Por Sebastián Saade/ Foto por Carla Hayet
La presentación por parte del gobierno nacional de un nuevo proyecto de Ley de Semillas a medida de las corporaciones transnacionales, obliga poner en debate el sistema del agronegocio, los alimentos que ingerimos y el peligro de muerte al que nos enfrenta al uso de agrotóxicos en los campos argentinos.
La Ley de semillas
El nuevo proyecto de la Ley de Semillas que será enviado al Congreso nacional para su tratamiento y posterior aprobación recibió las mismas críticas de diversas organizaciones que resisten el poder de las corporaciones ligadas a los agroquímicos y al agronegocio. Cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó nota de que no estaban dadas las condiciones para que esta Ley saliera por un Decreto de Necesidad y Urgencia, rápidamente realizaron cambios menores que no modifican la matriz estructural de dicha política.
La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) es una de las organizaciones que rápidamente salieron a alertar a la sociedad que la modificación de la Ley de Semillas sienta “la posibilidad de apropiarse de toda nuestra biodiversidad y cierra el cerco sobre la forma tradicional de uso e intercambio de semillas”. A su vez, el colectivo de comunicación Huerquen realizó un cortometraje en el que reflexionan acerca de las consecuencias que el avance de las corporaciones del agronegocio tiene para nuestras vidas.
Carlos Vicente relató que la nueva Ley de Semillas “es un avance en la norma UPOV91, donde se limita la posibilidad de guardar semillas, se criminaliza aún más a las semillas criollas y se permite que toda la biodiversidad de la argentina sea privatizada”. La ley que se pretende aprobar va mucho más allá de los derechos de las patentes de las semillas compradas y sembradas por los agricultores, “Existe la posibilidad de que todas las plantas que crecen en la Argentina sean objeto de derecho de obtentor, y con este elemento da la posibilidad de apropiación y de biopiratería de nuestra biodiversidad”, afirmó Carlos Vicente.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental que se creó a partir del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales adoptado en París en 1961. Su objetivo es proteger a las obtenciones vegetales mediante un derecho de propiedad intelectual.
La socióloga Norma Giarraca, fallecida recientemente, explicó las diferencias que propone la nueva Ley de semillas con respecto a las legislaciones vigentes: “Básicamente, es marcar en una sola ley la cuestión de la privatización total de las semillas y el patentamiento. En la legislación anterior estaba dividida en dos leyes; y la ley de patentamiento prohibía el patentamiento de los seres vivos”. A su vez, Carlos Vicente expresó que con la nueva ley “nadie puede guardar semillas, no sólo para la próxima cosecha, sino de manera permanente sin pagarle regalías a la empresa que proveyó la semilla original, y esto es un crimen absoluto porque crea una dependencia enorme y va contra los principios básicos de lo que es hacer agricultura”.
La diversidad en peligro de extinción
Soledad Barruti, autora del libro Mal Comidos, alerta y vincula cómo el agronegocio está determinando nuestra calidad de vida: “Nuestros alimentos retroceden a expensas de un agronegocio que avanza y que no nos está ofreciendo comida para todos. Está ofreciendo carne barata para una serie de países que empezó a híper consumir carnes y que está siguiendo una dieta funcional a este sistema”. A su vez, afirma que hay un 75% de variedad de alimentos que desaparecieron o están en ese camino. “Estamos produciendo siempre lo mismo, que son animales funcionales a una comida y a un diseño específico. Nuestra comida va desapareciendo a expensas de este sistema que crece”, expresó Soledad Barruti en el cortometraje difundido por el colectivo Huerquen.
El sistema del agronegocio nos entrega una diversidad alimenticia que no es tal y que de a poco erosiona nuestra salud. Las enfermedades que sufrimos en la actualidad están directamente relacionadas con los alimentos que consumimos y con las leyes que votan los representantes que elegimos. “Lo que se ve en el mundo es que las personas se mueren por las comidas que están comiendo como nunca antes en la historia y que la mayor cantidad de enfermedades evitables que hay vienen a través de la comida que estamos comiendo y de lo que no estamos comiendo”, afirmó Soledad Barruti. “Entonces tenemos epidemia de obesidad, que viene acompañada de 200 enfermedades que hacen que la calidad de vida se vea sumamente mermada y después la diabetes tipo 2, un tercio de los cánceres que existen tienen que ver con la dieta”, agregó.
Paren de fumigar
Con el objetivo de alimentar al mundo, de producir cada vez más, de romper récords de exportaciones año a año, encontraron los intérpretes adecuados para habilitar el ingreso de Monsanto y el glifosato en nuestro país. EL 14 de marzo del año que viene se cumplirán veinte años del decreto del entonces ministro de agricultura, Felipe Solá, donde habilitaba el ingreso de la soja transgénica y el glifosato. Los gobiernos que pasaron hasta la fecha poco han hecho para frenar las fumigaciones sobre las ciudades y los pueblos linderos a las plantaciones de alimentos transgénicos. El sistema del agronegocio avanza sin pausas, ni siquiera lo frena la salud en riesgo de sus potenciales consumidores.
A finales del año pasado en una audiencia en el Congreso de la Nación convocada por el Bloque del partido Unidad Popular de Víctor de Gennaro, la Asamblea Socioambiental Concepción del Uruguay -AGMER-, Red de Médicos Fumigados, Paren de fumigar, y El Galpón en Buenos Aires denunciaban las fumigaciones en las cercanías de las escuelas. La Red de Comunicación La Olla.Tv filmó y difundió la audiencia en la que docentes y alumnos de escuelas rurales fumigadas denunciaron la gravedad de la situación que se vive en las provincias de Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires y Santa Fe, producto del incremento del uso de los agrotóxicos en campos lindantes.
Allí, el diputado nacional de Unidad Popular por la provincia de Santa Fe, Antonio Riestra, afirmó que según estimaciones realizadas por las organizaciones presentes, 700 mil niños se encuentran en riesgo por las fumigaciones. Elisa Lofler trabajó entre 2007 y 2012 como directora titular de la Escuela Primaria n° 39 el de la localidad de Martín Fierro-El Relincho, provincia de Buenos Aires, y explicó en la audiencia que “casualmente o no, tengo Endosulfan 1 y sulfato endosulfan en sangre, y es un veneno que está prohibido en la republica argentina y yo nunca salí del país”.
Otra de las afectadas es la Escuela N° 36 de Costa Uruguay Sur, provincia de Entre Ríos. Estela Lemes, docente del establecimiento, contó que le cayó el veneno en los rostros de los alumnos y profesoras que se encontraban en el patio de la escuela. Recuerdan que el olor era tremendo, y que cada vez que se sucedía una fumigación hacían ingresar a los chicos al establecimiento y llamaban a los familiares para que los retiraran. Sofía Ramírez, Profesora de Villa Ocampo, Santa Fe, planteó que sería interesante que la fumigación de los campos, el envenenamiento y la contaminación pasara a formar parte del diseño curricular, de la misma manera que cuando enseñan que los chicos tienen derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a una vivienda digna.
También la médica Miriam Gorbam, integrante de la Cátedra de Soberanía alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, expresó en la audiencia: “Esta generación, la de los alumnos de ustedes, es la primera que va a tener una expectativa de vida menor que la de sus antecesores por culpa de este tipo de alimentación. Así que no es solamente el problema agudo de fumigar, es parar de fumigar, es parar de producir transgénicos, parar de producir comida chatarra y parar de atentar contra la salud de toda la población”.
La aprobación o no de la Ley de semillas vuelve a poner en debate el rol que juegan las corporaciones del agronegocio en nuestro país, tantas veces silenciado por los dueños de la agenda mediática. La discusión sobre este tema debe visibilizar nuevamente la resistencia que se está librando en distintos puntos del país contra los agrotóxicos y Monsanto en particular. No sólo está en juego la dependencia que intentan llevar a los trabajadores ligados a la agricultura, sino también el derecho a una vida digna. En definitiva, la discusión sobre el agronegocio se entrecruza con diferentes temas donde el Estado no puede estar ausente.