Por Adriana Rodriguez Caguana/ Fotos por Andrés Diego Loor Moreira
Ecuador vive una de las crisis políticas más graves de los últimos cinco años. Por un lado, los sectores clasistas: organizaciones sindicales, indígenas, feministas y ecologistas se vienen movilizando desde hace más de un año en contra de leyes que favorecen al neodesarrollismo extractivista. Por otro lado, desde el anuncio del proyecto de las leyes de herencias y plusvalía (a inicios de junio), se desató un nuevo periodo de manifestaciones protagonizadas por la moribunda derecha histórica, la que representa el Partido Social Cristiano.
Vale recalcar que el presidente Rafael Correa, al igual que varios presidentes populistas del Ecuador (José María Velasco Ibarra, Guillermo Rodríguez Lara, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez), contó al principio de su gobierno con el respaldo de la izquierda tradicional y el movimiento indígena y, como en todos los casos, se divorció del compromiso antes de cumplir los dos años de mandato.
Por su parte, la izquierda se ha ido organizando en torno a la intangibilidad del texto constitucional que fue aprobado en el 2008 y que ha sufrido varias modificaciones hasta la actualidad. De los enfrentamientos más fuertes que se datan en los últimos años se destacan: la Ley de Aguas, la Ley de minas, la Ley Galápagos y la Ley de Justicia Laboral. Ciertamente, el auge normativo para fortalecer el proyecto económico ha sido uno de los fenómenos jurídico-políticos más complejos de la resistencia clasista. Además, se ha venido luchando contra las políticas hegemónicas culturales, como el cierre de las escuelas interculturales bilingües y la explotación del parque nacional Yasuní.
Todas estas manifestaciones de rechazo no han sido escuchadas por el Ejecutivo, que ha continuado con los proyectos sin abrir diálogo alguno. Sin embargo, cuando la derecha empezó a tomarse las calles en contra de la Ley de Herencias, el gobierno la suspendió temporalmente y llamó a un “Diálogo Nacional”. Esta ley suponía un impuesto a las herencias que pasaran los 70 mil dólares por heredero, lo cual hizo que los sectores de clase media, hasta ahora simpatizantes del gobierno, se sumaran a las movilizaciones.
La izquierda movilizada, ante la presencia de la derecha histórica en las calles, se cuestiona el qué hacer político. ¿Defender a Correa? ¿Seguir en las calles y disputar la vanguardia movilizadora? ¿Debatir sobre las herencias? Las preguntas se complejizan si tenemos en cuenta que la derecha en el Ecuador históricamente se ha aprovechado de las movilizaciones populares para rearticularse políticamente; así lo hizo con la caída de Bucaram y Lucio Gutiérrez. Pero, por otro lado, también la defensa y alianza con los gobiernos populistas han tenido consecuencias fatales.
Agustín Cueva, sociólogo ecuatoriano, decía que la movilización de las masas en el Ecuador estaba en un nivel superior que la dirigencia de su izquierda y esto, tal vez, sea uno de los puntos claves que explica el origen y las debilidades del populismo ante la ausencia de una vanguardia. La pregunta entonces sigue vigente: ¿por qué hasta ahora no ha surgido un liderazgo de las filas clasistas?
Mientras tanto, la derecha sigue organizándose, incluso tomando las consignas de la izquierda para debilitar al gobierno. La izquierda trata de estar al alcance de las masas; es evidente que no quiere nuevos pactos con el populismo, pero tampoco quiere ver resurgir a la derecha neoliberal del olvido. Correa, quien se encuentra literalmente entre la espada y la pared, tendrá que definir en los próximos días con qué sector establecerá alianzas. Eso definirá si habrá un nuevo acercamiento con la izquierda o una mayor derechización del proceso.
Nota relacionada: Ecuador: marchas y contramarchas por la Ley de Herencia