La sala de Comodoro Py estaba repleta. Afuera, miles de personas se concentraron para pedir perpetua para los diez civiles y siete policías acusados por el crimen. Hoy será el segundo día de debate de un juicio que durará alrededor de seis meses.
Los detenidos fueron ingresando uno a uno. Todas las miradas estaban puestas en José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria e imputado como instigador del homicidio de Mariano Ferreyra, el joven del Partido Obrero asesinado el 20 de octubre de 2010. Cuando ingreso al Salón de Usos Múltiples (SUM) algunas personas comenzaron a cantar y a chiflar. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea fundadora, pidió silencio y dijo: “queremos que se haga justicia, queremos que se desarrolle el juicio”. Pocos minutos después, los abogados defensores pidieron la nulidad de todo el proceso judicial y recusaron a los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, del Tribunal Oral 21. Ninguno de los pedidos prosperó.
Minutos antes, el imputado principal, José Pedraza, giró sobre la silla en la que se encontraba para mirar de frente a los familiares de Mariano Ferreyra y sonreírles. La provocación de quien es el autor intelectual del asesinato y del ataque de la patota, además de ser responsable de gran parte de las tercerizaciones de los trabajadores del ex Ferrocarril Roca pasó desapercibida por el Tribunal, aunque no para quienes observaban el juicio.
En la primera fila durante todo el debate se encontraba la familia de Mariano Ferreyra, quien no respondió a las provocaciones. Su hermano Pablo, antes de ingresar a los Tribunales pidió una pena ejemplificadora y planteó la necesidad de discutir la precarización en Argentina. En el salón también se encontraban los principales dirigentes del Partido Obrero, Jorge Altamira, Marcelo Ramal y Gabriel Solano, entre otros, que permanecieron en el SUM a lo largo de toda la audiencia. También se acercaron a acompañar organismos de derechos humanos, los diputados Claudio Lozano, Martín Sabatella, Victoria Donda, Facundo Moyano, la legisladora Gabriela Alegre y miembros de los dos CTA.
La defensa de los dos demonios
Tal como adelantó ayer Marcha, entre las nulidades y recusaciones planteadas por los abogados defensores se encontraba el escrito presentado por la defensa de Pipitó, representado por el doctor Armando, quien pidió investigar a los manifestantes que estuvieron el 20 de octubre en el lugar y a los magistrados que actuaron en la causa hasta el momento para saber por qué no se avanzó en la relación con el corte de vías.
“El origen de los episodios es la convocatoria de los tercerizados para cortar las vías. Esto no pudo hacerse porque personal de la Unión Ferroviaria lo impidió. En ningún lado se investiga la interrupción de servicio en grado de tentativa. En este sentido, se puede considerar legítima la conducta de los miembros de la UF”, detalló Armando. En su escrito el abogado defensor llegó a hablar de un posible “encubrimiento de magistrados” y pide investigar a todos los funcionarios judiciales que tomaron decisiones en la causa. Frente a este planteo, el TOC 21 adelantó que no veían necesario investigar esto. Esta línea de argumentación, que habla de dos grupos que se enfrentaron fue reflotada por otros abogados defensores.
Luego de las lecturas de los requerimientos de elevación a juicio, los jueces del TOC 21 desestimaron todos los planteos de nulidad presentados por las defensas. El abogado del picaboletos Guillermo Uño volvió a dar la nota al plantear que no le permitieron ejercer su derecho de defensa porque no pudo ofrecer prueba y afirmó que el juicio debía ser suspendido por no contar con garantías de imparcialidad. Igunet reiteró el pedido de recusación contra los tres jueces del TOC 21, a lo que el presidente del Tribunal, Horacio Dias respondió que el juicio avanzaría mientras la recusación se discute en la Cámara de Casación.
Prueba de que no fue una “riña”, sino un ataque a matar, fue la presencia de Elsa Rodríguez, quien recibió un disparo en la cabeza el 20 de octubre y que aún no recuperó el habla y se traslado en silla de ruedas. A pesar de su lenta y casi milagrosa recuperación, la militante del Partido Obrero se hizo presente junto a su hija en los Tribunales para acompañar el pedido de justicia.
Tanto la fiscalía como las querellas coincidieron en acusar a los procesados por el delito de “homicidio agravado” y en grado de tentativa. La cúpula de la Unión ferroviaria, integrada por José Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz están procesados como supuestos instigadores de homicidio agravado. Los coautores del crimen son Cristian Favale y Gabriel Sánchez. Luego están imputados Claudio Alcorcel, quien llevó hasta el lugar a Favale y la patota sindical la completan Francisco Pipitó, Jorge González, Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez.
En el caso de los diez policías acusados, la fiscalía acusó por abandono de persona seguido de muerte pero se aceptó que las querellas acusen a los policías en calidad de partícipes necesarios del homicidio. Hoy a las diez de la mañana continuará la audiencia y ya está previsto tratar un pedido de nulidad presentado por el abogado de Pedraza, Carlos Froment, el mismo que defendió a Viola en la dictadura y Erman González en la causa por el robo de armas.