
-Exacto. Mucho menos con la experiencia que tenemos en la historia argentina, deberíamos haber aprendido algo.