Por Nahuel Levagi* / Foto por Carla Hayet
El pasado 19 de este mes, “el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, adelantó que el gobierno nacional emitirá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio”, según se puede leer aún en el portal del ministerio de Agricultura. Desde hace años se debate una ley impulsada, principalmente, por la empresa Monsanto para cobrar renta por el uso de la semilla, pero también hace años que desde las organizaciones, científicos comprometidos, intelectuales y la propia comunidad venimos diciendo no a esta medida. Ahora la perspectiva parece ser que, sin debate en el parlamento, el gobierno actuará por decreto.
En paralelo, en estos tiempos se supo que la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar no tendría presupuesto. Esta Ley que esperó años en sancionarse, que llevó discusiones previas, la realización de cientos de borradores, actividades, foros, acciones y la lucha de organizaciones de productores, campesinos/as y pueblos originarios, parece que ahora, finalmente, no cuenta con presupuesto. En una reunión similar a la efectuada para sacar por decreto la ley Monsanto, en diciembre de 2014, el entonces jefe de gabinete, Jorge Capitanich, prometió a varias organizaciones del sector 1.500 millones de pesos para llevar adelante la agricultura familiar. En esa oportunidad, confirmó: “La Presidenta me dijo muy concretamente que hay que sancionar y aplicar la ley y para poder aplicarla y que funcione tiene que tener recursos”. Por lo tanto –y aceptado por el represan del gobierno nacional– sin recursos, no hay ley.
Y entonces preguntamos, ¿qué paso con la decisión de la Presidenta?, ¿qué pasó con la reparación histórica?, ¿qué pasa con la vida de miles de familias que resisten produciendo alimentos mientras los campos se llenan de soja para exportación, para que luego haya que pagarle a Monsanto el uso de la semilla?
Un modelo de agronegocio no es compatible con un modelo de Soberanía Alimentaria. El agronegocio puede convivir con algunos subsidios y acciones simbólicas hacia la agricultura familiar y campesina. Pero desde este sector discutimos y proponemos un modelo distinto de producción agropecuaria, tecnología, producción y transmisión de conocimiento, utilización y relación con los bienes naturales, trabajo rural, comercialización, distribución y consumo. Un modelo de Soberanía Popular, donde no cabe la posibilidad de reconocer la legalidad de que un productor pague a una multinacional por la utilización de la semilla.
En 2005, y en esa misma línea, como pueblo dijimos “NO al ALCA” porque defendimos la soberanía económica, pero esta es una forma de dar pasos en la entrega de una parte importantísima de nuestra cadena productiva en manos de multinacionales: entregamos soberanía y renta. Por eso consideramos que no se trata sólo de una discusión ambiental ni de un problema de los productores… es una discusión sobre soberanía y por la soberanía.
* Integrante de la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT-FPDS)