Por Francisco Vértiz y Fernando Vicente Prieto. La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SsaF) despidió a once trabajadores precarizados. Vínculos de funcionarios nacionales con el agronegocio y violación del derecho laboral.
Hace un mes, cuatro trabajadores recibieron un correo electrónico de parte de las autoridades de la delegación Santiago del Estero de la SsAF, mediante el cual se les informaba sobre el cese de sus actividades laborales a partir del 1º de julio de 2012. Esta modalidad de despido, posibilitada por la situación de precarización laboral -contratados a través de Fundación ArgenINTA-, no es exclusiva de la delegación Santiago, sino que afecta a otros siete contratados precariamente en otros distritos. La medida había sido pedida formalmente, a su vez, mediante la circular Nº 10 de la Subsecretaría, fechada el 13 de junio de 2012 y firmada por Director Nacional de Fortalecimiento Institucional, Ing. Agr. Alberto Chiavarino y la Directora Nacional de Ejecución de Programas para la Agricultura Familiar, Ing. Agr. Graciela Freddi. Por el cargo que ocupan, cabe suponer que se trata de una política nacional de los funcionarios a cargo del Ministerio de Agricultura.
En diálogo con Marcha, Sergio Álvarez y Ángel Morán sostuvieron que sus despidos y el de sus compañeros se dan en un contexto de violencia laboral y persecución ideológica contra aquellos trabajadores comprometidos con las organizaciones campesinas, que se han animado a denunciar a los funcionarios locales ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La situación no representa un hecho aislado, sino que se conecta directamente con las cesantías de otros trabajadores despedidos por organizarse y denunciar el maltrato y la precarización laboral, como el caso de Celedonio Torres que, pese a ser paritario nacional de ATE SsAF y tener fuero gremial, fue despedido en marzo de 2012.
¿Militantes del campo popular o empresarios del agronegocio?
Héctor Lipshitz, delegado provincial de la SsAF en Santiago del Estero; es, junto a Osvaldo González y Alfonso Tricárico, quien maneja desde hace más de 14 años la delegación Santiago del Estero del Programa Social Agropecuario (PSA), hoy Subsecretaría de Agricultura Familiar. De acuerdo a fuentes locales, estos tres funcionarios venidos de Buenos Aires han pasado por los diferentes gobiernos y sus respectivos colores políticos (menemista, delarruista, duhaldista, kirchnerista), promoviendo siempre modelos productivistas, en oposición al campesinado. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-MNCI) desde hace años viene realizando denuncias contra estas personas, por expulsar a campesinos de sus tierras y utilizar sus puestos en la función pública para hacer negocios privados vinculados a los agronegocios. Para ampliar la información se puede consultar el blog: http://bastadeimpunidadssaf.blogspot.com.ar/ y el diario “El Coyuyo. Te canta la justa” (http://www.elcoyuyo.org/).
De acuerdo a documentación oficial, Tricárico -en representación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar- fue parte del conjunto de actores que elaboraron el Plan Estratégico Agroalimentario (PEAA 2020), que en la etapa presentada por el gobierno nacional como de “sintonía fina”, alinea los intereses de funcionarios y empresarios del agronegocio.
El plan estratégico se propone profundizar la sojización, extendiendo la frontera agropecuaria, proceso que vienen sufriendo desde hace años las comunidades de la región del Noroeste Argentino (NOA) y que todo indica que se agravará. El asesinato de Cristian Ferreyra a fines del año pasado, a sólo dos meses de la presentación oficial del PEAA, dice más que mil discursos acerca de la orientación hegemónica del modelo y las consecuencias de su perfil dominante agro-extractivo. En este marco, se entiende que estos funcionarios vean como adversarios a los trabajadores comprometidos desde sus bases con la Agricultura Familiar.
Unidad y movilización
El viernes pasado (20 de julio) se hizo una movilización en la ciudad de Santiago del Estero, donde participaron trabajadores de la SsAF de la mayoría de las delegaciones provinciales (Misiones, Chaco, Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Santiago del Estero), con el acompañamiento del gremio de trabajadores del Estado (ATE) y organizaciones sociales y campesinas, como el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y el Mocase Vía Campesina.
En el marco de la jornada de protesta, una comisión conformada por los despedidos junto a delegados de ATE de las distintas provincias fue recibida por los funcionarios Héctor Lipshitz, Osvaldo González y otros miembros de la SsAF. Según informó Eliana Negrete (delegada de ATE Jujuy), en la reunión no se obtuvo ninguna respuesta positiva. Los funcionarios se limitaron a negar los hechos denunciados y manifestaron que no tenían responsabilidad ni poder de decisión en torno a los despidos. Ante la respuesta, los trabajadores resolvieron en asamblea hacer paro en el día de hoy. También planifican medidas de fuerza para los días 6 y 7 de agosto, declarándose en estado de alerta y movilización, en el marco de un conflicto que comienza a romper los cercos informativos, planteando los límites del modelo de relaciones laborales que lleva adelante el Estado nacional, aún anclado en la matriz neoliberal de los noventa.