Por Mario Hernández.
Luego del desalojo de la cabecera de Constitución por orden judicial, los trabajadores realizaron un corte en Puente Pueyrredón y buscan solucionar el conflicto. En estas líneas, una entrevista a dos choferes realizada días atrás, donde dan cuenta de los antecedentes y las perspectivas de lo que consideran un lock out patronal.
En la madrugada de ayer, por una orden judicial de María Servini de Crubría, 70 agentes de la Policía Federal desalojaron la cabecera de la estación Constitución donde estaba por realizarse una asamblea de trabajadores de la Línea 60. La medida llega para beneficiar a la patronal en un conflicto que lleva veinte días, que tiene como antecedente el despido de 53 trabajadores de la empresa, el no pago de boleto por parte de los usuarios y un lock out patronal, según denuncian los propios trabajadores. Después del corte de la Avenida Mitre en el acceso al Puente Pueyrredón y la movilización a la cabecera, el delegado Néstor Marcolini había sostenido: “Están apagando el fuego con nafta”, en referencia a que la justicia siempre envía a la policía para resolver conflictos gremiales en lugar de escuchar a los trabajadores. Unos días atrás, dialogábamos con Santiago Menconi y Ángel Barrios sobre los antecedentes del conflicto y las perspectivas de lucha.
-¿Cómo empezó el conflicto que está hoy en su punto más alto?
Santiago Menconi (SM): Para eso tenemos que retroceder cinco años, cuando el grupo empresario DOTA se hizo cargo de la administración de la Línea 60. En ese momento vinieron con una patota armada y barras brava del club Nueva Chicago. Con el correr del tiempo, despidieron a tres trabajadores, que ahora están bajo juicio de reinstalación. Venían amenazando con el despido de Ariel Benítez y el 24 de junio lo hicieron efectivo. Hicimos una asamblea muy grande donde en forma unánime decidimos dejar de cobrar los boletos. La medida se mantuvo durante tres días y el sábado llegó el Jefe de Personal, acompañado por un empleado administrativo, con 47 telegramas de despido. A partir de ese momento, resolvimos continuar con la medida en defensa de Benítez, los tres despedidos anteriores y los 47 nuevos. Ese mismo sábado por la noche el personal jerárquico abandonó todas las cabeceras, por lo que dejó a la empresa acéfala y generó el lock out patronal. Los choferes decidimos quedarnos en las cabeceras y la empresa nos denunció ante las fiscalías de Escobar y Capital como ocupantes que la estábamos tomando. Esto es falso porque la medida sólo consiste en el no cobro de boletos.
Fue el miércoles 1 de julio que decidimos reanudar el servicio bajo nuestra gestión y es lo que venimos haciendo hasta ahora, que decidimos sacar la pelea a la calle y hacer una gran marcha al Ministerio de Transporte el miércoles 8 de julio, donde no solo fuimos choferes de la 60 sino que a través de la Agrupación Interlíneas participaron representantes de todas las líneas.
-Es una medida de fuerza que cuenta con la simpatía del usuario, pero ¿cómo seguiría? Porque, evidentemente, en algún momento se va a acabar el combustible y, dada la política de lock out patronal, llevaría a la paralización del servicio. ¿Cómo tienen pensado enfrentar esta situación?
SM: Hay varias cuestiones. Efectivamente es una medida solidaria con el público usuario porque entendemos que los pasajeros, al igual que nosotros, son víctimas de este monopolio que es el grupo DOTA. De 54 colectivos que tienen que estar saliendo de las cabeceras para brindar el servicio salen solo 22, siendo que la empresa recibe $ 105.000 de subsidio por unidad.
Es cierto que se nos va a acabar el combustible, por eso estamos pidiendo en primer lugar que el Grupo DOTA se haga cargo de la Línea 60, porque fueron ellos los que la abandonaron, que reincorporen a nuestros 53 compañeros, respeten las condiciones de trabajo del Cuerpo de Delegados y terminen con las suspensiones arbitrarias.
Si la empresa se borra estamos empezando a solicitar una intervención del Estado nacional o que sea estatizada bajo control de los trabajadores o nos dé una solución para que la 60 no quede paralizada por la falta de gasoil y podamos seguir funcionando.
De todos modos, en estos momentos estamos en asamblea porque la empresa llegó a las cabeceras de Ingeniero Maschwitz y Constitución para hacerse cargo, pero pidiéndonos que nos retiremos porque ellos iban a restablecer el servicio. Eso no lo podemos permitir, porque si bien no estamos ocupando sino esperando que nos den servicio, si nos vamos, no tenemos dudas de que el grupo empresario DOTA, liderado por Angel Faija, va a entrar para desalojarnos y traer carneros que nos reemplacen. Si no cumplen seguiremos con el no cobro de boletos.
“¿El subsidio es para el pasajero o para el empresario?”
-Existe no sólo en la línea 60 esta política patronal de sacar los colectivos a dar una vuelta a la manzana y cobrar el subsidio. ¿Qué hace el Ministerio de Transporte frente a esto?
Ángel Barrios (AB): Es muy difícil poder explicarlo sin tener en cuenta que el Estado nacional como contralor en muchos casos actúa como un “socio” del empresario privado al no encargarse de controlar el estado de las unidades, el diagrama, las frecuencias y permitir bajo permisos precarios renovables cada seis meses que algunas líneas tengan concesiones a través del tiempo. Nosotros denunciamos que el subsidio no se vuelca en servicios al pasajero.
Es lamentable porque el Estado se debe hacer cargo y bajo ningún punto de vista vemos que haya ningún tipo de acción en pos de mejorar las condiciones del servicio. Son subsidios importantes. Para dar un ejemplo de esta empresa, en 90 días compraron el 80% de otra como la San Vicente, el 50% de la Atlántida y el 100% de la 168. Teniendo en cuenta que el Estado debe garantizar que se presten servicios adecuados, estamos ante la presencia de monopolios “amigos” que se benefician del dinero estatal sin tener en cuenta el verdadero motivo por el cual es necesaria una empresa de transporte. Uno termina por preguntarse: ¿El subsidio es para el pasajero o para el empresario?
SM: Aclaremos también que las denuncias por el vaciamiento del servicio las hicimos controlando cuántos colectivos salían por hora, las presentamos en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y además hicimos la denuncia por el abandono de cuatro recorridos históricos. De 23 cubrían 19 y los cortaban en Saavedra para que el pasajero tenga que utilizar dos colectivos en lugar de uno.
La CNRT falló a favor nuestro, pero la multa que le impuso a DOTA fue de $ 11.000 a pagar en boletos mínimos. A una empresa que le dan $ 100.000 por colectivo… fue para tomarnos el pelo.
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