Por Mauricio Polchi
La hermana de Luciano Arruga sufrió un nuevo ataque y denunció una serie de amenazas en contra de sus compañeros y de su familia. “Necesitamos protección”, alerta.
“El último fue hace dos semanas, en la zona de Capital, y fue intencional”, aclara Vanesa Orieta, la hermana de Arruga, en conversación con Marcha, mientras repasa la serie de amenazas que perpetuaron en contra de ella y de su familia. En la madrugada del último 7 de junio, sufrió otro ataque perverso: le prendieron fuego su automóvil.
El confuso siniestro ocurrió unos pocos días después de la condena a 10 años de prisión para el policía bonaerense Diego Torales por las torturas cometidas contra Luciano durante una detención en septiembre de 2008, unos meses antes de su secuestro, desaparición y muerte. Vanesa, que siempre motorizó el reclamo por su aparición, se transformó en la cara visible de esa lucha. En todo este tiempo, y tal como lo señalan en un reciente comunicado, los “Familiares y Amigos de Luciano Arruga” fueron apretados varias veces por la mafia que rodea a la policía bonaerense.
“Creemos que es una situación que sigue poniendo en riesgo la vida de quienes estamos luchando en esta pelea. Entonces, ante la falta de respuestas de las diferentes jurisdicciones del Estado, le transmitimos a la sociedad, para que tome conocimiento de esta cantidad de hechos aberrantes, que lo que hacen es amedrentarnos, y por eso mismo exigimos justicia”, explica Orieta al enumerar varios episodios. “En algunos de esos hechos, podemos identificar directamente a funcionarios policiales”, remarca.
Al detallar algunas agresiones e intimidaciones, menciona la detención ilegal de una integrante de la agrupación en 2009, “cuando la sacaron a pasear en diferentes vehículos mientras decidían qué hacer con ella”. Además, entre otros sucesos repudiables, recuerda cuando a un hermano de Luciano lo detuvo “un auto sin patente con un policía arriba que lo venía siguiendo”; o cuando a un “testigo de la causa un Comando de Patrullas Comunitarias se le metió en su propio hogar, violando su domicilio, y le pegaron hasta producirle heridas en la cabeza”.
Otra cruda señal de alerta se sintió en abril de 2011, cuando alguien intentó incendiar la casa de su madre, Mónica Alegre. “Se despertaron a las 6 de la mañana con la casa llena de humo. Les habían tirado una madera en brasa junto a la ventana. Los querían prender fuego”, advierte Vanesa.
“Lamentablemente, podemos seguir nombrando otros hechos, por eso lo del auto podemos definirlo como ‘algo menor’, pero que se suma a otra cantidad que no fueron menores y que pusieron en riesgo la vida de muchos de los que denunciamos la desaparición de Luciano”, señala.
A continuación, reproducimos el comunicado completo:
Nuevas amenazas a Familiares y amigos de Luciano Arruga
22 de junio de 2015
Somos una familia que lucha por la justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece, y esos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, y cada día lo sabemos más. Empezamos a buscar a Luciano con la certeza de que fueron ellos y con la seguridad de que iba a ser muy difícil: ellos lo asesinaron y desaparecieron, pero un sistema organizado los protege desde todos los frentes. El peligro que corremos se convirtió en cotidiano, y también las amenazas a nuestra integridad. Estamos una vez más en la penosa situación de tener que volver a denunciar que todas nuestras vidas corren peligro. El hostigamiento no se detiene. El 7 de junio amaneció incendiado el auto de Vanesa Orieta, la hermana de Luciano.
Desde el comienzo:
En febrero de 2009, cuando Vanesa y su amiga fueron al destacamento de Lomas del Mirador a exigir información sobre el paradero de Luciano, el policía que las atendió apoyó un arma arriba de la mesa. Se hicieron costumbre los amedrentamientos a toda la militancia que sostenía la causa: autos de civil, patrulleros, personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros y llamadas telefónicas con amenazas de muerte explícitas.
“¿Tu hija está bien?”, le preguntó un hombre desde un auto de último modelo a Mónica Alegre cuando cruzaba la calle para ir a hacer compras a pocos meses sin Luciano.
Vanesa Orieta fue recibida por la fiscal Roxana Castelli –primera a cargo de la causa- en presencia de uno de los ocho policías implicados en la desaparición de Luciano.
Un testigo que declaró haber estado detenido con Luciano en la Comisaría 8º fue amenazado por personal del Servicio Penitenciario cuando iba al baño en la fiscalía en la que prestó testimonio: “no hablés porque te vamos a matar”.
A mediados de 2009, una integrante de Familiares y amigos de Luciano Arruga fue detenida ilegalmente durante horas en la Comisaría 13º de La Tablada, donde fue víctima de torturas y abusos.
En abril de 2011, Mónica Alegre –mamá de Luciano- y sus dos hijos se despertaron a las seis de la mañana con la casa llena de humo. Tardaron en comprender lo sucedido: alguien les había metido una madera en brasa adentro de una pila de frazadas junto a la ventana. Les querían prender fuego la casa. Esa misma semana, un compañero recibió en su casa a un patrullero del que bajó uno de los ocho implicados en el secuestro de Luciano: “desaparecé porque te vamos a matar”. Fue interceptado, a los pocos días, por un móvil de la comisaría de Lomas del Millón cuando repartía cuadernos en el barrio 12 de Octubre. Un efectivo le preguntó nombre, documento, domicilio e intentaron subirlo a la fuerza. Nuestro compañero se negó y por eso el policía lo empujó violentamente contra el vehículo y cargó su arma a la vista de todo el barrio. La impunidad siguió: como él no fue llevado gracias a la intervención de varios vecinos, después fueron amedrentados aquellos que lo defendieron. En esos meses pudimos saber a ciencia cierta que en comisarías del Conurbano bonaerense se guardan fotos de familiares y allegados a la familia de Luciano, e incluso se les pide información sobre nosotros a jóvenes del barrio privados de su libertad.
En agosto de 2012, el hermano menor de Luciano, con 16 años, fue interceptado y amenazado en la calle por un policía de civil y un uniformado –ambos sin identificación- que circulaban en un auto sin patente y lo venían siguiendo.
En enero de 2013 alrededor de las 12 de la noche, a días de cumplirse cuatro años sin Luciano, después de una reunión en la casa de un integrante del grupo, un compañero fue secuestrado por una camioneta en la parada del colectivo y paseado por una decena de barrios del Conurbano. No le robaron y lo largaron después de horas en la casa de la reunión, a cuadras del punto de partida. Durante el viaje lo amenazaron de muerte todo el tiempo, lo tabicaron en su propia casa para registrarla y llamaron a otros integrantes del grupo sin dejar en claro nunca qué querían.
En septiembre de 2014 dos testigos de la causa por la desaparición forzada fueron detenidos ilegalmente por personal del destacamento de Lomas del Mirador, el mismo que mató a Luciano. Los policías intentaron requisarlos contra la pared sin identificarse ni justificarse, uno de los jóvenes se defendió y entró a su casa, pero lo siguieron y le dieron una golpiza que le abrió la cabeza. Terminaron en la Comisaría 8º, responsable del destacamento, hasta que la familia de Luciano con sus abogados los fue a buscar.
A menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano, una patota intentó prender fuego el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza.
Ahora, a días de la primera condena por Torturas en democracia a un policía bonaerense en la Provincia, en el contexto de la campaña-fiesta electoral del máximo responsable de la desaparición de Luciano y luchando por la implementación de la ley que ganamos en la calle por la expropiación definitiva del ex destacamento de Lomas del Mirador para crear un Espacio para la Memoria independiente, en el marco de estos sucesos es que nos despertamos la mañana del 7 de junio con la noticia de que habían incendiado el auto (un Regatta) de nuestra compañera Vanesa.
A todos los funcionarios del poder ejecutivo que nos recibieron en estos seis años y medio les expresamos lo mismo:necesitamos protección. Nos negamos a cambiar nuestra identidad y mudarnos a pueblos recónditos para que el Estado se haga cargo de que nuestra vida corre peligro. Nos negamos a aceptar la custodia de las fuerzas de seguridad: ellas son las que nos persiguen. Nosotros queremos seguir luchando. Integrantes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fueron claros: “la seguridad se negocia”. No vamos a negociar la seguridad, porque no negociamos a Luciano, ni a su memoria, ni a su historia, ni a la lucha, ni a ningún pibe. Exigimos la seguridad para toda la familia y los amigos de Luciano Arruga. La situación es insostenible, corremos peligro real: responsabilizamos al gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires por los ataques a nuestra integridad y nuestra lucha.
A Luciano lo mató la Policía Bonaerense, lo desapareció el Estado.
¡Fuera la policía de nuestros barrios!
Familiares y amigos de Luciano Arruga