Por Fernando Vicente Prieto. Después de una reunión entre Cristina y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, fuentes oficiales anunciaron el pago del medio aguinaldo completo en el mes de julio. Los trabajadores evalúan la situación en asambleas.
Después de veinte días de intenso conflicto gremial, el gobierno provincial confirmó que saldará el aguinaldo antes del 30 de este mes, tras lograr una nueva asistencia de la Nación. De esta manera, busca descomprimir la situación política, en el marco de la resistencia al ajuste que encontró en las calles y los lugares de trabajo.
Desde principios de julio, momento en que Scioli anunció el desdoblamiento en cuatro cuotas del aguinaldo, se generalizaron las protestas en todo el estado provincial. Las asambleas, paros y movilizaciones continúan siendo masivas.
El anuncio fue todo un símbolo de la intensidad de la interna de cara al 2015, pero también la foto de una tregua, donde el gobierno nacional intenta mostrar quién tiene la sartén por el mango. En la reunión estuvieron la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Scioli, el ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino; el titular de la ANSES, Diego Bossio; y la ministra de Economía de la provincia, Silvina Batakis. El anuncio corrió por cuenta de Lorenzino, remarcando el papel del envío de fondos de Nación.
Aprieta pero no ahorca (todavía)
La provincia fue asistida por un giro del Fondo de Garantías de la ANSES por 600 millones de pesos. Además se acordó la emisión de un bono por otros 900 millones, emisión de deuda provincial respaldada por fondos de coparticipación y que será destinada a cancelar cuentas con los proveedores. Fuentes de la gobernación confirmaron esta semana que se extenderán las licencias de las salas de juego a las 14 empresas concesionarias, para obtener aproximadamente otros 1000 millones. Este último proyecto es cuestionado por el bajo canon que le queda al Estado, quien se apropia de aproximadamente el 10% de los ingresos generados en el sector, mientras que las empresas se quedan con ganancias millonarias.
El gobierno nacional intenta aparecer como el garante para encarrilar el conflicto social, dejando a Scioli en un lugar de titubeo y dependencia respecto a sus decisiones. De esta forma cumple su objetivo de desgastarlo ante la opinión pública, en tres semanas donde el gobernador abundó en desaciertos. Por otro lado, también busca reposicionarse ante un malestar de los empleados que se expresa directamente en las narices de Scioli pero también alcanza a Cristina Fernández. Ambos son visualizados como quienes desarrollan su interna a costa de los derechos laborales. Pero los ánimos están caldeados y la provincia de Buenos Aires es demasiado importante para jugar con fuego durante demasiado tiempo. Al menos por ahora, se revierte la escalada de tensión instalada en el escenario político.
Asambleas para evaluar la situación
En el día de hoy se realizarán asambleas en ministerios y organismos de la administración pública. Se trataría de un triunfo importante para las trabajadoras y los trabajadores de hospitales, escuelas y administración pública, por haber hecho retroceder la medida más dura del ajuste. Esto lleva a suponer una posible distensión con los sindicatos, que se encontraban evaluando medidas para los próximos días. Incluso los docentes habían decidido un paro de 48 hs. tras las vacaciones de invierno. Pero el levantamiento de estas acciones no está garantizado, porque los estatales vienen enarbolando una larga lista de reclamos además del aguinaldo, entre ellos los más importantes son los que tienen que ver con la actualización salarial.
De acuerdo a lo estimado por Emiliano López, economista, investigador y coautor del libro “Proyecto neodesarrollista en Argentina”, en base a datos disponibles del INDEC los salarios en el sector público, en términos reales, son hoy un 30% menores que los de 2001. Después de una década de crecimiento récord, se encuentran al mismo nivel que en el 2002, cuando tocaron su piso histórico. Se recuperaron levemente entre 2004 y 2007 pero desde ese momento volvió a caer el poder adquisitivo de los salarios, manteniéndose en el mínimo histórico. Este es el resultado de una política laboral que tiene como principal objetivo reducir el gasto, para tener superávit y pagar la deuda pública.
El superávit se podría alcanzar también aumentando la presión impositiva sobre los sectores de altos ingresos, más beneficiados por el modelo –por ejemplo gravando la renta financiera, o reduciendo las excenciones y subsidios a las grandes empresas-, pero hasta el momento la política oficial ha priorizado mantener elevadas las tasas de ganancia de las empresas, que “hoy son un 50% más que en la década del 90”, explica López. Mientras en la década menemista la rentabilidad promedio del capital fue entre el 9 y el 10%, en el periodo 2003-2011 fue superior al 14%. Sin embargo, los principales afectados son los trabajadores, en un marco estatal de ajuste permanente, expresado en el nivel salarial, en las condiciones de contratación y en la vigencia de los escalafones y leyes-convenios colectivos.
En este marco, los estatales de provincia reclaman también la reapertura de paritarias y la solución a un sinnúmero de problemas derivados del proceso de ajuste que, más silencioso pero a un ritmo incesante, se desarrolla desde principios de año. Entre estos: congelamiento de los ingresos en planta, incluso los previstos en el presupuesto; demoras en los pagos de contratos de locación –forma que el Estado usa para precarizar, una vez congelada la planta-; demoras en pagos de viáticos y horas extras; falta de reconocimiento de funciones, incumplimiento en las recategorizaciones dentro del escalafón.
El principal tema de debate, no obstante, es el sueldo. Se siente una desvalorización del salario real, después de al menos cuatro años en que las paritarias cierran con un aumento nominal menor a la inflación. En marzo pasado, el gobierno firmó un acuerdo con UPCN y Fregeppba por una recomposición del 17% sobre el básico para el sector más numeroso del personal de los ministerios. En aquel momento estos mismos gremios anunciaron el compromiso del gobierno para reabrir la paritaria a mediados de año. A pesar de esto, ninguno de los dos está planteando con fuerza el cumplimiento del compromiso e incluso uno de ellos –UPCN, muy ligado al gobierno- ya había manifestado su respaldo al pago de la segunda cuota en agosto. Por otro lado, tanto ATE como Asociación Judicial Bonaerense y los médicos de la CICOP, todos gremios de la CTA, vienen planteando con fuerza la necesidad de reabrir la negociación colectiva.
Interrogantes sobre las medidas sindicales
Para el 30 y 31 de julio estaba anunciado un paro de 48 hs del Frente Gremial Docente, que seguramente será reevaluado en asambleas en las escuelas, donde por un lado se sopesarán avances y por otro las reivindicaciones pendientes.
Los sectores nucleados en la CTA ya tenían prevista una conferencia de prensa para las 8.30 de hoy, en la sede de la calle Lima al 600. Seguramente esta instancia servirá para un primer balance gremial y un anuncio respecto a la modalidad de reclamos sobre los temas que siguen sin resolverse, una vez abonado el aguinaldo.