Por Sergio Cvejanov y Javier Lombardo (desde Cipoletti)
Entrevistamos a las y los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, que llevan adelante una prolongada lucha por mejores condiciones laborales.
La provincia de Río Negro no es ajena a las condiciones en las que se encuentran las y los trabajadores del Estado. En lo que se trata de pujas electorales, el gobierno de Alberto Weretilnek –quien asumió la gobernación tras el asesinato del entonces titular Carlos Soria–, lleva una larga disputa con el aparato del PJ capitaneado por Miguel Ángel Pichetto, quien busca fortalecerse como una alternativa opositora, en el marco de la estrepitosa caída de uno de sus pretendidos aliados, Sergio Massa. En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Social precariza cada vez más a sus trabajadores y reduce los presupuestos para programas que incluyen a niñas, niños y adolescentes de sectores vulnerados.
Así lo cuentan ellas y ellos en primera persona.
-¿Desde qué fecha viene el conflicto y por qué motivos?
El conflicto actual tiene su origen en febrero de este año, ante el incumplimiento del gobierno de pase a contrato de las y los trabajadores becados –que trabajan sin aportes, sin seguro, sin ART ni obra social–, a la vez que empieza a notarse la escases de recursos para atender a la población con la que trabajamos, como son los subsidios, la bolsa de alimentos, canasta escolar, programas de mejoramiento habitacional, entre otros. Y resurgió con más impulso en abril, con la consigna de pase a planta permanente, con contratos.
En el Ministerio en el que trabajamos funcionan tres programas: “Fortalecimiento Familiar”, que trabaja con niñas, niños y adolescentes que están en riesgo y cuyos derechos han sido vulnerados; “Libertad asistida”, que lleva a cabo la tarea con jóvenes en conflicto con la ley penal, y “ECOS”, que es preventivo promocional, donde asisten niños, niñas, adolescentes y adultos. Con la Convención Internacional de los Derechos de niños/as y adolescentes, a partir de la reforma constitucional de 1994, la Argentina tuvo que readecuar las leyes de niñez y adolescencia. En ese marco se dictaminaron la ley nacional (Nº 26.061) y las leyes provinciales (Nº 4109 en Río Negro) de protección a la niñez y adolescencia. Pero no tienen su correlato en la aplicación real, y así es como el Ministerio de Desarrollo Social tiene una partida presupuestaria menor a otros ministerios, y la precarización laboral dentro del Estado se hace más evidente.
Por ejemplo, dentro de los edificios tampoco contamos con las condiciones y la cantidad suficiente de oficinas para la realización de entrevistas, ni con el espacio físico ni mobiliario adecuado para la cantidad de trabajadores que somos en la delegación. También hay problemas graves con la corriente eléctrica, reiterados cortes de luz, o varios espacios en los que entra agua cada vez que llueve, y baños que rebalsan. Todo esto, sabemos, es parte de una política donde están vulnerados los derechos de la población a la que atendemos, como así también los de las y los trabajadores.
-Y en este contexto de año electoral, ¿qué respuesta dio el gobierno de la provincia?
La respuesta ha sido un aumento salarial totalmente insuficiente –y en cuotas–, el aumento en las asignaciones familiares y el envío de un anteproyecto de Ley de pase a planta permanente de más de 5 mil trabajadores/as, pero que tiene aspectos que como sindicato se rechazan. Por ejemplo, tiene cláusulas que inhiben de concursar a las y los trabajadores en uso de licencia sindical, que tengan ausencias por enfermedad o tratamiento prolongado, y también en el caso de las personas que han pedido el pase para trabajar en otras áreas del Estado (adscripciones).
A la par el gobierno se ha encargado de judicializar la protesta social, inventando causas donde llamó a declarar al Secretario General de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, por cortes de ruta que llevó a cabo el sindicato para visibilizar los reclamos y para que los funcionarios dieran respuestas.
En este marco, en la delegación están en curso diez sumarios a trabajadores por una acción llevada a cabo a fines de 2013 ante el inminente cierre de un programa preventivo promocional, que dejaba sin atención a familias, niñas, niños y adolescentes. De este modo pretenden aleccionar y disciplinar para que a nadie más se le ocurra salir a exigir lo que corresponde.
Es decir, por un lado este gobierno te da migajas del acuerdo petrolero con Nación, y por otro lado judicializa la protesta, cuando la salida a lo que se pide es meramente política, en la que el gobierno tiene que dar respuestas a sus trabajadores y a la población en general.
-¿Cómo sigue esta lucha?, ¿pretenden sumar a más trabajadores y trabajadoras aunque no pertenezcan a esos programas?
Los objetivos que nos hemos trazado para este momento político-social de la provincia y del país, debido a las elecciones y al fin de ciclo en el orden nacional, son el pase a contrato y el pase a planta permanente. Además, debido a la inflación existente, estamos pidiendo para la segunda mitad del año, un aumento salarial acorde al costo de la canasta familiar.
Y con respecto a sumar, siempre se apunta a sumar a más trabajadores y trabajadoras a la lucha, a que se la tome como propia. Y que entre todas y todos, reunidos en asamblea, podamos decidir los pasos a seguir, el rumbo a tomar. Que la unidad no sólo sea una consigna, sino algo concreto. La unidad en la acción, la organización y la toma de decisiones de manera asamblearia, con la distribución de tareas es lo que nos ha permitido tener avances en las condiciones laborales y como clase trabajadora en su conjunto.