Las noticias que llegan de Colombia suelen oscilar entre lo que hace o deja de hacer el gobierno y lo que acontece en las montañas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ¿Qué pasa cuando la noticia viene de la mano de los indígenas organizados?
Los medios de comunicación se encuentran en un brete. En este caso no vale el posicionamiento directo: estigmatizar a las FARC o pegarle al militarismo del gobierno.
Hace 10 días los indígenas del municipio Toribio, en el departamento del Cauca (suroccidente de Colombia) comenzaron a movilizarse exigiendo la desmilitarización. Cansados de ser las víctimas de un conflicto que los arrastra a la muerte o al desplazamiento le dieron un ultimatum al Ejército Colombiano y a las FARC para que se retiren del territorio que habitan.
El Cauca es una región clave en el conflicto colombiano. Ubicado en una zona estratégica, es uno de los bastiones de la insurgencia, por lo tanto una zona altamente militarizada por el gobierno. En el medio del fuego cruzado quedan las comunidades indígenas: 200.000 nasas, paeces y guambianos habitan esas tierras desde tiempos ancestrales.
Desde 1991, la Constitución de Colombia reconoce el derecho de los indígenas sobre sus territorios y éstos pretenden ejercer esta autonomía. Las distintas comunidades de la región están sólidamente organizadas y cuentan con estructuras basadas en sus creencias y tradiciones.
Feliciano Valencia, del Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC), es uno de los que lleva la voz cantante en esta lucha, “nos cansamos de la guerra y no aguantamos más. Que los armados se vayan para que nos dejen construir la paz”, expuso el vocero como principal reclamo. En febrero el gobierno colombiano inició una operación especial en esa región a cargo de la fuerza de tareas Apolo. Esto provocó una escalada de ataques de ambos lados, acentuando aún más las muertes y la cantidad de familias desplazadas.
“Son dos legitimidades encontradas: una es la del Estado y otra es la ancestral”, apunta el periodista y analista colombiano Juan Alberto Sanchez Marín, y agrega que “un bastón de mando no le puede hacer frente a una ametralladora”.
Lo cierto es que la situación de violencia interna en Colombia ha afectado especialmente a estos sectores sumamente vulnerables. Víctimas por partida doble, muchos miembros de las familias pertenecen a alguna de las fuerzas en conflictos.
“En el Cauca se encuentran todos los elementos de la guerra civil colombiana: necesidad de la reforma agraria, inequidad, miseria, discriminación racial, concentración de la riqueza, neoparamilitarismo, corrupción política y militarismo”, apunta en un artículo el académico colombiano Horacio Duque Giraldo.
Dijeron basta y echaron a andar
Atrapados entre dos fuegos, los indígenas de las comunidades de la región decidieron tomar riendas en el asunto. Desde principios de julio comenzaron a desmantelar las trincheras militares, tanto de la guerrillera como del ejército. Los acontecimientos comenzaron a caer como catarata.
El miércoles 11 de julio, el presidente Juan Manuel Santos se apersonó en el lugar con medio gabinete y un despliegue de seguridad que demostraba que las cosas no estaban tan en orden como querían hacer creer a través de los medios de comunicación. En medio de protestas y abucheos, el mandatario apenas pudo anunciar un plan de inversión en la región que prevé un polideportivo y la plaza de mercado.
Ante el pedido de la retirada de los militares por parte de las comunidades, Santos fue enfático al asegurar que no iban a ceder ni un centímetro del territorio en su lucha contra las FARC.
Un grupo de indígenas decidió no hablar con el presidente, dado que ellos no lo habían convocado a su territorio. Otro grupo le entregó un pliego de demandas. Además de anunciarle el fracaso de su estrategia militar en la región, los indígenas -que se encuentran organizados en comunas- pidieron dejar el territorio bajo control de la Guardia Indígena.
Si la visita del presidente a Toribio no estaba saliendo como lo planeado, un sorpresivo acontecimiento vino a desbaratar aún más el plan gubernamental. Un avión Super Tucano del ejército fue derribado, y muertos sus dos tripulantes.
Ante este hecho, el cruce de culpabilidades fue el inverso al cotidiano. Normalmente el gobierno colombiano le atribuye a las FARC atentados que no son de su autoría. En esta ocasión, la guerrilla se atribuyó el ataque y más tarde entregaron uno de los cuerpos que estaban en su poder. El presidente salió a desestimar esa teoría inmediatamente, diciendo que la insurgencia no tenía capacidad militar para realizar tal hazaña.
En esta tensión creciente sucedieron los siguientes días. En cada ocasión que Santos tuvo oportunidad, reiteró su férrea decisión de hacer caso omiso a la exigencia indígena. “No hay la más mínima posibilidad que este presidente ordene el despeje de un centímetro de nuestro territorio”, dijo por esos días.
El domingo, el ex magistrado español Baltasar Garzón -quien se encuentra en Colombia como asesor de la misión de paz de la Organización de Estados Americanos (OEA)- se reunió con líderes de la comunidades del Cauca para intentar mediar en el conflicto.
A pesar de que la presencia de Garzón en ese país es avalada y festejada por el gobierno, Santos rechazó de plano su involucramiento en este caso, dando al traste con una posible salida dialogada a los turbulentos acontecimientos.
A oídos sordos, indígenas necios
El lunes 16 de julio venció el plazo puesto por las comunidades para la desmilitarización. Ante el quietismo tanto de uno como de otro lado, la Guardia Indígena avanzó junto a los pobladores hacia el Cerro El Berlín, tomaron el cuartel de la policía en Toribio y la base militar La Estrella, ubicada en el propio cerro. A su paso repitieron lo que venían haciendo: destruyeron barricadas, taparon trincheras y derrumbaron las defensas de sacos de arena que utiliza la fuerza pública.
“El ejército y la guerrilla deben respetarnos porque sabemos que este es nuestro territorio”, afirmó Luis Osecué, uno de los gobernadores indígenas que dirigió las acciones en el cerro.”Lo planteado es que aquí el control pasa a ser de la Guardia Indígena”.
Una vez que llegaron a la base exigieron a los militares que se retiraran del lugar. El gobernador indígena de Toribío le acercó una carta dirigida a los diferentes actores armados, que decía “no nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando cómo nos matan y destruyen nuestros territorios”. Al principio los militares se negaron, pero luego cedieron a la presión indígena y se retiraron del lugar. Sólo seis de ellos se resistieron, por lo que debieron ser expulsados por la fuerza.
Ante este acto, la CRIC fue atacada y acusada de estar infiltrada por las FARC. Así lo hizo saber el gobierno, desde el presidente Santos y el Ministro de Defensa hasta una vocera de la organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC). Este organismo -según denuncian desde la CRIC- fue creado por el ex presidente Álvaro Uribe para desacreditar a las comunidades organizadas en el región. “A ella la conocemos y ha decidido ponerse en contra de los pueblos indígenas de Cauca y del país”, declaró Feliciano ante las acusaciones de Ana Silvia Secué, de la OPIC.
Consultado por la revista colombiana Semana, el vocero de la CRIC negó rotundamente alguna vinculación con las FARC y afirmó que, por el contrario, les han desmantelado retenes.
Ante el grito en el cielo que pegó el presidente Santos, al día siguiente los militares retomaron la base. “No quiero ver un solo indígena en las bases militares”, twitteó Santos.
Ese mismo día, en otra región del Cauca, muy cercana a Toribio, un poblador resultó muerto a manos del ejército colombiano mientras se realizaban operaciones en la población de Caldono. Esto crispó aún más los ánimos de las comunidades.
Luego de la retoma de la base, Santos aseguró que se investigará y se judicializará lo ocurrido. De la palabra al hecho medió un día. Este jueves, 25 indígenas fueron detenidos acusados de vinculación con las FARC. El Ministerio Público emitió en total 140 órdenes de detención por vínculos con la guerrilla en el Cauca.
Pero cuando hay garrote también hay zanahoria. La noche del miércoles hubo un acuerdo entre las comunidades y el gobierno de retomar las mesas de diálogo. Esto pudo suceder luego de que Santos autorizara -a través de su cuenta de twitter- al ministro del Interior, Federico Renjigo, a abrir las conversaciones.
Este jueves el encuentro comenzó a tempranas horas de la mañana, e inmediatamente el diálogo se trabó cuando el gobierno continuó con su campaña de difamación contra las comunidades, vinculándolas con la guerrilla. “El Gobierno está desenfocado”, aseguró Valencia.
Efectivamente, este jueves las comunidades retuvieron a cuatro miembros de las FARC, los cuales serán juzgados en un tribunal indígena.
La trama es escabrosa y su resolución se complejiza con el paso de los días, y aunque no resulta fácil identificar la salida que tendrá, esta historia continuará.