Por Laura Salomé Canteros // Fotos por Facundo Nívolo
Brian Nuñez estaba privado de su libertad en el Complejo Federal II de Marcos Paz y fue torturado por integrantes del Servicio Penitenciario quienes paradojalmente “festejaban su día” el 16 de julio de 2011. Ayer en San Martín, y luego de años de lucha, se conoció el veredicto que condena a cuatro de los siete acusados y que podrían haber sido sus asesinos. Es el primer caso judicial del país en que las torturas en un penal de la democracia se condenan con una víctima presente.
“Espero que esto sirva para que nadie baje los brazos ni tenga temor de denunciar”. Con estas palabras Brian Nuñez y su coraje estuvieron presentes durante el veredicto que hizo historia. La suya es la primera causa por el delito de torturas físicas y psíquicas en una unidad penitenciaria federal que llega a juicio con una víctima que lo presencia. “Estoy contento de que se haya podido hacer justicia. Esto recién comienza y va a ser para mejor. Lo importante es que de algo malo surgió algo bueno. Al final, después de la lluvia siempre termina saliendo el sol”, relató el joven una vez conocida la sentencia.
Las torturas intramuros de parte de agentes penitenciarios son una práctica sistemática del Estado contra quienes considera no son personas sino material descartable de la sociedad. El silencio de quienes son cómplices, así como de las instituciones que avalan los asesinatos o las torturas por omisión de acciones, es una mano amable que pocas veces la lucha, la organización para la defensa de los derechos humanos y la resistencia de cumplir una pena privativa de la libertad, logran vencer.
Brian Nuñez fue golpeado y torturado por integrantes del Servicio Penitenciario Federal el 16 de julio de 2011 en el Anexo V del Complejo II de Marcos Paz, en provincia de Buenos Aires. Ayer, a solo un mes de cumplirse cuatro años de este hecho, se conoció la condena judicial contra cuatro de los siete acusados que podrían haber sido sus verdugos.
Según el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Héctor Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Barroetaveña, de los cuatro agentes de la institución estatal acusados de golpear a Brian, tres fueron condenados y uno absuelto. Juan Pablo Martínez, jefe de turno, recibió la condena de nueve años y seis meses; mientras que Roberto Cóceres y Víctor Meza fueron condenados a ocho años y seis meses de prisión. Por su parte, Javier Andrada, del departamento de requisa, fue absuelto. De los otros tres penitenciarios acusados de haber omitido la denuncia por los hechos de tortura, solo uno fue condenado, Juan José Mancel, jefe de día, quien recibió la pena de dos años de prisión en suspenso. Ede Martín Vallejos, guardia del pabellón donde empezó la tortura y Juan Fernando Morinigo, de requisa, fueron absueltos.
El 30 de junio próximo se darán a conocer los fundamentos de la sentencia. El Tribunal dictó además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para todos los condenados.
La resistencia de Brian y la lucha de su madre Liliana
“Yo soy el jefe y vos me tenes que obedecer en todo lo que yo te diga. Yo soy el ser supremo de este lugar”. Con estas palabras ejemplifica Liliana Valenzuela, en declaraciones a la prensa, la base ideológica que fundamenta los golpes, las vejaciones, torturas y asesinatos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Quien habría dicho estas palabras a Brian Nuñez es Juan Pablo Martínez, jefe de turno y condenado a nueve años y seis meses de prisión. “Ellos se divierten con el cuerpo del otro y ese otro fue mi hijo”, relató Liliana.
Momentos previos a la sentencia, se realizó una marcha por las calles de San Martín para expresar el apoyo a la lucha de Brian y el pedido de condena judicial ejemplificadora contra la violencia represiva. Fue encabezada por su madre y otras madres de víctimas de la violencia institucional y/o que perdieron a sus hijos/as asesinados/as en unidades penitenciarias. Hubo además integrantes de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
“Brian sufrió una tortura que duró aproximadamente 4 horas y media”, relató su madre en declaraciones a la prensa. “Se lo llevaron entre cuatro –el jefe Martínez siempre ordenando todo lo que tenían que hacer-, a un lugar donde atienden los psicólogos para golpearlo y torturarlo”. Luego de las torturas el joven fue trasladado a un hospital penitenciario en silla de ruedas y hasta lo habrían obligado a redactar una carta en la que se autoincriminaba por las graves lesiones que los golpes de los agentes le causaron. “¿Por qué mi hijo haría algo así si tenía las manos lastimadas y los nudillos hundidos?”, dijo su madre y relató que lo dejaron con “la cara hinchada, la boca rota y los oídos sangrando”.
Las torturas a Brian ocurrieron el 16 de julio y su madre logró verlo recién el 20, día en que radicó la denuncia ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. En el hospital primero “me dijeron que mi hijo se había caído en el baño y se había quebrado las piernas”, contó, pero cuando llegó no le dejaron a ver a su hijo con la excusa de que “no era un día de visita”. Relató que cuando volvió y finalmente lo vio, Brian “estaba totalmente desfigurado y en silla de ruedas. Cuando lo vi, no era mi hijo”, sostuvo.
Brian hoy está en Ezeiza, custodiado y filmado las 24 hs del día. Durante estos cuatro años recibió todo tipo de amenazas, golpes y hostigamientos y le dijeron que no iba a llegar vivo al juicio.
La defensa, la querella y las organizaciones antirrepresivas
Brian Núñez estuvo representado por la Defensoría General de la Nación (DGN), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) ofició de querellante y su lucha de casi cuatro años estuvo acompañada por diferentes organizaciones contra la violencia institucional y represiva.
Durante los días en que se realizaron las audiencias en el juicio oral y público, algunos de los defensores acusaron a los organismos de Derechos Humanos de haber fraguado la investigación para lograr una condena a los penitenciarios. Esto es lo que pasó, por ejemplo con la PPN, aunque a la luz del veredicto condenatorio de los acusados, dictado por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, se dejó en evidencia la falta de argumentos para rebatir los cargos que enfrentaron los agentes de las fuerzas represivas del Estado.
Para la PPN el juicio por torturas a Brian Nuñez se trataba no solo de de sentar “un precedente paradigmático y necesario para generar conocimiento y así contribuir a la erradicación de las prácticas sistemáticas y regulares de tortura” sino también un paso judicial necesario con el que se contribuyera a terminar con “la impunidad” y la “continuidad” de las mismas.
En el mismo sentido, para Carolina Villella, abogada de la organización Limando Rejas que acompañó a la familia de Brian, ésta es una “sentencia histórica” a la que además se agregan algunos logros no menores como, que “varios de los imputados hayan llegado con suspensión de sus funciones”, que el Servicio Penitenciario Federal no haya ejercido la “defensa corporativa” de los integrantes enjuiciados y que la condena sirve “para visibilizar los casos sistemáticos de torturas dentro de las unidades penitenciarias”.
